resiliencia
Del ingl. resilience, y este der. del lat. resiliens, -entis,
part. pres. act. de resilīre 'saltar hacia atrás, rebotar', 'replegarse'.
- f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador
o un estado o situación adversos.
- f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial
cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
Diccionario de la Real Academia Española
Hace un mes de la declaratoria de estado de emergencia, y del cierre obligatorio de todos los negocios pertenecientes a los sectores “no esenciales “ de la economía.
El efecto sobre las actividades comerciales y productivas no ha dilatado en manifestarse, ante todo por efecto de la suspensión masiva de cientos de miles de empleados, que puede ser sometida por los empleadores, sin disfrute de salario para el empleado suspendido.
Las asociaciones empresariales dominicanas abogan por una reapertura de la actividad económica no esencial. Es entendible, aunque en este momento la prioridad que protege el interés público es la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos. La segunda prioridad de interés publico es la protección del empleo.
Algunas empresas nacionales se encuentran desafiadas por problemas de liquidez, y este será un proceso progresivo e inevitable. La situación de precariedad del clima de negocios es global, razón por la cual en muchos países se está explorando vías para afrontar la cuestión, con una racionalidad de control de daños, reducción de riesgos y protección del empleo.
Todos los análisis económicos que he tenido a la vista anuncian que es previsible que la crisis económica COVID19 colocará a un gran número de personas en situación de pobreza, o al menos con mucho menos ingresos, y capacidad de consumo mucho menor. Algunos analistas prevén una recesión mundial, otros una desaceleración del crecimiento económico. La predicción del Banco Mundial para la Republica Dominicana es que nuestro crecimiento será de un 0%, lo que no está tan mal si lo comparamos con Latinamérica.
En este articulo les propongo algunas ideas para iniciar en la Republica Dominicana, un ejercicio del Estado, el sector privado, y la sociedad civil, con el objetivo de trazar los planes para resistir el trance económico antes de que se instale la crisis.
Propongo iniciar el ejercicio considerando tres vías, a saber:
1. Oportunidades para en una política industrial COVID19.
Resulta que hay muchos servicios que durante la cuarentena y a mediano plazo luego que se levante la misma, no se van a requerir en el corto y mediano plazo. Sin embargo, hay otros que sí y en grandes cantidades, especialmente desde el GORD.
Por ejemplo, los suplidores de bienes, principalmente alimentos frescos (frutas, vegetales, mariscos, entre otros), o productos químicos y bienes gastables, al sector turístico, tienen una sobre oferta y se han visto forzados a vender sus productos directamente de forma prácticamente artesanal. Mientras, del otro lado hay una gran demanda desde el gobierno que intenta alimentar a la nación con preenvasados, muchas veces importados, o producidos con materia prima importada.
Las industrias que operan en zonas francas, y que solían exportar a países que también están en cuarentena, también han sido forzosamente detenidas por la situación excepcional de la pandemia, salvo algunas excepciones. Del otro lado, existe una enorme demanda por materiales de protección al personal sanitario por parte del GORD, así como todos los gastables/desechables propios del sector salud.
Sin querer ser exhaustiva, propongo que el sector empresarial nacional no se limite a abogar por una reapertura pura y simple. Les sugiero demandar una política industrial integral que articule la demanda actual de bienes y servicios, con la oferta o la posible conversión para ofertar, bienes y servicios.
Una Política Industrial COVID19 podría considerar los aspectos siguientes:
- garantizar el acceso de bienes y servicios a los mejores precios posibles, regulando de cerca la competencia en las condiciones excepcionales del mercado;
- el control estricto de calidad a fin de que los bienes y servicios se correspondan con los estándares de la mejor calidad disponible en cada caso, vía las autoridades competentes, sin interrumpir el flujo comercial;
- el acceso a financiamiento rápido, barato y a largo plazo, usando el efectivo disponible en banca, a partir el encaje legal liberado por el Banco Central como parte de las medidas económicas del gobierno; a las empresas que accedan a dicho programa;
- el acceso a asesoría virtual y expedita, desde el viceministerio de Mypimes, a fin construir clústers, o cualquier otro tipo de asociación conveniente, para en corto tiempo, permitir a las empresas suplidoras del sector turístico, acceder a la logística, a los grandes compradores, incluyendo al Estado, que en este momento está demandando gran cantidad de bienes y servicios;
- modificar legalmente, el régimen de incentivos y aduanero de las zonas francas, por un tiempo determinado, en virtud del estado de excepción, para ampliar la cuota de venta al mercado local de forma directa, especialmente al sector público de salud, manteniéndoles los incentivos fiscales;
- modificar legalmente las facilidades impositivas para todos aquellos negocios que se encuentren intentando reinsertarse, o que decidan hacerlo, una vez sean debidamente calificadas;
- conectar las iniciativas de innovación que se están generando desde la academia dominicana, con las industrias en paro, a fin de provocar sinergias que viabilicen ampliar la producción a escala industrial de los bienes gastables y equipos diseñados en la academia, tales como material de protección para personal sanitario, y ventiladores mecánicos para respiración asistida a pacientes del COVID19.
- 2. Las Fusiones de Sociedades y las Ayudas Estatales.
Una de las vías que se ha anunciado en las noticias internacionales, y que se están produciendo de forma masiva son las fusiones de sociedades. En la mayoría de las jurisdicciones cuya legislación de libre competencia posee control previo de fusiones, existe la necesidad de que las autoridades decidan si van a liberalizar ciertas fusiones, y las condiciones tales fines. En República Dominicana no existe tal control previo de fusiones en la Ley de Defensa de la Competencia No.48-08. Sin embargo, si se regulan los efectos posteriores de un aumento en los niveles de concentración del mercado, vía la sanción del abuso de posición dominante.
Es previsible, que las empresas dominicanas utilicen la vía de las fusiones para garantizar su supervivencia, y es un movimiento natural del mercado.
Observamos que otras jurisdicciones están anticipándose a esta circunstancia, estimando que es necesario evitar que una ola de fusiones provoque mayores concentraciones en ciertos mercados.
En ese orden de ideas, la Presidenta de la Dirección de Competencia de la Comisión Europea, Margueritte Vestager indicó que favorece canalizar las ayudas estatales a cambio de participación en el capital de las empresas y negocios de los Estados de la Unión Europea, a fin prevenir que una oleada de fusiones concentre más ciertos mercados perjudicando la competencia.
El Comité Económico del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, podrían iniciar el análisis probabilístico de fusiones entre empresas del sector privado en el país, y su impacto en los niveles de concentración de los distintos sectores.
Del mismo modo, estas instancias del GORD, junto al Congreso Nacional podrían explorar la viabilidad de canalizar ayudas estatales a ciertas empresas privadas intensivas en empleo de mano de obra, y que tales ayudas sean estructuradas como aportes de capital, a cambio de partes sociales de las empresas. La racionalidad de una medida de esta naturaleza es la protección de las fuentes de empleo nacional, y mantener la competencia en el mercado, evitando que desaparezcan alternativas de suplidores de bienes o servicios, con la consecuente pérdida de valor para el mercado nacional.
3. La Reestructuración Mercantil.
Es necesario considerar que ante la crisis económica, los sistemas legales de Reestructuración Mercantil de empresas se vean sometidos a estrés en el corto y mediano plazo, en todos aquellos casos de empresas en situación de iliquidez que les resulte imposible hacer frente a sus obligaciones, y requieran acogerse a este sistema, para evitar el cierre y liquidación de las mismas, con la consabida pérdida de empleos.
El principio general en materia societaria es que los socios de negocios y empresas no tienen ninguna obligación legal de solventar la iliquidez de su empresa, pues la ley prevé la separación patrimonial de accionistas y sociedades, por lo que es una decisión discrecional el que los socios utilicen su patrimonio personal para el salvamento de la empresa. Este principio posee excepciones, es decir, casos en los cuales sí se requiere que los socios asuman la iliquidez de la empresa, nos referimos a las empresas del sector financiero, en caso de fraude a las empresas del sector previsional, y las disposiciones sobre la bancarrota fraudulenta que incluyó la Ley de Reestructuración Mercantil.
La justificación de un sistema de Reestructuración Mercantil, es preservar valor del sector empresarial entendiendo su función no solo en beneficio de sus socios, sino su función social. Por tanto, el sistema de Reestructuración Mercantil privilegia la conservación de la empresa, otorgándole ciertas condiciones que le permitan viabilizar su operación de una forma autosostenible y rentable.
Afortunadamente República Dominicana cuenta con la Ley 141-15 de Reestructuración Mercantil y Liquidación de Empresas. No obstante, los usuarios de la misma estiman que el proceso puede ser mejorado, especialmente en cuanto a los tiempos de respuesta de las instancias competentes, dada la situación de urgencia en que muchas veces se encuentran las empresas que acuden al sistema.
Desde el sector privado debe propiciarse un diálogo en el más breve plazo con el GORD y el Poder Judicial, y la Cámara de Comercio de Santo Domingo, respecto de las capacidades de respuesta del sistema bajo situaciones de estrés, pues existe alta probabilidad de que las empresas no resistan plazos del proceso que se extiendan más allá del año en curso.
En suma, el sector privado dominicano debe ser proactivo y convocar al Estado para iniciar con carácter urgente el ejercicio tendente a fortalecer las capacidades y construir las sinergias que permitan a nuestra dinámica, innovadora y vibrante sociedad aprovechar las oportunidades del momento, garantizar la seguridad sanitaria de la población, y regresar al empleo a un porcentaje importante de la población.
La capacidad de resiliencia del dominicano está demostrada, pero debemos ponernos en movimiento, lanzarnos a ello cuanto antes.