Ya es común, y hasta esperado, que la República Dominicana, en sus intervenciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus cumbres mundiales, solicite apoyo humanitario y sostenible para su país vecino, Haití.
Un apoyo en principio dirigido a la población que vive con urgencias insatisfechas en salud, educación, nutrición, empleo, seguridad ciudadana, y más.
Y segundo, un apoyo organizacional e institucional para que dicho país emprenda tránsitos y senderos adecuados que lo encaminen a convertirse en un Estado capaz de ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas una vida segura, digna, con necesidades básicas cubiertas, como señalan los derechos humanos universales identificados y asumidos por los 193 Estados de la propia ONU.
La respuesta de los Estados Miembros ha sido casi nula. Y las oficinas de las agencias para el desarrollo de la ONU representadas en Haití, incluyendo la MINISTAH hasta un pasado no muy lejano, no han tenido poder económico, técnico, ni decisorio para asistir al gobierno, en amplia plenitud y capacidad, en las carencias perentorias y erradicar las vicisitudes de un país digno de mejor suerte.
Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante comunicado, expresa su preocupación por las denuncias de deportaciones de mujeres haitianas embarazadas desde la República Dominicana. Afirma la CIDH, además, que “ese hecho las expone a graves vulneraciones de su derecho a salud”. El Gobierno dominicano contestó de inmediato, expresando que “considera injusto e inoportuno ese comunicado”.
Lo cierto es que se trata de un tema que despierta la sensibilidad humana, visto además, que la República Dominicana es signataria de la Carta de las Naciones Unidas, misma que asume el respeto de los derechos humanos de inmigrantes. Sin embargo, se considera que precisamente por ello la República Dominicana ha permitido por décadas el tránsito de mujeres embarazadas que ingresan al país únicamente a dar a luz en hospitales con servicios obstétricos de tercer nivel. Asimismo, el Ministerio de Salud afirma que el 30% de los partos en hospitales dominicanos corresponden a ciudadanas haitianas.
Ahora bien, el Gobierno dominicano afirma su responsabilidad de protección de sus nacionales con servicios de salud oportunos y de calidad, no así de servicios permanentes a inmigrantes extranjeros.
Esta disyuntiva tiene diversas aristas y ocasiona turbación y tristeza ante el conocimiento de que las ciudadanas haitianas que cruzan la frontera lo hacen impulsadas a una protección y seguridad hospitalaria ausente en su propio país.
Por otro lado, el Estado dominicano tiene una larga agenda social pendiente de satisfacer. Y la salud es quizás el sector más deprimido, contando su presupuesto para 2022 con sólo alrededor del 2% del PIB, lo que significa una débil capacidad de atención a enfermedades catastróficas, equipamiento y compra de insumos. Entonces, el pueblo dominicano protesta y exige servicios de salud mas amplios afirmando que “pagan altos impuestos”.
Ante este panorama y la preocupación de la CIDH, ¿por qué esta institución, en lugar de reclamar a otro país, no realiza todas las gestiones necesarias para que se construyan y equipen hospitales en diferentes regiones de Haití? Estamos en la seguridad de que la República Dominicana, y otros países solidarios de la región, aportarían médicos ginecólogos y obstetras que capaciten al personal de salud haitiano. Esta solución sería el milagro que pusiese fin a un problema interminable y doloroso para un país necesitado, y otro que necesita liberarse de una carga financiera que dificulta su buena gestión de salud a sus propios habitantes.
¿De verdad que a la CIDH no se le ha ocurrido apoyar en una solución definitiva y por demás emprendedora como la que supra presentó?