He hablado varias veces sobre la importancia de priorizar la atención a las víctimas de la trata de personas en República Dominicana. Y lo he hecho porque se acerca un evento que tiene el poder de transformar positivamente la forma en que como país y como sociedad, combatimos este crimen que victimiza a tantas personas. Se trata del proceso de modificación de la ley contra la trata de personas.
No me refiero al contenido del borrador que fue elaborado por Naciones Unidas, el Gobierno dominicano y sociedad civil. De hecho, todos los que participaron en las mesas de trabajo para presentar una propuesta están satisfechos con el texto, o al menos alcanzaron un posible consenso entre los temas de prevención, persecución y protección hacia las víctimas. Me refiero a la tramitación de este documento que se inició en 2019.
El texto propuesto y revisado por todas las organizaciones que trabajan en el tema trae nuevas herramientas que permitirán a los agentes de policía, jueces, fiscales y abogados actuar de una manera más efectiva y justa, tanto en lo que respecta a la atención que se debe tener con las víctimas, como también a la justa retribución penal que debe sufrir el autor del delito. Por otro lado, prevé la creación de una fuente permanente de financiamiento que permitirá a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial cumplir con sus funciones legales y constitucionales.
En resumen, no hay razón para retrasar más este proyecto de ley. Necesitamos seguir adelante con este proceso, ya que posponerlo significa condenar a muchas de nuestras mujeres, hijas e hijos a seguir sufriendo degradación.
Al momento de escribir este artículo, la información más reciente que tengo sobre el progreso del proceso es que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) ha estado esperando durante meses a que una de las organizaciones devuelva el texto con sus revisiones. En este sentido, ha habido una gran tolerancia por parte de todos para esperar a la institución rezagada, pues se comprenden la importancia de la colaboración de todos. Pero el caso es que esta espera provoca que se produzcan más delitos y mantiene a las víctimas en situaciones degradantes e inaceptables.
Necesitamos el borrador listo para ser enviado desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. A partir de ahí, necesitamos que las dos cámaras legislativas prioricen las discusiones y aprobación del proyecto. Y durante estas discusiones, la sociedad civil dominicana estará activa y vigilante para asegurar que el texto aprobado realmente pueda cambiar la vida tanto de las víctimas como de las potenciales víctimas que necesitan una ley más protectora y actualizada. Y tenemos mucha esperanza de que los legisladores acepten el proyecto de ley y lo aprueben rápidamente.
¿Y por qué la Cámara de Diputados y el Senado de la República deben priorizar la discusión sobre la trata de personas, en un país con tantas necesidades y urgencias? ¿Por qué deberían prestar más atención a un tema que para muchos es de segunda importancia?
Para responder a esta pregunta quisiera contarles la historia de una de las sobrevivientes del programa de Misión Internacional de Justicia. Franchesca* compartió su testimonio en la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas en el Ministerio de las Relaciones Exteriores. En esa ocasión, pudo hablar sobre las dificultades que tiene una persona para superar los desafíos y traumas profundos que genera la exploración. Fue vendida por una amiga a un traficante de personas, cuando aún era menor de edad, quien la explotó durante 3 años, sometiéndola a una rutina de explotación sexual que involucraba a varios hombres por noche. Durante este tiempo, Franchesca pensó que su vida había terminado. Ya no tenía esperanzas de retomar la vida feliz que tenía antes de ser capturada por una red de tráfico que victimizaba a decenas dominicanas.
Tras ser rescatada, esta joven pasó por todas y cada una de las fases por las que atraviesan quienes están sometidos a tanto sufrimiento. Pero a pesar de esto, encontró un camino de esperanza y se embarcó en un programa de restauración que, poco a poco, le devolvió la alegría de vivir. Hoy, luego de unos años de trabajo, Franchesca está lista para liderar un grupo de sobrevivientes que se preparan para ser la voz de quienes viven bajo la violencia.
Esta historia es importante para que entendamos cuán complejo es el proceso que permite el rescate y la restauración de una víctima.
Todo el proceso comienza con una denuncia, que suele ser realizada por un familiar o vecino de la víctima. Pero para hacer la denuncia se necesita conocer el crimen. Para ello, es importante que el Gobierno dominicano invierta en campañas de concientización pública, que permitirán que la sociedad esté más atenta y sepa a quién buscar para presentar una denuncia.
El siguiente paso son las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Para realizar un trabajo de investigación de calidad es necesario un equipo capacitado y los medios financieros y tecnológicos. Con base en la calidad de las evidencias y de los testimonios presentados, y luego de dictadas las órdenes judiciales, se lleva a cabo el operativo de rescate, que a su vez debe involucrar también al El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y/o al Ministerio de la Mujer.
Del rescate comienzan dos procesos simultáneos: el legal y el psicoterapéutico. En los tribunales se inicia el proceso judicial, que también requiere de profesionales capacitados que cuenten con instrumentos legales modernos que permitan atender el caso con base en conceptos tan relevantes en el campo de la psicología, como la atención informada del trauma. Al mismo tiempo, se inicia un proceso de restauración psicoterapéutica, que igualmente requiere de personal que técnicamente entienda cómo ayudar a una persona en un proceso traumático profundo. Actualmente, República Dominicana no cuenta con ningún programa público de restauración, lo cual es parcialmente compensado por las estructuras privadas de las organizaciones no gubernamentales que integran la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas. Pero sin la participación estatal esto no es sostenible.
Dicen que para cada problema complejo hay una solución fácil e incorrecta. La lucha contra la trata de personas debe verse como algo complejo y que requiere la participación de todas las entidades del Estado y la sociedad. No existen fórmulas mágicas o “disparos de cañón” que puedan solucionar este problema de la noche a la mañana. Por ello, el proceso de redacción del anteproyecto de la ley antitrata fue necesario para que cada una de las organizaciones presentes pudiera colaborar con su experiencia de trabajo en el campo. Pero no podemos detenernos ahí. Tenemos que completar un proceso que marcará un hito en la forma en que se trata a las víctimas y a los delincuentes. Solo un nuevo marco legal puede darnos la esperanza de mejorar una realidad que lamentablemente siempre ha sido parte del paisaje dominicano. Esto no puede continuar.
República Dominicana no puede esperar más.
*José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas