Para promover el desarrollo social y económico, el gobierno debe priorizar la cultura de emprendimiento en sectores claves como son: el académico, público y privado. Es por ello que se adoptó en noviembre 2016, la ley de Emprendimiento No. 688-16. 

En lo que concierne al sector económico, la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas (Pymes), constituye una herramienta esencial a los fines de disminuir la tasa de desempleo, implantar negocios formales en la economía y por ende, mejorar la calidad de vida de los dominicanos. 

Esta ley que ha sentado las bases de un marco regulatorio e institucional para una cultura emprendedora en nuestro país, insta a diferentes entidades gubernamentales a cumplir con una serie de exigencias. En este sentido, el Ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), deben priorizar el fomento de una mentalidad emprendedora en la población dominicana.

Según un informe realizado por los expertos de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) en fecha 21 de junio 2012, un análisis de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el país arrojó que: “un mayor apoyo a la innovación en el sector privado permitiría una mejoría considerable en la competitividad económica del país”. De más está decir, que la cultura emprendedora es clave y que solo se puede adquirir si se establecen los enlaces necesarios dentro de una estructura funcional adecuada a dichos fines.

Cabe reconocer los esfuerzos desarrollados en este sentido por nuestras instituciones gubernamentales. Diversas charlas y cursos son realizados en beneficio de escuelas y universidades, se creó un Fondo de incentivo a la innovación (FONDOCYT) y varios concursos de emprendimiento son llevados a cabo en la actualidad. Sin embargo, todavía estamos lejos de crear una estructura funcional a diferentes niveles, que acompañen al dominicano a interiorizar el emprendimiento como una opción más en el ámbito profesional.

Es lamentable constatar que en nuestro país el emprendimiento y la innovación son encasillados y limitados únicamente a los sectores de la ciencia y la tecnología. Esta visión retrógrada tiene como resultado la reducción de la participación de una gran cantidad de dominicanos, cuyo centro de interés está orientado a otras áreas del saber cómo: el derecho, la filosofía, el arte entre otros. 

Otra sugerencia del informe de la CNUCED, es que nuestro país debería apoyar el desarrollo y financiamiento de la investigación a nivel doctoral. A la hora actual, nuestro país es uno de los pocos países de América Latina en el que no se ha formalizado la creación de una o varias escuelas de investigación doctoral, reconocidas a nivel internacional.

En este tenor de ideas el artículo 99 de la ley orgánica de Educación, No. 66-97 establece que: Son funciones de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura en lo que concierne a la educación científica y tecnológica: (…) ll) Concebir programas de apoyo y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica de los investigadores y coadyuvar en los esfuerzos por obtener fondos internacionales y privados para este fin;

Según dicha ley, la investigación científica es un elemento fundamental que constituye un pilar esencial de nuestro país. De lo cual, podemos deducir que el no respeto e incumplimiento de estas directivas legales, corresponde a una inobservancia de la normativa en materia de educación.

En conclusión, como ciudadana interesada en el desarrollo de mi país, hago un llamado a las instancias gubernamentales implicadas en el fomento de la cultura emprendedora, a estructurar un sistema académico y empresarial en adecuación con los objetivos de la ley No. 688-16. 

Sin las bases esenciales al fomento del emprendimiento en el país, como: la adopción de un programa académico de incentivo a la innovación desde la educación primaria, la creación de escuelas doctorales en observancia a un plan académico nacional, la instalación de instituciones científicas de innovación, así como la institucionalización de la implicación del sector privado empresarial en el desarrollo del emprendimiento, mediante incentivos fiscales; no vale de nada promulgar una ley condenada a la inaplicación.