La repostulación presidencial es un tema controvertido históricamente. Casi todas las reformas a la Constitución han prohibido o permitido a mandatarios y exmandatarios presentarse como candidatos.
Más allá de las preferencias particulares, los argumentos en favor o en contra de una nueva repostulación presidencial pueden tener asidero según la mirada de cada cual. Sin embargo, la crispación que se genera en torno al tema limita las posibilidades para un debate racional acerca de la cuestión de fondo: el relevo y la circulación efectiva del liderazgo político en República Dominicana.
Contrario a otros países, nosotros tenemos una tendencia a prolongar los ciclos de vida de los liderazgos a todos los niveles. Los protagonistas de la primera etapa de nuestra democracia se postularon a la Presidencia hasta el momento mismo de su muerte: Balaguer y Bosch se presentaron nueve veces como candidatos presidenciales, Jacobo Majluta en cinco ocasiones y Peña Gómez en cuatro.
¿Por qué no propiciar una reforma constitucional que establezca los 75 años de edad como límite para postularse a un cargo electivo?
En esta etapa, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Eduardo Estrella llevan cinco intentos cada uno, Danilo Medina y Guillermo Moreno cuatro veces, Luis Abinader se ha presentado en tres oportunidades.
Como podemos apreciar la repostulación no es ajena a ninguna de las fuerzas y liderazgos políticos que gravitan en la escena nacional. El camino fácil es, obviamente, la limitación del derecho a ser elegible de quien alcanza la Presidencia de la República. Sin embargo, para garantizar el derecho de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución, esos límites debieran abarcar a todos los puestos electivos. Por ejemplo, el sistema norteamericano de dos periodos y nunca más, para ser justos, ha de aplicarse también a legisladores, alcaldes y regidores.
Sin embargo, una disposición constitucional de ese calibre alteraria la esencia de la democracia en cuanto a la libertad del pueblo a escoger libremente a sus mejores ciudadanos para el ejercicio del Poder.
En ese sentido, la única manera de desmontar esa cultura es a través de mecanismos lo suficientemente creativos como para garantizar el relevo sin afectar el derecho a elegir y ser elegibles que debemos tener todos los ciudadanos dominicanos.
La respuesta a este dilema está en la biología. Si para todos los poderes del Estado adoptamos el modelo existente en la Judicatura o en la Iglesia Católica, creo que contribuiríamos enormemente a crear las condiciones para una circulación permanente de los liderazgos y, a la vez, aprovechar los mejores años de nuestros servidores públicos sin lastimar su derecho a elegir y ser elegibles.
¿Por qué no propiciar una reforma constitucional que establezca los 75 años de edad como límite para postularse a un cargo electivo?
Abramos el debate.