El sistema de justicia, que como sociedad nos toca repensar para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, es operado principalmente por tres actores: la judicatura, la abogacía y el Ministerio Público. Cada uno de estos tiene dinámicas y ejercicios distintos que convergen y aportan heterogéneamente al funcionamiento del sistema. Evidentemente cada uno de estos actores comparten en común la profesión y por ello, una reforma integral del sistema de justicia implica reflexionar y hacer los ajustes necesarios en la formación de los profesionales del derecho.
Repensar el sistema de justicia significa evaluar la calidad y la misión de los agentes que lo operan. Por eso en este proceso las universidades juegan un rol crucial al ser las instituciones con los espacios para el debate respecto a la formación de los actores del sistema. El pensum, las aptitudes, acceso al ejercicio, la ética profesional, el compromiso social y los fundamentos filosóficos de la profesión deben ser revisados y discutidos pues de ello pende el mejoramiento sustancial del sistema justicia.
Ahora bien, en esta entrega abordaré aspectos de índoles institucionales sobre nosotros, los abogados, pues la formación profesional escapa a la finalidad de este artículo al ser harina de otro costal.
Los abogados tenemos que hablar de nuestra profesión y del estado actual del ejercicio profesional, además de nuestro estatuto en el sistema de justicia. Por mucho tiempo se nos ha dicho que somos “auxiliares de la justicia”, pero hasta qué punto es así. ¿Realmente somos auxiliares de la justicia? La respuesta a esta pregunta es vital porque de ella depende el fundamento ético de la profesión y las obligaciones de quienes la ejercen frente a la sociedad. Quizás realmente más que auxiliares de la justicia, los abogados simplemente somos defensores de intereses y por tanto, la ética profesional implica determinados límites a los medios por los cuales hacemos la defensa de esos intereses.
Otro asunto relevante es la discusión respecto al gremialismo. ¿Somos los abogados realmente un gremio? Y con ello viene la pregunta obligada que muchos nos hacemos constantemente: ¿tengo que estar colegiado obligatoriamente? ¿Para qué me sirve un colegio de abogados en el desarrollo de mi profesión?
La discusión sobre el Colegio de Abogados y la obligatoriedad de la colegiatura tiene que empezar hacerse. No es secreto para nadie la intervención de la política tradicional en el Colegio de Abogados y las implicaciones que eso ha tenido. Y de hecho, la colegiatura y la existencia misma del Colegio de Abogados es un asunto de carácter nacional por las tasas que pagan los usuarios del sistema de justicia que sirven para mantener esa estructura.
Quizás en lugar de haber un Colegio de Abogados deba haber asociaciones provinciales que funcionen solo con el aporte de sus miembros y no con cargo al presupuesto nacional. A lo mejor el Colegio de Abogados debe funcionar solo en cuanto a los aportes de quienes opten por colegiarse y de esta forma posiblemente el influjo político tradicional disminuya considerablemente.
Esta discusión sobre el Colegio de Abogados no es insulsa pues el mismo recibe fondos públicos y tiene por tarea vigilar el ejercicio ético de la profesión, por lo que la existencia y el funcionamiento del colegio trasciende a los usuarios del sistema quienes son los principales perjudicados cuando se tiene a un gremio no adaptado a las exigencias de un Estado Social y Democrático de Derecho.
De ahí que abordar la discusión sobre el sistema de justica, repensarlo y apuntar a su reforma integral requiere debatir sobre la abogacía, la formación profesional, su ejercicio y su plano institucional como es el Colegio de Abogados.