La atención se enfoca en estos días en la anunciada repatriación de un número aún indeterminado de inmigrantes haitianos indocumentados, y con sobrada razón. Su éxito depende de que el proceso sea estrictamente de repatriación según las normas internacionales, y no se desborde y convierta en cacería para deportar “a la camiona” a quienes son señalados por grupos extremistas como hordas invasoras por sus vínculos genéticos con Haití. Muchas instituciones y los organismos internacionales especializados dan estrecho seguimiento al proceso de repatriación, asegurando que siga enfocada la opinión pública sobre su desarrollo.
Pero no debemos olvidar que mientras se desarrolla la paulatina repatriación de los inmigrantes haitianos que no han podido documentar su permanencia en el país desde 2011 o antes– que anhelamos se lleve a cabo con esmerado respeto de los derechos fundamentales de las personas como se viene prometiendo, evaluando cada caso por sus propios méritos sin precipitación para evitar errores y abusos y que la anunciada repatriación se convierta en deportación– seguiremos durante años con muchos “aisportados” en nuestro país, si no emprendemos programas focalizados en fomentar su integración plena a la sociedad dominicana mediante oportunidades de educación y trabajo formal. La histórica “aisportación” tiene un elevado costo para la nación por múltiples razones, y por tanto debemos evitar que los que no califican para ser repatriados, sean injustamente deportados a Haití o sigan “aisportados” en nuestro país.
Por “aisportados” nos referimos a los descendientes de inmigrantes haitianos y de los que aunque nacidos en Haití, llevan toda una vida radicados en República Dominicana. En gran medida sobreviven marginados del crecimiento económico y el progreso socio-político como los más pobres de los pobres, permaneciendo aislados y menospreciados durante décadas en bateyes, fincas y guetos urbanos, con notables excepciones. Deportados no al extranjero sino al aislamiento dentro del país en jaulas sociales- por eso “aisportados”. Condenados al olvido, no llegan a desarrollar su potencial humano por falta de acceso a los servicios esenciales, y con frecuencia son discriminados por ser ”haitianos”. El peligro radica precisamente en pensar que con solo reconocerles la nacionalidad a los nacidos aquí o expedirles documentos que acrediten la legalidad de su permanencia y derecho a trabajar en el país a los que nacieron en Haití se resuelve el problema de su marginación histórica. Es la misma falacia de haber creído que con abolir la esclavitud, pero segregando a los ex esclavos, se resolvía de manera permanente la tensión social creada por esa inhumana práctica, cuando en realidad solo pospuso el eventual desenlace a un enorme costo social y económico (además del sufrimiento humano), como se ha evidenciado en escenarios y tiempos diversos. De esa experiencia tenemos varios ejemplos muy tristes, arrastrando nefastas consecuencias hasta el presente.
No tiene ningún sentido detenernos a medio camino y limitarnos a la regularización de los que no tenían estatus legal para residir y trabajar en el país, y al reconocimiento de la nacionalidad de los que nacieron y se criaron entre nosotros. Si bien expedirles documentos de identidad es esencial y un buen inicio, igual de importante es asegurar que todos tengan las oportunidades educativas y laborales que les permitan hacer cada día más aportes a la sociedad, al tiempo de poder elevar su calidad de vida personal y familiar, obrando decididamente para sacarlos del ostracismo al que han sido condenados tradicionalmente.
Y no se trata de legislar o decretar, sino sobre todo de crear programas focalizados- públicos y privados- para fomentar su integración a la economía y a la sociedad. A modo de ejemplo, debemos mejorar las escuelas y los centros de capacitación técnico-profesional en las comunidades donde residen, bajo el liderazgo del MINERD, INFOTEP y las ONG que se dedican a la educación y capacitación. También facilitar su ingreso y permanencia en los centros de estudios superiores mediante becas del MESyT y la colaboración de las universidades nacionales. El fomento de su inserción al trabajo estable y formal puede ser un importante aporte del Ministerio de Trabajo y las asociaciones patronales y empresariales, así como programas para asistir a los micro y pequeños empresarios a expandir sus negocios con capacitación y crédito como tarea de las ONG dedicadas a esa misión. No menos deseable es un decidido esfuerzo por propiciar la expresión artística y cultural de este importante grupo representativo de nuestra diversidad en los principales escenarios nacionales (la “Parada Haitiana” por el polígono central de Dino Bonao), liderado por las instituciones dedicadas a la cultura y el arte, tanto públicas como privadas. Es esencial que los descendientes de los diferentes grupos étnicos en el país (españoles, árabes, chinos, japoneses, haitianos y demás) conserven y expresen con libertad y orgullo sus tradiciones y manifestaciones culturales, que también son nuestras al recibir e integrar esas “colonias” en la vida de la nación. Si celebramos con orgullo el Año Nuevo chino, ¿por qué rechazar la fiesta de la Independencia de Haití, primera república de ex esclavos negros en el mundo y vecinos nuestros? Incluso un mecanismo de articulación público-privado liderado por el Canciller Navarro podría impulsar y coordinar las diversas iniciativas por la integración que en definitiva nunca se ha intentado en el pasado, pues él ha demostrado entender la importancia de mejorar nuestro desempeño en materia de derechos humanos para proyectarnos internacionalmente.
Esta es una excelente oportunidad que los dominicanos no debemos desperdiciar, pues paradójicamente, aunque muchos no lo crean, la integración de la población de ascendencia haitiana- siempre respetuosa de sus tradiciones- a la sociedad dominicana es una excelente herramienta de apoyo para el control migratorio que ha devenido una prioridad nacional. Aprovechemos esta oportunidad de hacer justicia a los “aisportados” al tiempo que nos proyectamos internacionalmente como lo que somos, un pueblo que abraza la diversidad y abierto al mundo; y un estado que quiere y empieza a cumplir con sus obligaciones consignadas en la Constitución, propiciando el desarrollo humano de todos sus habitantes.
*Según el Diccionario de la Real Academia Española, repatriar es “devolver algo o alguien a su patria”, mientras que deportar es “desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como castigo.” En ese sentido estricto utilizamos esos vocablos y sus derivados, agregando el concepto de “aisportar”, que es desterrar socialmente a una persona en su propia tierra, condenándolo al ostracismo.