El anuncio de que gobierno va a contratar nuevos préstamos para el sector eléctrico vuelve a desatar un remolino de opiniones sobre la deuda pública, la amante, “segunda base” o “chapeadora” que destruye la hermosa unión matrimonial entre ingresos y gastos públicos. Aquí de nuevo sobre el chivo expiatorio en que han convertido el financiamiento público.
Vuelvo a insistir que tratar a la deuda como un parcho mal pegado es una concepción errada. La deuda es parte de un matrimonio trial que adquiere legalidad con la aprobación todos los años por el Congreso Nacional del Presupuesto General de la Nación. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe enviar a las cámaras un proyecto de ley que contenga los gastos que se contemplan ejecutar por instituciones. En éste se identifica que el dinero vendrá de lo que va entrar por las recaudaciones de impuestos más el nuevo financiamiento que se requiere para completar gastos no cubran los impuestos y el pago de capital o amortización de los préstamos.
Para el financiamiento, en la coletilla del artículo a la que pocos prestan atención, se establece que tiene que ser presentado en un monto que sea consistente con un escenario de estabilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. En la práctica, la entidad responsable de conseguir préstamos debe tener un modelo formal de sostenibilidad de deuda donde se evidencie que, dentro de un conjunto de supuestos razonables, las nuevas contrataciones no van a poner al país en la insolvencia.
Pero además del modelo que ha diseñado el Ministerio de Hacienda, el gobierno dispone de un arsenal con dos modelos más. Las otras dos entidades representadas en la Comisión de Deuda Pública (Banco Central y MEPyD), tienen también áreas especializadas en formalizar estos modelos, a cargo de economistas con sólida formación econométrica. Cuando se está en el proceso de formulación del presupuesto, se comparten los resultados y se llega a consenso en discusiones técnicas que sirven de soporte a la opinión de la Comisión de Deuda sobre el rango en que es posible contratar financiamiento para el próximo año.
¿Palabra de Dios? No. Quienes colocan sus ahorros en títulos de deuda pública saben que son mortales como ellos quienes hacen los modelos, pero tienen discernimiento suficiente para entenderlos, comparar con los propios y con la profecía apocalíptica anual del “colapso inminente de insolvencia en los próximos meses”. Desde el 2009, cuando se inicia la reinserción del país en los mercados de capitales, quienes adquieren voluntariamente deuda pública soberana dominicana en el extranjero les han dado el visto bueno al punto que hacen demandas de bonos varias veces por encima del monto ofertado. Esto ha permitido una contratación cada vez a tasas menores, su venta con prima en los mercados secundarios, la extensión de los plazos y hasta la colocación en mercados globales de bonos en pesos dominicanos.
Y localmente, en un mecanismo de subastas competitivas, los bancos y puestos de bolsa que participan en el mercado primario de bonos del Ministerio de Hacienda han utilizado el ahorro de sus clientes y su propio capital, para adquirir posiciones propias cada vez más elevadas en esos títulos. También los adquieren para suplir una demanda altísima por parte de las AFP, personas físicas y otras entidades financieras del país y del extranjero. Con esto las AFP duplican las tasas que reciben en certificados financieros de los bancos, aumentan rentabilidad de las cuentas de capitalización individual y se quedan con el 25% del incremento rentabilidad del portafolio por esta especie de “Síndrome Holandés” cortesía del Gobierno Dominicano.
¿Entonces favorezco endeudarnos hasta que se auto-cumpla la profecía de insolvencia? No. Mi posición es que en los debates del Proyecto Ley de Presupuesto los congresistas, y todos nosotros, debemos aprovechar para explicar el tamaño del gobierno que queremos, como he explicado en otras entregas.
Aspirar a un gobierno gigante, disperso de la A a la Z, para satisfacer una demanda insaciable de obras y servicios sociales vía inversión pública, administración de empresas estatales monopólicas y una lista absurda de transferencias, exoneraciones y subsidios, es imposible sin una alta carga tributaria y/o el uso hasta el límite de sus líneas de crédito.
Es pura paja creer que es simple asunto de eficientizar gastos, fortalecer controles, acabar impunidad y mejorar recaudación manteniendo la estructura impositiva que tiene al país dividido entre esclavos tributarios y libertos exonerados. Argumento que cae bien a todos los que prefieren, en el poder o la oposición, una dimensión de la administración pública al estilo ha sido posible, precisamente, por un exitoso acceso a los mercados de capitales. 你了解 / Nǐ liǎojiě