Por su estridente reclamo por el saneamiento de la moralidad pública, la Marcha Verde califica como la más significativa expresión de ciudadanía de toda nuestra historia republicana. Su protagonista principal fue la clase media, aunque la redención de los pobres fuera su mudo corolario. Hoy día, sin embargo, la llama votiva de ese movimiento luce muy disminuida. Pero la indignación que subyace debe ser renovada por una estrategia que recobre el espíritu de lucha. De lo contrario seguiremos sumidos en el estercolero de la corrupción.
Algunos analistas atribuyen el estiaje verde a errores tácticos de los organizadores del movimiento. Se alega que fue desafortunada la escogencia del vocero para la marcha del 15 de julio pasado e improcedente el pedido de renuncia del Presidente Medina. Por otro lado, se escucha la queja de que la fecha y el lugar escogidos para la marcha del 28 de enero fueron desatinados. Además, un pérfido alegato de que el movimiento había caído en manos de izquierdistas de viejo cuño desalentó a una amplia franja de patrocinadores.
Entre los organizadores se cree que la motivación de la actual recesión de las aguas es la impotencia. La “inocencia política” de una clase media sin experiencia en movilizaciones nacionales generó muchas expectativas de que se adoptarían medidas remediales de inmediato. Han pasado 14 meses desde la primera marcha y nada ha sucedido. No importó que se recogieran 316,000 firmas de ciudadanos clamando por justicia para el caso de Odebrecht. Las autoridades han ignorado las protestas y, aparentemente, el mutismo ha sido la estrategia del Presidente Medina para que el tiempo se encargue de desinflar la tromba de inconformidad.
Empero, las encuestas sugieren que la indignación sigue vigente, solo que aturdida y alicaída. Si no surge una chispa que la encienda otra vez se hundirá en la fosa del olvido, extinguiéndose al morir por inanición. Pero perseverar en la lucha es obligación de todo ciudadano consciente, especialmente de todo aquel que abrace, como lo hizo Jesucristo, una opción preferencial por los pobres, aquellos que viven en la periferia con dolor e injusticia. Son los pobres los que más sufren las consecuencias de la corrupción porque el gasto público que debe dedicarse a ellos se lo traga la codicia indolente.
Existen varias opciones para reemprender la lucha. Pero todas deben partir de su motivación original: pedir el fin de la impunidad, el encarcelamiento de los culpables del caso Odebrecht, la recuperación de lo robado por los sobornados y una indemnización de parte de la empresa por los groseros sobrecostos de sus obras. Ese fue el llamado que aglutinó las masas de los descontentos y despertó el dormido gigante de la indignación ciudadana. Y es a la latente indignación a lo que hay que recurrir ahora.
¿Cuál sería el pinchazo que se requiere para despertar el gigante adormecido? La opción más sensata y tal vez más efectiva seria convocar a los indignados a una jornada de lucha para intervenir, mediante mecanismos legales a disposición del público, el proceso judicial contra los actuales encartados de Odebrecht que comienza a principios del mes de junio. La intervención se bifurcaría para enhestar la bandera de la indignación tanto ante los tribunales competentes como frente al Ministerio Publico. La estrategia se orquestaría con el apoyo de un programa de movilizaciones populares.
En la persecución del caso la Procuraduría General de la Republica (PGR) muestra una pasividad notoria. Pese a la advertencia de la jueza Miriam German de que debían mejorar el expediente acusatorio para que no esté huérfano de asidero jurídico, no se ha notado ninguna especial diligencia en la investigación. (Ni hablar de los gazapos del expediente que han sido señalados por la Denuncia Penal que formulara Guillermo Moreno en agosto pasado.) Se reconoce que la investigación debe ser secreta, pero así como la PGR reveló las diligencias que estaban pendientes para justificar su petición de una prórroga de cuatro meses en el plazo para la preparación del expediente, asimismo pudo haber alimentado a la ciudadanía con señales de progreso que robustecieran la confianza en su imparcialidad. Eso no ha sucedido.
La ciudadanía, en consecuencia, tiene sobradas razones para pensar que la PGR no está actuando como debe. Puesto que su incumbente es un subalterno del Presidente de la Republica y que este último ha sido señalado como beneficiario de contribuciones ilícitas a su campana electoral, se justifica que se reitere la exigencia, presentada en ocasión de la firma del Libro Verde, para que el Presidente Medina solicite el auxilio judicial de las Naciones Unidas, tal y como ha sucedido en Guatemala (http://www.cicig.org/index.php?page=inicio). El Presidente debe ser el más interesado en que haya un proceso idóneo y transparente y negarse a tal petición levantaría sospechas de complicidad y encubrimiento.
El segundo componente de la estrategia legal seria la constitución en parte civil de la Marcha Verde, a través de una o varias de sus organizaciones más representativas, para asegurar un rol activo en el procedimiento judicial. (Los artículos 118 y 123 del Código Procesal Penal son los aplicables al caso.) Al ser parte del procedimiento, el actor civil está presente en las audiencias y tiene acceso a todos los medios de prueba que haya presentado la PGR, teniendo además derecho a auxiliarse de los expertos y técnicos que considere necesarios. El auxilio de Transparencia Internacional en este caso sería lo más recomendable.
Es cierto que quien pretenda constituirse en actor civil deberá motivar su pretensión ante la PGR y que esta podría denegar esa petición. También uno o varios de los imputados pudieran objetarla. Pero al Procurador le sería muy cuesta arriba denegar esa solicitud y si lo hace podría ser sometido ante la Suprema Corte y/o el Tribunal Constitucional por denegación de justicia. De igual manera podría incoarse un recurso de amparo por conculcación de derechos –por denegación de justicia– ante el Tribunal Superior Administrativo.
Algunos alegaran que ni el Presidente Medina ni el Procurador General concederán las peticiones mencionadas. Tal negación sería una continuación de la actitud displicente de esas autoridades frente al caso de Odebrecht. Pero ellas tendrán que calcular el costo político de la negación, especialmente si la Marcha Verde orquesta un programa de movilizaciones en respaldo a su estrategia legal. Si las autoridades no tienen nada que esconder y solo les interesa hacer justicia, entonces negándose quedarían muy mal paradas frente al electorado.
Para que el electorado internalice el trance será necesario que la Marcha Verde orqueste movilizaciones cuyo leif motiv sea lo que los americanos llaman “the moral high ground”. En otras palabras, el mensaje a ser divulgado, explicado y repetido es que las autoridades están en el deber de diafanizar y transparentar todo el proceso judicial contra Odebrecht so pena de que se les considere cómplices. Esta consigna deberá manifestarse con marchas, piquetes, vigilias, conciertos, pancartas, vallas publicitarias y cuanto recurso de expresión pública pueda montarse.
Ciertamente, la estrategia sugerida es ambiciosa. Algunos dirán que Marcha Verde es incapaz de cumplirla porque carece de una dirección unificada y no dispone de recursos económicos. Otros dirán que la movilización por el 4% para la educación no puede ponerse de ejemplo porque muchas organizaciones de la sociedad civil fueron las patrocinadoras. Sin duda los dirigentes de la Marcha Verde tendrían un reto mayúsculo. Pero les confortará saber que si las autoridades no acogen las peticiones podrían perder el poder en el 2020. Y si las acogen, siendo inocentes, ¿podrían retenerlo?
La esperanza es lo único que un pueblo no debe nunca perder. El escritor inglés Samuel Johnson advirtió: “Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción.”