Señor Presidente Danilo Medina, los conflictos con Haití comienzan con la independencia en 1844. Al igual que con todos los problemas existentes, los gobiernos, hasta la fecha, habían sido indiferentes a la problemática que constituye la masiva y desordenada inmigración haitiana. Pero el disgusto se evidencia en los enfrentamientos recientes entre dominicanos y haitianos en diversos lugares del territorio nacional.
Dominicanos entienden que el voto de dominicanos hijos de haitianos representa una amenaza para la “soberanía nacional”, violentada con frecuencia con la corrupta entrega a “inversionistas” de importantes recursos del país. Elaboraron e implementaron a través del Tribunal Constitucional la sentencia 168/13 no para controlar la inmigración, porque entonces el ordenamiento tenía que iniciar por la frontera, y la entrada de haitianos ilegales sigue igual para que los empresarios puedan seguir utilizando mano de obra en condiciones deplorables. Subyace negar los derechos políticos a los hijos de esos inmigrantes ilegales que por décadas han sido establecidos en el país para aumentar las riquezas de eso grupos económicos y que el Estado en el pasado acreditó como dominicanos, ¿Dónde está la continuidad del Estado?
Regular es una teoría sin aplicaciones en el país. Regular significa intervención del Estado para ordenar alguna actividad, es planificar, es pensar antes de actuar, que es precisamente lo que no se hace. ¿Qué sector ha presentado un plan? ¿educación? ¿electricidad? ¿recursos naturales? ¿agropecuaria? ¿turismo? ¿minería? ¿empleos? ¿salud? ¿estrategia de pobreza? ¿para la formulación del presupuesto? ¿dónde están los planes, Señor Presidente? El país no puede ordenarse sin planes correctamente diseñados. Seguridad Ciudadana no es un plan, ya hay que reformularlo nuevamente. Planificar fue lo que no se hizo al elaborar esta sentencia, es una acción solitaria incapaz de resolver un problema complejo y de múltiples aspectos.
Como es tradición cultural, se ejecutó una sentencia sin la adecuada coordinación interinstitucional e improvisando. Las críticas nacionales e internacionales han sorprendido hasta a los tomaron la decisión, escondidos en aquel lema “los jueces hablan por sentencia” ¿y el Tribunal Constitucional también? la entidad debió conformar una comisión de profesionales especialistas para explicar la naturaleza y propósitos de la decisión, los deberes, además de los derechos, son parte de la reclamada independencia del poder judicial.
Ordenar ha sido un problema indisoluble en la ficticia democracia vigente del país desde 1966. Esta sentencia se ha convertido en un fenómeno publicitario, el mundo nos ha calificado de racistas. Usted Presidente ha nombrado una comisión que negocia con otra similar de Haití. Será muy difícil ponerse de acuerdo, los haitianos por su desorden y corrupción no hacen esfuerzos para establecer un país digno, optan por el camino fácil emigrar, por la cercanía y la anarquía, República Dominicana es su primer destino.
La posición de Funded es distinta a las existentes. Es necesario ordenar la entrada y permanencia de haitianos en el país, pero esta sentencia no es el instrumento. Por la enorme carga social que nos transfieren entendemos que es imposible desarrollar al país, sin coadyuvar a mejorar las condiciones de vida en Haití para que permanezcan en su territorio. Las relaciones con Haití son multilaterales: económicas, sociales, políticas, ecológicas y migratorias. En base a esos aspectos las comisiones deben formular un plan que involucre proyectos productivos-sociales en la isla y que en su ejecución participen iniciativas dominico-haitianas. Ese plan compartido debe ser presentado a los gobiernos que han apoyado al hermano país y a los organismos de ONU, para que validen su apoyo y destinen recursos no reembolsables para la ejecución de los proyectos . Además el plan bilateral debe estar integrado a un Proyecto de Naciones que impulse el desarrollo integral de ambos países, cada nación separada conservando su territorio, cultura y Estado.