En la actualidad existe un mayor nivel de conciencia y activismo en la ciudadanía sobre la gravedad del problema de la corrupción y la impunidad. Pero es necesario generar un mayor consenso y voluntad de la ciudadanía para incrementar con mayor energía y vigor las demandas de la transparencia e integridad en la gestión pública.
En el camino hacia la construcción de procesos ciudadanos para promover la transparencia y disminución de la corrupción pública y privada, será necesario, profundizar las demandas y exigencias, renovar los métodos y prácticas, acercarnos a la raíz y causas fundamentales del deterioro ético y moral de la sociedad dominicana.
En estos momentos el equilibrio y la armonía entre las organizaciones sociales y los actores estatales, se convierte en un camino espinoso por los distintos intereses políticos partidarios y económicos que inciden en el Estado y se interponen el interés general y colectivo.
Es necesario profundizar la participación de la población en el seguimiento, monitoreo de toda la estructura del Estado, teniendo mucha claridad de las debilidades o convivencia con el fraude, el dolo de los órganos rectores de políticas públicas de promoción de la transparencia, la ética y la integridad, que se pone al descubierto por los altos niveles de impunidad, por su inoperancia y deficiente desempeño.
Para poder hablar de la creación de un verdadero Estado Social Democrático de Derecho, la ciudadanía necesita un gobierno que muestre apertura, que acepte la existencia de la corrupción rampante imperante en el país, que no la justifique, que no la proteja o pretenda esconderla y minimizarla, es necesario autoridades que admitan sus debilidades y procuren corregirlas.
La ciudadanía debe avanzar en un proceso de profundizar la democracia, impulsando acciones, políticas y prácticas, que permita avanzar de una democracia “representativa” ilimitada e imperfecta, a una democracia real. Donde el pueblo se convierta en el sujeto protagónico en la construcción de su realidad concreta, que pueda ser el soberano, el mandante de los mandatarios, como único camino de democratizar la democracia.
La relación Estado-Sociedad debe ser entendida como el proceso en el cual la ciudadanía, sus organizaciones y las instancias públicas se relacionan entre sí en un ámbito de confianza, apertura, con el interés de promover políticas públicas, donde la participación de la ciudadana se registre en el diseño, ejecución y monitoreo de las mismas, velando por la transparencia, eficiencia y equidad de las mismas.
La comprensión de los roles de cada uno de los actores y sectores que intervienen la relación entre el Estado y la sociedad no debe ser entendida como una relación de sustitución, sino una relación de complementariedad. Una democracia madura implica un Estado y una sociedad fuerte que se relacionen continuamente, controlen mutuamente y negocien entre sí, donde la voz del pueblo tiene fuerza de ley.
El país lleva ya varias décadas demandando un relacionamiento más lineal entre gobernados y gobernantes, porque el desarrollo nacional debe ser un compromiso de los distintos actores que intervienen y juntos en coordinación impulsar un relacionamiento más efectivo, basado en el respeto en la legalidad y en la legitimidad de los actores. No es posible la apertura y el relacionamiento Estado-Sociedad, sobre la base del clientelismo, la corrupción, la impunidad y la complicidad de una clase política con el dolo y el fraude.
En ese sentido, es necesario impedir la instrumentalización de las relaciones Estado-Sociedad, la misma no es digna cuando se excluyen sectores por sus posiciones beligerantes o críticas, la tarea es procurar la integración amplia de los distintos sectores sociales a una nueva relación Estado-sociedad, para lo cual no se debe seleccionar a los interlocutores, sobre la base de afinidad política, relaciones primarias, afectividad o solo interactuar con los más complacientes y dóciles a las mieles del poder.
La sociedad dominicana debe velar por instituir mecanismos permanentes de consulta y participación en los procesos de definición de políticas, instrumentos y herramientas para transparentar las gestión pública, para lo cual será necesario superar la creación de instancias coyunturales y al vapor, que no tocan el fondo y de manera medular la corrupción sistémica imperante y se quedan en actividades mediáticas con estrategia comunicacional para envilecer y pervertir, creando instancias para cumplir formalidades y donde se usurpa la representación genuina.
La relación del Estado y la sociedad no puede ser por cooptación, manipulada y debe estar abierta a las críticas constructivas y a los cuestionamientos objetivos y veraces, con el interés de generar confianza de la ciudadanía con las actuaciones gubernamentales, lo cual solo es posible superando la captura del Estado por la delincuencia en la política.
Los actores gubernamentales deben entender que la corrupción no es una percepción, deben quitarse la máscara y asumir que la misma existe, que es estructural, sistemática y que convive en un sistema de complicidad público-privada que operan y se interrelacionan entre sí, generando corrupción-impunidad o impunidad corrupción.
Para generar confianza en los ejercicios sui generéis y por designación o invitación de las veeduría ciudadana que se realizan, es necesario un mensaje claro, con firmeza y voluntad de impulsar un sistema de consecuencia, investigación y sanción de las inconductas, de las propias “autoridades gubernamentales”.
Los actores gubernamentales debe reconocer y afirmar la verdad como bien originario, decisivo e imprescindible, aceptar la verdad es el fundamento para generar confianza y un diálogo franco, transparente y abierto con la sociedad, defendiendo el derecho de los ciudadanos de denunciar y querellarse contra el dolo, el fraude de los recursos públicos.