TUCANO, ODEBRECHT y el DARIO CONTRERAS. La impunidad quedó legitimada cuando dijo: “no perdamos tiempo en lanzar piedras hacia atrás”
Un Estado capturado por la delincuencia política, penetrado por la corrupción pública y privada, profundiza los altos niveles de impunidad que impera en el país, en los últimos años, se han realizado numerosas denuncias de casos de corrupción, sin que las autoridades cumplan con su papel de investigar y presentar acusación formal pese a las innumerables pruebas contundentes y evidencia en varios casos.
La administración de justicia no ha sido capaz de conocer ni mucho menos de sancionar todos los casos denunciados. Se ha preferido la política de borrón y cuenta nueva, de no tirar piedra, de no investigar la corrupción pasada, ni presente, lo que se constituye en un claro incentivo para la corrupción y un pésimo mensaje a la ciudadanía.
Los casos Tucano, Odebrecht y la remodelación del Hospital Dario Contreras, ponen al desnudo las actuaciones público-privada para el hurto y desfalco de los fondos públicos, evidencia las operaciones y modalidades de operación de la corporación política partidaria y la complicidad de su Ministerio Público, servil a sus intereses, protector y garante del caos generalizado para la acumulación e enriquecimiento ilícito de sus acólitos.
El reino de la impunidad en la República Dominicana se afianza, crece, se generaliza y no podremos avanzar en la lucha contra el flagelo de la corrupción, ni mejoraremos en las condiciones actuales, con un Ministerio Público dependiente del poder político partidario del PLD, un Procurador General de la República, militante de la reelección del Presidente Danilo Medina y un Poder Judicial que termina el 2016 entre fuertes cuestionamientos de las redes del crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico, en su interior
El Ministerio Público no investiga, el Poder Judicial no sanciona la corrupción, a pesar de la magnitud del problema, la sensación de que el fenómeno de la corrupción ha ganado terreno y que cada día las acciones fraudulentas aumentan; siendo los negocios con el Estado una vía de enriquecimiento fácil.
La penetración de la delincuencia política en las estructuras del Estado, es clara, para solo citar un ejemplo, recordamos el caso de las irregularidades cometidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en ocasión de la remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.
También está pendiente el escándalo de la gran escala de corrupción pública-privada e internacional del bochornoso caso de los Super Tucanos. El informe publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual implica a 11 dominicanos, sigue arrojando indicios serios y precisos sobre el referido caso.
La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente US$788 millones en sobornos en 12 países, entre ellos, la República Dominicana donde habría desembolsado US$92 millones en pagos corruptos a funcionarios del Gobierno e intermediarios entre el 2001 y el 2014, para influenciar presupuestos gubernamentales y financiar aprobaciones para ciertos proyectos en el país, de acuerdo a documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Recordamos que la Ley No. 340- 06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 14, establece de forma clara, las prohibiciones para ser oferentes y quienes no pueden contratar con el Estado, de manera específica, los numerales 8 y 9, puede servir para avanzar en las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y cancelar todos los contratos que vinculen a Odebrecht, nos referimos a las siguientes prohibiciones:
- Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;
- Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
Esperamos y soñamos que el Presidente Danilo Medina proceda con el cumplimiento de la ley y cancele todos los contratos del Estado con Odebrecht y empresas vinculadas, al tiempo que debe permitir una profunda, extensa investigación con la colaboración de otras fiscalía de la región y llevar a hasta la ultimas consecuencia y condena de todos los imputados en el caso de gran escala que vincula personalidades de su propio partido y persona.