Después de meses de expectativas, y presiones de los organismos internacionales finalmente el presidente Medina dictó el decreto 250-14 o reglamento de aplicación a la ley 169-14 de régimen especial de naturalización y regulación de extranjeros, que inicia un largo camino que recorrer para su adaptación al sistema migratorio dominicano que durante décadas era prácticamente infuncional respecto a los extranjeros haitianos en condición de ilegalidad.
Nos imaginamos la presión tremenda que tuvo que soportar Medina. Al parecer todo el peso histórico del problema y el status quo de la situación política regional, provocó que su gobierno sea el elegido para resolverlo. Sin embargo, pese al optimismo que embarga a muchos sobre este nuevo marco legal, todavía se necesita mucha colaboración entre ambos países, principalmente de Haití.
Las autoridades haitianas tendrán que asumir un compromiso serio de dotar de documentos a sus nacionales, incluso fuimos de opinión que en Haití debió hacer una legislación especial para dotar a sus miles de ciudadanos indocumentados en territorio dominicano.
CODUE cumplirá con su misión de vigilar el proceso con el propósito de ayudar en la medida de lo posible, con la efectividad e integridad en la implementación del reglamento
Mientras la situación de indocumentados haitianos dentro de su mismo territorio continúe, seguiremos con la misma situación de “indocumentalidad” y los procesos de regularización serán largos y tediosos.
Por parte de la República Dominicana, creemos que este reglamento promulgado por el presidente Medina, necesita muchas modificaciones. El proceso de consulta fue muy breve, y los requisitos exigidos a los extranjeros son poco rigurosos y pueden provocar confusiones.
Por ejemplo, los documentos que acrediten a los nacidos en hospitales y centros médicos deben tener un proceso estándar, foliados numéricamente e incluso con papeles con cierta seguridad, como los que tienen las actas de nacimiento. Es absolutamente imprescindible evitar o dar lugar a falsificaciones masivas que después lamentemos.
También todo el proceso recae sobre la responsabilidad de un solo ministerio: el Ministerio de Interior y Policía, que hasta donde sabemos nunca había trabajado en cuestiones relativas a documentos de identidad de manera directa. Se debió dar más participación a la Junta Central Electoral en el proceso administrativo.
Estas apreciaciones las expresamos en comunicaciones a los medios enviadas por el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE).
También expresamos que se debía hacer un compromiso evaluativo dándole el tiempo de un año a la aplicación del reglamento para aquilatar posibles fallas o debilidades en su aplicación y que ahí debe dársele participación a sectores de la sociedad.
CODUE cumplirá con su misión de vigilar el proceso con el propósito de ayudar en la medida de lo posible, con la efectividad e integridad en la implementación del reglamento, porque de no ser así, tendríamos una situación de “facto retroactiva” a estadios anteriores o que sigamos con una gran cantidad de indocumentados, a pesar de una nueva legislación, como ha ocurrido históricamente.