Más que un compromiso asumido por el Estado en el Art. 32 de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el cual vivió la indiferencia congresual desde su promulgación hasta la fecha, a pesar de tener inscrito una fecha fatal para su cumplimiento; regiones únicas es el modelo que necesita el Estado del siglo XXI para hacer más eficiente su estructura institucional de atención y respuesta a toda la población.
A pesar de que aún se encuentra vigente el Decreto No. 710-04 promulgado el 30 de julio del 2004, donde se definieron las Regiones de Desarrollo en las que se divide administrativamente la República Dominicana y en el cual se estableció una nueva regionalización; las evidencias nos muestran un divorcio entre los objetivos planteados en el Decreto y la realidad que ha imperado en el país.
El Decreto aprobado fijaba entre sus objetivos generales mover la desconcentración administrativa y política de la función pública, con el fin de dinamizar el desarrollo regional, garantizar la participación y planificar en coherencia con los demás niveles administrativos. Las evidencias recopiladas en los últimos años muestran el fracaso en el cumplimiento de los objetivos planteados, contribuyendo en el desorden de la institucionalidad en el territorio.
El desconocimiento de la división regional establecida en el Decreto ha sido una constante en los últimos años, en la actualidad se observan distintas divisiones regionales en varias instituciones del Estado lo cual no permite homologar las políticas públicas de carácter regional en atención a las diferencias indicadas; esto a pesar de que la Constitución estableció en el Art. 196 que la región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional, sin embargo la costumbre ha impuesto otros mecanismos para articular y formular políticas públicas.
La participación consignada en el Decreto ha sido reiterada en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en diversas leyes, sin embargo, las dificultades en consolidar un nivel intermedio a nivel regional han impedido impulsar mecanismo de colaboración en coherencia con los demás niveles de gobierno que permita complementar la oferta del gobierno nacional en lugar de los distintos niveles se mantengan como entes aislados en la política de desarrollo de una nación.
Para eficientizar el accionar del Estado ampliando su radio de impacto hacia toda la población, sin importar el lugar en el que resida, se necesita cambiar el modelo institucional utilizado, con el fin de que las necesidades de toda la ciudadanía sean escuchadas, los recursos sean mejor administrados en función de las necesidades priorizadas, las visitas al territorio de cualquier mandatario sean apuntaladas por la institucionalidad desconcentrada y de esta forma avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo desconcentrado sustentado en regiones únicas que propicie el bienestar de toda la población.
Una nueva oportunidad en la transformación de la administración se encuentra sobre la mesa, cumplir lo establecido en la ley y garantizar la presencia del gobierno nacional más allá de la capital es fundamental para propiciar el desarrollo humano integral que requiere toda nuestra nación.