En nuestro primer artículo sobre al SARS-CoV-2 fuimos de los que subrayamos la indiferencia de la humanidad frente a situaciones regionales o de países individuales, pasadas y presentes, caracterizadas por una gran mortandad, destrucción material e indecibles sufrimientos humanos.
Como estas realidades no ponen en peligro nuestras vidas ni la normalidad del agitado ritmo social y económico al que estamos acostumbrados, muy pocas veces generan ruidos mediáticos o convocan la solidaridad responsable de los gobiernos. De aquí que nuestro interés entonces era subrayar la nociva racionalidad del neoliberalismo que nos rige, a saber, la supremacía de lo individual, del “sálvese quien pueda y como pueda”.
No obstante, estas realidades, que definitivamente exhiben la crueldad y el ilimitado afán de lucro y dominio de élites minoritarias, donde también es justo incluir al fundamentalismo religioso llevado a sus extremos, nunca fueron capaces de paralizar la economía mundial y convertir a la mayoría de las naciones en lúgubres espacios desolados y tristes.
La pregunta es para qué nos sirve ahora, en medio de esta hecatombe global, la hegemonía de lo individual. De hecho, si una cosa ha puesto en evidencia el virus es la urgente necesidad de la cooperación constructiva de todos los sectores alrededor de unos mismos objetivos nacionales. La crisis no habrá de superarse con competencia, especulación, afán desmedido de lucro, corrupción oportunista e individualismo social.
La situación que sufrimos no puede autorregularse. La mano invisible no funciona donde los mercados han quedado reducidos a la comercialización de los productos indispensables para la población. Por tanto, una vez más, emerge el Estado como árbitro y salvador por excelencia.
En efecto, en esta especial coyuntura que viven unas 180 naciones del mundo, lo que parece funcionar es el buen juicio del Gobierno; su apertura a la colaboración con otras fuerzas partidarias y de la sociedad civil; la solidaridad humana auténtica; el mantenimiento de las medidas drásticas tomando en cuenta las deplorables condiciones de vida de cientos de miles de familias; la estricta observancia del distanciamiento social; la creación de las facilidades adicionales para la hospitalización y tratamiento de los enfermos graves, y la masificación de las pruebas para que la estrategia de aislamiento y contención sea más efectiva.
Junto a todo ello no pueden faltar las medidas y paliativos gubernamentales para aminorar los efectos económicos del desastre que ya ha incrementado el desempleo en el mundo en forma preocupante en apenas cuarenta días. Cientos de miles de millones de dólares han sido autorizados por las autoridades de las potencias mundiales para enfrentar la crisis que, en algunos casos, como lo es el de las economías más avanzadas de Europa, componen entre el 9 y el 18% del PIB.
En lo económico, enfrentar este demonio no es tarea fácil. Surgen preguntas sobre la inyección de estos recursos en la liquidez de las empresas. También respecto a la determinación de sus impactos en la neutralización del creciente desempleo, la protección del endeudamiento de las empresas y de las familias, y la garantía de continuidad del suministro de alimentos a la población. También causa cierto temor la liquidez del sistema bancario, especialmente en los países desarrollados. La UE introdujo ya una muy generosa dotación temporal de compras adicionales de activos netos por 120,000 millones mensuales hasta finales de año (seis veces más que la dotación actual).
En el caso dominicano, dada la magnitud y gravedad de los impactos actuales en la industria manufacturera, comercio minorista, MiPymes, actividades informales, inversiones en activos (infraestructura, recursos inmobiliarios, maquinaria y equipamiento), remesas procedentes de nuestro principal mercado (los Estados Unidos), turismo (que de prolongarse por tres meses la crisis se reduciría a nivel regional en 25%-Cepal), zonas francas y familias, el Gobierno debería reforzar, ampliar y perfeccionar las medidas en ejecución, al mismo tiempo que pondera alternativas para evitar una crisis económica ex post -inflacionaria, cambiaria y crediticia- de gran envergadura.
El apoyo social debe perfeccionarse y ampliarse, lo mismo que la asistencia al sector agropecuario que en estos momentos es la principal fuente de suministros de alimentos a la población. Es importante también extremar las medidas de supervisión de las instituciones que cargan sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de la asistencia social masiva, detectando y castigando -no solo destituyendo- ejemplarmente a quienes incurran en actos de corrupción o acciones reñidas con el ordenamiento jurídico nacional.
Del mismo modo, el Gobierno debe estar alerta y poner límites claros a la oligarquía financiera predominante para neutralizar oportunamente cualquier intención de pescar en río revuelto. Finalmente, debe ser más abierto a la cooperación con políticos y expertos de la oposición y sociedad civil. Estos son momentos en los que deben prevalecer la solidaridad, el desprendimiento, la amplitud de la colaboración sectorial y la mayor eficacia y rentabilidad social y económica de las decisiones.
Si bien es cierto que no existe un abordaje perfecto de esta crisis que pueda salvarnos completamente de las pérdidas de producción, ingresos, ganancias, empleos y dificultades adicionales para cumplir con nuestros abultados compromisos por deuda externa e interna, no menos cierto es que, en situaciones de crisis extremas, las mejores soluciones suelen provenir de las voluntades mancomunadas de la nación, sin imposición alguna de banderías políticas.