En el contexto del estudio “Suficiencia y sostenibilidad de las pensiones en República Dominicana”, realizado en el marco de las actividades académicas del Observatorio de la Seguridad Social (OSES) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a cargo de un selecto grupo de colaboradores nacionales y de consejeros internacionales, bajo la coordinación de la suscrita, como parte del mismo se llevó a cabo un análisis de las posturas o posiciones de actores con incidencia previsible en el régimen contributivo de pensiones. A la fecha el único régimen de financiamiento vigente en el país, que cubre fundamentalmente a trabajadores con dependencia laboral, esto es, asalariados públicos y privados y se financia con el aporte de éstos y la contribución de sus empleadores, sin participación directa del Estado en los aportes y contribuciones.
Uno de los resultados de la consulta dirigida a líderes y representantes de actores consultados (órganos rectores del sistema de pensiones y gobierno en general, organizaciones empresariales, organizaciones de trabajadores, entidades civiles sin fines de lucro, organización académica y consultores), en general, constata la preocupación por el devenir del sistema; aceptándose, en primera instancia, en forma prácticamente generalizada la necesidad de una reforma amplia e integral de la Ley 87-01, de entrada en vigencia en el 2003 para efectos de pensiones.
No obstante, las divergencias sobre aspectos específicos en torno a los cuales debería girar tal reforma en cuanto al sistema de pensiones, están por encima de las convergencias en el sentido y orientación necesarios para llegar a acuerdos.
La imprescriptibilidad de derechos es la expresión que recibe la mayor ponderación positiva por el conjunto de actores, que se corresponde con el atributo de equidad e igualdad en el acceso a pensiones.
Mientras que, el mayor antagonismo corresponde con la propuesta de una estructura mixta de sistema de pensiones.
Las centrales sindicales, con el aval de organizaciones privadas sin fines de lucro, en el anteproyecto depositado en el Congreso Nacional, plantean un sistema de pensiones basado en: a. un régimen obligatorio bajo la modalidad de reparto, a ser administrado por el Ministerio de Hacienda; y b. un régimen de carácter voluntario por ahorro individual, bajo el manejo de las Administradoras de Fondos de Pensiones Voluntarias (AFPV) que podrían ser de carácter público o privado.
Otros aspectos, como los relativos a la tasa de cotización y a la edad legal de pensión por vejez, que están en el centro de la discusión de las reformas legales de pensiones a nivel mundial, aparecen como expresiones controversiales, en especial la última, en las cuales no pareciera vislumbrarse coincidencias entre actores interesados.
En síntesis, la reforma de la Ley 87-01 reclama, por un lado, un debate informado de calidad; y, por el otro, el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 13-20 (Art. 29), cuando a la letra indica “a partir del mes de septiembre del año 2020, se iniciará el proceso de revisión y estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, del 9 de mayo de 2021, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social”.
Ciertamente, la discusión pudo aplazarse unos meses en razón de la incidencia de la pandemia del Coronavirus (COVID-19, por sus siglas en inglés). Pero es tiempo ya de retomar las decisiones de largo alcance.
Más allá de situaciones específicas que atañen al régimen de financiamiento vigente, es urgente ampliar la mirada y adentrarse en aspectos, tales como la dinamización y regulación del mercado de pensiones y la incorporación de amplios segmentos de población que permanecen fuera del derecho a pensión.
El diálogo social pareciera ser el mejor instrumento para que las demandas de la ciudadanía, manifiestas y latentes, aun de forma silenciosa y sin llegar a cobrar fuerza a nivel de movilización política, puedan atenderse de forma oportuna y resolverse por medio de instrumentos de la vida democrática.
La vocación de escucha de la Comisión Bicameral de la Seguridad Social podría ser el signo que marque la diferencia en una discusión legislativa que conduzca a una reforma social del sistema de pensiones desde la perspectiva de mejoras en los principales atributos de las pensiones con repercusiones en la situación, condición y calidad de vida de las personas. Esto es, suficiencia y sostenibilidad, que atiendan a criterios de equidad e igualdad en el acceso a pensiones.