Una vez entrara en vigencia el actual Código Procesal Penal en fecha 27 del mes de septiembre del año 2004: el ministerio público contaba con la adecuada y suficiente preparación para asumir la dirección de la investigación? Estaban disponibles para su uso efectivo los llamados localizadores electrónicos? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en su condición de auxiliares del ministerio público, contaban con los equipos y preparación necesaria para llevar a cabo las investigaciones que permitieran dar un uso exitoso a las pruebas como lo demanda el Sistema Acusatorio? Los jueces estaban formados en el conocimiento de las formas y procedimientos que utiliza la Delincuencia Organizada para ejecutar sus crímenes? No sé a ustedes estimados lectores, pero, a mi me parece que no.

Me surgen estas interrogantes, en razón de que he vuelto a percibir con preocupación las reacciones de las autoridades dominicanas, como consecuencia de los hechos de sangre que cada día se manifiestan, las cuales poseen causales que van en distintas direcciones, sin embargo, los miembros del sistema enfilan “bajo presión popular” en la búsqueda de algunas medidas de rápido alcance: cancelar o suspender al juez que  soltó al delincuente, desmeritar al fiscal que no acusó, despedir al policía de menor grado que incurrió en un error, modificar la ley para “aumentar las penas” o hacer operativos mágicos en los cuales se apresan hasta 100 consumidores de drogas en un día y ocupan “cuchucientas” armas de fuego, cayendo con ello en el populismo penal.

En una isla como esta, resulta fácil buscar culpables en un escenario “cundido” de improvisaciones estructurales, y no, de una vez por todas, asumir el compromiso de ser “dueños de la previsión”, regalándole con ello a esta Patria del que vende naranjas, del platanero, del vicioso con derecho a reeducarse, del comerciante, del empresario y de nuestros queridos hijos, una estructura penal fortalecida y preparada para encarar los retos a que nos somete el crimen organizado, el cual no descuida su preparación y que invade insistentemente nuestro derecho a la seguridad pública.

Estamos frente a normativa procesal penal con profundos avances no sólo en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales, en especial el que corresponde a la libertad individual, sino en el área de la investigación y justa valoración de las pruebas, que era lo que veníamos reclamando durante años, sin embargo, las estructuras que tenemos para la aplicación del mismo le siguen quedando bastante cortas al código. Entonces, estaremos obligados a volver atrás a través de una revisión mediática del código sólo por el hecho de que nuestros organismos no se encuentran idealmente preparados para sostener la buena ejecución de dicha normativa, después de casi 8 años de aplicación del mismo?. Y la policía técnica? Bien, gracias.

El populismo penal es la tendencia que nace del hígado o el páncreas de las autoridades en ocasión al incremento de la inseguridad por parte de la pendejos de la población y el recrudecimiento de los fenómenos delictivos, de realizar acciones simples, rápidas y supuestamente eficientes, que esencialmente buscan incrementar las penas de quienes cometen un delito y magnificar los resultados de los operativos de las policía y organismos castrenses para demostrar que sí se está atendiendo el problema, sin embargo, lo único que hacen con ello es extender la problemática en el tiempo, dejando un peor escenario delincuencial para nuestros hijos, y lo más importante, sumar simpatías y votos de temporada para el partido de turno. Ma bueno que e´ así!

Tenemos muchos jueces, fiscales y oficiales serios e íntegros, los cuales están llamados a especializarse a profundidad con el apoyo a ultranza del Estado, con el objetivo de crear los juzgados penales especializados no sólo en narcotráfico y delitos económicos, sino en los diferentes tipos penales, sin olvidarnos de la aplazada creación de la policía técnica,  otorgándoles a la vez a través de una Ley, la protección efectiva de por vida para ellos y sus familias, esperando que para esto “no nos coja la noche nuevamente o se nos vaya la guagua”, como generalmente sucede.

Por último, me permito citar este ejemplo a modo de indicio de la sonada reforma penal: la recién creada comisión presidencial para trabajar la reforma policial está integrada de manera principal por el Procurador General de la República, el Ministro de Interior y Policía y el Jefe Policial. Entonces, responden estos dos últimos funcionarios a una verdadera revolución de la policía como auxiliar del ministerio público dentro una reforma penal integral? Acaso no fue el actual Jefe de la Policía que se esmeró públicamente para que sacaran de cuajo de la nueva Constitución la creación de la Policía Tecnica Judicial? Qué papel juega el Ministro de Interior y Policía? Cual ha sido su experiencia en estos menesteres? Presidente, manos a la obra, pero, despierte “de por Dios”. Qué gran responsabilidad la del Procurador!