Haciendo un análisis de la situación política imperante en República Dominicana, de cara al venidero proceso electoral del próximo año 2020, vemos que hoy, más que promover las candidaturas, lo que se observa en el escenario político es una amplia discusión de la posibilidad, o no, de hacer una reforma constitucional.
Para ilustrarlos mejor en relación con el tema, me referiré a algunas de las opiniones vertidas por juristas, diputados, políticos y otros ciudadanos. Muchos de los que defienden la potencial reforma constitucional, alegan que los límites del Transitorio Vigésimo de la Constitución violan los derechos fundamentales al presidente de la República, porque genera una desigualdad, con la que ese sector político estuvo de acuerdo, toda vez que esta constitución se reformo con la única intención de habilitar al presidente Medina a un segundo período.
Otros juristas opinan que no hay nada malo en reformarla, siempre y cuando, se respete el propio procedimiento que prevé la Constitución.
Los juristas que defienden la tesis de que la Constitución no debe ser tocada y mucho menos, con la única intención de tratar de prologar un periodo presidencial, alegan que en el sistema democrático dominicano “la desigualdad para los presidentes es un control racional del poder”. “La prolongación del período del gobernante en el poder es conducente a constituciones puramente semánticas; si la Constitución dominicana permite una reforma para la prolongación del gobernante, sería una cosa que no se puede calificar como Constitución normativa”.
Otros opinan que una reforma a la Constitución para prolongar un tercer mandato del presidente Danilo Medina “equivaldría a un golpe de estado constitucional” ya que se violarían los límites temporales al ejercicio del poder del sistema democrático republicano que diseña la propia Constitución y agregan que “cambiar las reglas al final de un período no responde a ninguna razón, que no sea la perpetuación en el poder”. “Si se reforma la Constitución para prolongarse el poder, se convertiría en un golpe de Estado constitucional”.
Pero además de los Juristas, escuchamos otras voces, quizás tanto o más “calificadas”, puesto que fueron parte de los “honorables” legisladores en el proceso del último cambio constitucional, que permitió un segundo período al presidente Medina e introdujo el transitorio, que hoy se quiere eliminar.
El Diputado Manuel Diaz, coincidiendo con los que alegan que la constitución se puede modificar, siempre que se respete el procedimiento que prevé la propia Constitución, en declaraciones a los diarios, precisó: “Ya están los votos y si no están se van a conseguir, porque al Gobierno no se desafía” y al ser abordado sobre cómo se van a conseguir los votos para reformar la Constitución, Manuel Díaz respondió: “Usted no es ninguna tonta ni es suiza…usted sabe aquí los mecanismos que se usan…el poder es el poder, y el poder no se desafía…ya le dije”, insinuando que podrían comprarlos, dejándolo más claramente establecido, al ser entrevistado por el programa El Sol de la Mañana, cuando dijo que ha conversado con varios Diputados, que se están cotizando y que podrían apoyar la reforma. “A confesión de parte, relevo de pruebas”
Considerando la experiencia del Diputado Manuel Diaz de 18 años en la Cámara de Diputados, nos queda claro que aún no están los votos, que para lograrlos se incurrirá en un ilícito, como es el soborno o el chantaje y como todo lo que tiene como punto de partida un ilícito, o sea algo ilegal, necesariamente su resultado es ilícito, ilegal e inconstitucional; por lo que dicha Reforma Constitucional, seria ilícita, convirtiéndose en un Verdadero Golpe de Estado, pero… Inconstitucional.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, a nadie le debe sorprender que, ante la posible Reforma Inconstitucional, las organizaciones sociales y sindicales, los partidos de oposición, los líderes políticos o la propia sociedad civil, llamen a una desobediencia civil, que genere una crisis de gobernabilidad de magnitudes y consecuencias insospechables.