Como es bien conocido, de los ingresos de cualquier ciudadana o ciudadano se hacen deducciones en una forma que puede considerarse que “se los sacan de los bolsillos”. En un caso al recibir pago por cualquier servicio o producto que transan como sueldos o ventas que pudiesen realizar. O por sólo comprar; podría ser una compra de alimentos por 3 mil pesos y solo por eso se paga más de 500 pesos. Son ejemplos del día a día de las recaudaciones del Estado y, para decirlo con una expresión popular, eso “respira en las espaldas”. Por lo que un tema central de la reforma es tratar de manera muy trasparente lo que ha sido y sobre todo lo que ha de ser el destino de las recaudaciones.
El Estado ofrece servicios públicos tan importantes como salud y educación o construcción y mantenimiento de las vías públicas o el alumbrado público; así como la gestión del tránsito o más relevante aún, la seguridad ciudadana. Servicios públicos tan importantes como los de salud y educación han sido de tan baja calidad que la población que los utiliza en su gran proporción se encuentra entre la pobreza y la indigencia. Y el 2% que concluye 12 años de escolaridad aun así es tan bajo nivel de aprendizaje que no asegura al menos un empleo digno. Los servicios públicos de salud por igual han tenido una más que conocida precaria calidad. En la seguridad ciudadana son de muy poco alcance las acciones regulares de prevención, y cuando se atenta contra la integridad física y las pertenencias, lograr la reparación de los daños o justas sanciones, es una odisea.
Lo referido tiene el propósito de que se entienda que el destino de las recaudaciones en cuanto a la calidad de los servicios públicos ha de ser parte fundamental en relación a las perspectivas de la reforma fiscal. Se entiende que el Estado tiene urgencias como el gran volumen de la deuda que si no se da una respuesta de fondo, puede tener muy serias consecuencias económicas y sociales, pero elevar la calidad de los servicios públicos es ya inaplazable comprendiendo además de que no es solo un problema financiero.
La sociedad ha alcanzado una gran conciencia respecto a la transparencia en la gestión del Estado 60 años después del fin de la dictadura de Trujillo; período en el cual ha sido más que evidente, traumática, la corrupción pública; por lo que como respuesta la reforma fiscal ha de estar asociada además con la mejoría sustancial de los servicios públicos.