Es evidente que la introducción de reformas fiscales en la dinámica económica de la nación no ha contribuido en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; por el contrario las mismas inciden directamente en una reducción del poder adquisitivo deteriorando las condiciones de habitabilidad.
Sin embargo existen otro tipo de reformas y trasformaciones que impactan de forma estructural los cimientos de la nación, repercutiendo en la raíz de los problemas que nos han acompañado durante las últimas décadas.
Los últimos acontecimientos certifican la necesidad de producir una reforma importante en el territorio que organice el escenario en el cual se pondrán en operación todas las políticas públicas, que propicien nuevas oportunidades para las grandes mayorías, basado en los recursos que posee cada emplazamiento a nivel nacional.
La ausencia de instrumentos que incidan en las dinámicas territoriales locales con repercusiones nacionales, no permite la integración efectiva entre los distintos niveles del aparato gubernamental para procurar el bien común.
Numerosos documentos señalan la necesidad de conducir transformaciones en el marco territorial dominicano; una variedad de piezas legales, estudios, planes y proyectos realizados tanto por entidades gubernamentales como por organismos multi-laterales, "muestran la necesidad de diseñar un nuevo marco jurídico para el ordenamiento territorial a todos los niveles (nacional, regional, provincial y local) que determine las acciones necesarias para garantizarlo" (Política social: capacidades y derechos ODH/PNUD 2010).
En una nación donde los "procesos históricos han dado lugar a un patrón no deseable de concentración del ingreso y de la riqueza, en estrecha relación con la ubicación geográfica y los recursos naturales" (Estrategia Nacional de Desarrollo 2010), se plantea "la necesidad de formular y ejecutar un plan de Ordenamiento Territorial" (Constitución de la Republica Dominicana 2010); en ese mismo sentido se evidencia "la ausencia de una legislación nacional sobre regionalización, zonificación o usos de suelo" (Notas de política. Banco Mundial 2010) las cuales deben ser diseñadas para garantizar una mejor distribución de las riquezas.
Una reforma al territorio permitiría encauzar los capitales y los recursos de acuerdo a las necesidades de cada emplazamiento, brindando nuevas oportunidades para cada territorio a fin de que sus habitantes puedan elevar sus capacidades en bien de sus comunidades.
De esta manera podríamos declarar la visión país expuesta por la Estrategia Nacional de Desarrollo la cual proyecta "un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa".