Los eventos meteorológicos registrados en la presente temporada ciclónica vuelven a evidenciar la fragilidad del conjunto de islas localizadas en el Caribe ante el aumento de una serie de fenómenos atmosféricos consecutivos que han superado los registros históricos. Aunque la República Dominicana no fue impactada directamente por estos eventos, los mismos han mostrado la destrucción sucedida en otras naciones, como un anticipo de lo que podría pasar en caso de no estar preparados.
A pesar de que las grandes naciones son las que más inciden en los efectos del cambio climático, las pequeñas islas son las más vulnerables debido al aumento en el nivel del mar y la proliferación de fenómenos atmosféricos como resultado de las altas temperaturas en el planeta. En tal sentido es oportuno reflexionar sobre la vulnerabilidad existente a lo interno de nuestra nación, con miras a disminuir los efectos negativos ante el posible impacto eventos similares.
Cuando se observan las características espaciales de nuestro territorio insular, se evidencia que el grado de vulnerabilidad se encuentra relacionado directamente con dos factores claves: el lugar que ocupamos y las condiciones de la infraestructura.
El lugar que ocupamos es el primer factor de exposición que condiciona el riesgo ante los eventos climáticos extremos. No es posible que en pleno Siglo XXI, un ciudadano pueda habitar o desarrollar sus actividades en cualquier lugar; sin restricciones al uso de un territorio, ni penalidades ante la ocupación fraudulenta de un espacio. La ausencia de controles efectivos sobre el lugar que ocupa la población incrementa el nivel de riesgo, atentando contra las vidas de aquellos que ocupa zonas de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante que los asentamientos humanos, las zonas de vocación agrícola que permiten garantizar la seguridad alimentaria y la infraestructura turística debido a su estrecha vinculación con toda la costa del país, sean localizadas tomando en consideración la ocurrencia periódica de eventos extremos.
Para enfrentar esta situación el imperio de la Ley debe reinar, a través de la coordinación entre las autoridades nacionales y municipales, de manera que se cumpla con preceptos legales básicos establecido en la Ley 305-68 que prohíbe todo tipo de construcciones en la faja de terreno de sesenta (60) metros paralela al mar, denominada zona marítima; o lo establecido en la Ley 64-00, como la prohibición de asentamientos humanos en cauces de ríos (Art. 110), la protección obligatoria de treinta (30) metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales (Art. 129), entre otras disposiciones legales. También se requiere determinar con precisión los lugares vulnerables con el fin de construir un mapa a nivel nacional que establezca las zonas no urbanizables; lo cual permitirá consolidar asentamientos humanos y actividades productivas en zonas de menor riesgo.
El segundo factor clave en esta ecuación hacia la disminución de la vulnerabilidad en nuestro territorio es la mejora y seguimiento a las condiciones de la infraestructura, ya sea de las viviendas, las vías de comunicaciones, la red energética, el sistema de presas o las edificaciones de carácter estratégico como las escuelas o los hospitales. De acuerdo al tipo de infraestructura se requiere de un mínimo constructivo y estructural que garantice la permanencia de las mismas ante cualquier evento de estas magnitudes.
A pesar de que el centro de los últimos fenómenos atmosféricos no ha impactado en el territorio nacional, el paso de los mismos por el Caribe nos recuerda lo vulnerable que somos ante este tipo de eventos y a la vez nos alerta a prepararnos de manera efectiva, antes de que sea demasiado tarde.