He seguido con mucho interés las distintas opiniones que se han suscitado respecto a una hipótesis, que a mi entender todavía es lejana, pero que, siendo una posibilidad, vale la pena analizarla. Me refiero a la cuestión de ¿qué sucede si no se pueden el celebrar las elecciones presidenciales y congresuales, el 5 de julio de 2020, y consecuentemente no pueda existir un cambio de las autoridades cuyo mandato concluye constitucionalmente el 16 de agosto de 2020?
Las opiniones de los distintos análisis jurídicos en el tema son interesantes y todas hacen un esfuerzo por interpretar y dar una solución de la manera que ellos entienden a la cuestión planteada anteriormente. En todo caso, creo que existe un consenso de que la Constitución Dominicana no prevé una solución jurídica a la cuestión planteada.
La razón es sencilla: el constituyente no previó un escenario en donde no se pudieran celebrar las elecciones en la fecha prevista, y tampoco previó que no habría cambio de autoridades elegidas. Con el agravante de que en el caso dominicano, el 16 de agosto de 2020, como dispone el artículo 274 de la Constitución, relativo al período constitucional de funcionarios electivos, tanto el Presidente, el Vicepresidente, así como los representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, terminarán uniformemente el 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional, con las excepciones previstas en esta Constitución.
En pocas palabras, la Constitución no previó excepción que implicase prorrogar el mandato de las actuales autoridades elegidas, cuyo período concluye y reitero, el 16 de agosto de 2020. Por lo anterior, considero que cualquier análisis para buscar una solución jurídica al respecto sería cuestionable. Pero además, obviaría, lo que para mi constituye la base primordial de un sistema democrático, que son las elecciones. Lo que me lleva a reflexionar sobre el valor económico y social que le damos los dominicanos a las elecciones.
Actualmente, estamos en un estado de emergencia, existen ciertos servicios que han sido declarados como esenciales, como ir al supermercado, farmacias, servicios eléctricos, servicios de telecomunicaciones entre otros. ¿No sería las elecciones una cuestión esencial, como los indicados anteriormente?
Me preocupa sobremanera, que la discusión jurídica a la cuestión planteada al inicio sea extemporánea, no necesariamente por el momento en que se lleva a la opinión pública, sino porque, todavía en la opinión pública no se ha desatado un debate de los cambios que hay que realizar para lograr realizar unas elecciones con suficientes garantías razonables para evitar un contagio del COVID-19. Creo que es posible, tal y como expondré más adelante. De hecho, me parece que actualmente, en determinadas circunstancias, constituye un mayor riesgo de contagio ir al supermercado (por lo menos las veces que he ido) que lo implicó haber votado en las elecciones el pasado 15 de marzo, aún sin las medidas preventivas obligatorias que hoy existen, como uso de mascarillas (en mi caso, cuando voté utilicé guantes y mascarillas).
En términos de la discusión planteada entiendo que cualquier posible respuesta que se trate de dar desde la óptica constitucional y su interpretación jurídica sería de dudosa legitimidad y legalidad ante la falta de previsión expresa del constituyente, y la inexistencia de un orden de sucesión en el escenario del Presidente, Vicepresidente, y de los congresistas. Por eso creo, que la posible solución debe emanar de un pacto social, con las actuales autoridades, partidos políticos, empresarios, iglesias, sociedad civil, órganos constitucionales, universidades, en fin permitir que exista la mayor representatividad social posible para mediante un consenso buscar una solución, ante esa posibilidad, que insisto, debe ser la última alternativa, si no se pueden realizar elecciones que permitan el cambio de las autoridades para el 16 de agosto.
Retomo mi interés en la reflexión sobre el valor de las elecciones. Hubiera preferido que la discusión se centrara en planificar y revisar como el COVID-19 ha cambiado al mundo y por supuesto la manera de celebrar las elecciones.
Pensar en celebrar unas elecciones como las del 16 de marzo es ilusorio y no es factible. El COVID-19 cambió eso. Por ello, el mecanismo de organización de las próximas elecciones debe ser repensado. Evidentemente, esa reflexión parte del valor social y económico a las elecciones. Sólo por mencionar un ejemplo de elecciones en medio de una emergencia sanitaria, la pandemia de la gripe española en 1918, los Estados Unidos de América celebraron elecciones y hubo cambio de autoridades; en España, también hubo elecciones ese mismo año, y en Brasil por igual.
Una de las fortalezas de un sistema democrático recae en las elecciones y alternabilidad de las autoridades. Sin elecciones no tenemos esas garantías y sin esas garantías se puede promover una fragilidad en la democracia y sus instituciones públicas y privadas. Creo que estos tiempos pueden ser una oportunidad para relanzar nuestro sistema democrático y la mejor manera sería tomando todas las previsiones y garantías razonables posibles para que se celebren unas elecciones seguras, que prevean y mitiguen al máximo el riesgo de contagio al COVID-19.
Aquí me permito presentar algunas ideas para el debate que pudieran permitir celebrar las elecciones con cierta seguridad y garantía de salubridad a los ciudadanos que decidan ejercer su voto bajo estas circunstancias:
- Revisión de la votación en un día y elecciones regionalizadas (por provincias o regiones). Al respecto se pudiera evaluar realizar elecciones escalonadas (en varios días). Esto implicaría una revisión a la norma electoral.
- Uso obligatorio de mascarillas y guantes. Esto lo debería proveer la JCE, para todo aquel que lo requiera.
- Revisión de la comprobación del voto por medio de huella dactilar.
- Extensión del horario de votación.
- Delimitación de votantes por género femenino o masculino, edades y hora.
- Disminución de cantidad de votantes por colegios electorales.
No soy experto en cuestiones electorales, por lo que estoy seguro que existen muchísimas otras alternativas y cuestiones que se pueden plantear para preservar la democracia. Ahí debe radicar la discusión. Prepararse para realizar las elecciones. Hasta el momento no he visto dicha discusión pública.
Las elecciones ante el COVID-19, cuando se celebren, implicarán un trauma para todos. Es previsible que haya alta abstención. Los políticos no pueden pensar en realizar una campaña masiva tal y como se hacia antes. También esta coyuntura beneficiara a unos y perjudicara a otros. Todo eso entra dentro de la realidad que estamos viviendo. Existe un precedente reciente de celebración de elecciones. Corea del Sur celebró sus elecciones bajo el COVID-19, el pasado 15 de abril 2020, teniendo una de las votaciones más altas en los últimos 25 años.
En todo caso, creo que esos sacrificios, al celebrar elecciones y elegir nuevas autoridades bajo el COVID-19 son necesarios y más beneficiosos para un sistema democrático, que desarrollar una teoría que implique una prórroga del mandato o realizar un pacto social, con lo difícil que ha sido entablar un diálogo honesto y sincero por encima de los intereses particulares en nuestro país.
La falta de celebración de estas elecciones sin un análisis profundo y realización de debidas diligencias que permitan su celebración con garantías de seguridad y salubridad (que eviten propagación del COVID-19 más allá de lo razonable) para los votantes pudiera ser más dañino para nuestra frágil institucionalidad y democracia que cualquier otra solución, aún sea un pacto social.
Evidentemente, que si existe un riesgo alto para la salud de lo votantes, lo primero que hay que proteger es la vida, en cuyo caso, la alternativa que propongo sería un pacto social. Por ello que entiendo prudente que se inicie ese diálogo lo antes posible, entre todos, para ante ese escenario, poco probable y que todos deseamos que no suceda, no impida que no exista una alternativa pactada. En ese caso, el mayor beneficiario sería la democracia y consecuentemente, el pueblo dominicano.
La vuelta a la “normalidad” (ya se inicia su discusión) no implicará volver a lo que teníamos antes del COVID-19, pudiera reforzarse con la celebración de unas elecciones ejemplares en términos de medidas de seguridad y salubridad. Ahora bien, si el valor que le damos a las elecciones no es esencial, entonces, no se debe esperar muchos cambios en lo inmediato en nuestras instituciones y democracia. Si se produce esto último, me invitaría a una profunda reflexión sobre el sistema que tenemos y al valor que tienen las elecciones en el mismo como activo social y económico en la sociedad.
Aprovechemos esta oportunidad para luchar y fortalecer nuestras instituciones y sistema democrático celebrando unas elecciones. La JCE tiene una gran oportunidad. Ojalá no la desaproveche. Para mi, la celebración de las elecciones con todo el reto, traumas e implicaciones, sería lo más legitimo y democrático, siempre y cuando sea posible garantizar medidas de seguridad y sanitarias a quienes decidan ir a votar. De existir las mismas, yo sería uno de los que iría a cumplir con mi deber.
De momento creo que si se siguen protocolos y hacen los ajustes y reforma al sistema electoral se pueden organizar unas elecciones con las características indicadas anteriormente. Para ello, todos debemos involucrarnos. Sigamos trabajando y juntos podemos celebrar elecciones y sobrepasar el COVID-19.