Un ejercicio bien complejo es el de tratar de descifrar las razones de algunas candidaturas. Como, por ejemplo, el qué pudo existir hace años en la mente de la dirigencia de un partido al reservar una diputación para premiar la conducta pública de un señor acusado de abuso sexual contra una menor y contra el cual sus colegas en la cámara nada hicieron para sancionar esa violación de la ley. Causa escalofrío pensar que esta agresión contra el buen sentido no llegó a materializarse sólo por el escándalo mediático que ella provocara.
Ni hablar de la espantosa selección de otro diputado reservado para la candidatura a la sindicatura de Santiago, con una deprimente hoja de incumplimiento en sus obligaciones legislativas, a cuyas sesiones no asistía pero sí cobra el salario, con la deplorable explicación del uso de ese dinero en un zoológico privado. Y qué podía pensarse de la nominación de otro legislador vinculado a un tráfico de personas a través de la frontera, delito por el cual cumplió condena en el 2005.
En un partido se peleaban por la postulación de un síndico, hoy se le llama alcalde, que llevaba doce años en el cargo y que en los seis para los cuales deseaba quedarse en el 2010 difícilmente podía hacer por Santiago lo que no había hecho en todo ese largo ejercicio salpicado de cuestionamientos.
A todos los vicios y defectos del quehacer político partidista se agrega la práctica de reservar candidaturas para permitir lo que se ha definido como oportunidad para “figuras notables”, lo que pudiera implicar que los demás simplemente no lo son. Cubiertos por ese paraguas se resguardan muchas iniquidades, la más odiosa de las cuales es la de atraerse apoyo a cambio de posiciones, como si la política fuera en realidad lo que la mayoría de dominicanos piensa de ella: un mercado de canonjías y encubrimiento, impropios de una democracia.