Las elecciones y las reelecciones tienen como propósito que el pueblo elija las personas que desempeñen los puestos que conforman los poderes del Estado, por ende,  representan el primer escalón del proceso democrático. No obstante, la mayoría de los dominicanos entienden que al votar termina la democracia y los políticos confirman esta creencia al olvidar sus ofertas electorales. Una de las grandes discusiones de cada 4 años en el país es la reelección presidencial inmediata y los presidentes como la “gatica de María Ramos” hacen lo impensable para mantener el poder. En PROYECTA sabemos que la decisión final es impuesta por los poderes estatal, económico e internacional. Sin embargo, si respetáramos la Constitución las reelecciones deberían  seguir reglas, además se debería considerar el grado en que los mandatarios, porque para eso fueron elegidos, satisficieron los derechos básicos de la población. Para determinar el grado de cumplimiento expondremos un método de evaluación relativo a los propósitos de la Democracia. 

La democracia es una manera de organizar una sociedad en la cual los derechos humanos individuales representan el gran objetivo a satisfacer, para esto se establecen las funciones en un Estado, se eligen las personas para un Gobierno y entregan recursos para una gestión que satisfaga esos Derechos Humanos. Este proceso queda establecido en la Constitución y Leyes. En consecuencia para determinar una posición sobre las reelecciones, además de observar la Constitución, es conveniente evaluar el grado positivo o negativo en que los elegidos cumplieron con el objetivo. Alternar personas en los puestos es una característica de las democracias reales para impedir que múltiples reelecciones conviertan la democracia en gobiernos despóticos, como ha sido en el país.

Nuestra historia “Republicana” se ha caracterizado por dictaduras: Santana, Báez, Lilís, Trujillo y Balaguer.  Luperón (10 meses) y Bosch (7 meses) han realizado gobiernos con tendencia liberal, los demás, no obstante el crecimiento físico urbano, han mantenido estructuras semi feudales que responden a poderes oligárquicos. Estas reelecciones, han impedido que la población reciba los beneficios de la Democracia.   

Algunos de los argumentos para justificar las reelecciones:

El presidente necesita más tiempo para completar la gestión, si el asunto es tiempo hemos tenido gobernantes  por 4, 8, 10, 12, 31 años y el atraso se agrava.

Que el  presidente tiene gran aceptación, pero Lula en Brasil y Bachelet en Chile tuvieron altos porcentajes de simpatías pero respectaron la Institucionalidad.

Que el presidente debe completar su plan, ¿cuál plan?

La aspiración de mantenerse en los puestos públicos obliga principalmente al presidente a gobernar sin una dirección establecida (plan),  complaciendo intereses grupales contrarios al bienestar colectivo, pero dispuesto a imponer las reelecciones.

En la actualidad para justificar o no las reelecciones, además de respectar la Constitución, como señalamos al principio, es pertinente realizar una evaluación de las gestiones: presidencial, congreso, municipios, determinando de forma general:

El grado de cumplimiento con los derechos humanos asignados por la Constitución a la ciudadanía.

La manera en qué se utilizaron los recursos presupuestarios

Los resultados, es decir,  si disminuyeron o aumentaron los problemas : desempleo, altos beneficios de la intermediación, la banca, alto costo de la vida, electricidad, precariedades del agua, inseguridad ciudadana, desorden con Haití, índices de salud, formulación Plan Ordenamiento Territorial, recursos públicos distribuido por regiones, entre otros.

Los resultados de este análisis  deberían ser los fundamentos determinantes para proponer o no las reelecciones,  pero los  “pero los sueños…” en la jungla se impondrán la prepotencia, la fuerza, la impunidad y el desconocimiento.

La posición a futuro de PROYECTA es fundamentado en un Proyecto de Nación respaldado por una fuerte Institucionalidad, el periodo presidencial sea de 5 años y una reelección inmediata. Además limitar a un número determinado las candidaturas a otros puestos públicos.