“El impulso hacia el poder tiene dos formas:
explícita en los caudillos; implícita en los secuaces¨.
Bertrand Russel.
El segundo caso que analiza “Too much” es el de Perú con Alberto Fujimori electo Presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y congresuales de 1990. Su lema: “Honradez, Tecnología y Trabajo” y lo de andar montado en un tractor se recuerda de su campaña. La falla generalizada de las encuestas y los votos de la izquierda peruana “para que no ganara la derecha” son joyitas que han quedado en algún almanaque.
A nivel congresual ningún partido obtuvo mayoría absoluta, tampoco “Cambio 90” de Fujimori, la constitución vigente era la de 1979 que prohibía la reelección.
En 1992, Fujimori anunció al país de la necesidad de una reforma constitucional y eligió el camino de la eficacia política, nada más fácil para conseguirla que clausurar el Congreso, asaltar el Poder Judicial y el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la contraloría. Fue el “Autogolpe de 1992”.
Producto de la presión internacional, el reeleccionista del Rimac debió convocar a un Congreso Constituyente de 80 integrantes que propuso el texto constitucional que debía ser sometido a referéndum y que los peruanos aprobaron en octubre de 1993 con 52,9% de votos a favor y 47,1% en contra. Entre lo nuevo de la nueva Constitución: pena de muerte para delitos terroristas y, por supuesto, la reelección presidencial inmediata “por un solo período¨.
El proceso no forma parte de aquellos que pudieran llamarse democráticos. El diálogo político que antecedió a la convocatoria para el Congreso Constituyente logró casi como único objetivo dividir a los opositores. El resultado del referéndum, conseguido con el uso de los recursos públicos, fue más estrecho de lo que se esperaba y anunciaba lo que pasaría algunos años después.
Fue reelegido para el período 1995-2000 de acuerdo con la Constitución de 1993.
Como “una no es ninguna” y en Perú las cosas se hacen con tiempo, en 1996 se iniciaron las maniobras para que Fujimori pudiera postularse para un tercer período en el 2000. El recurso fue la promulgación de la llamada “Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución”. En esa ley Fujimori se autorizaba a si mismo para optar a un nuevo período con el argumento de que su primera elección en 1990 no se debía contar pues la Constitución de 1993 no estaba vigente y regía la de 1979. El reino de los equivocados.
Seis meses después de la promulgación de la ley se presentó un recurso de inconstitucionalidad y siete de los ocho miembros del Tribunal Constitucional en audiencia pública determinaron por cinco votos a dos la inaplicabilidad de la ley. Como para declarar su inconstitucionalidad se requerían siete de los ocho, unos meses después fue solicitada una nueva votación. En esta segunda ocasión el intento logró cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que la ley fue declarada nuevamente inaplicable.
Pero Fujimori no era fácil. Se constituyó una Comisión Investigadora en el Congreso donde el presidente contaba con mayoría y, para no alargar el cuento, fueron destituidos tres jueces del Tribunal Constitucional.
En las elecciones del 2000, para las que “claramente” Fujimori estaba habilitado pues así lo establecía la ley de “Interpretación Auténtica de la Constitución” obra de arte de los expertos constitucionalistas peruanos, venció a Alejandro Toledo. Pero todo acabó cuando todos los procesos judiciales determinaron que quien había coordinado los trabajos reeleccionistas había sido Vladimiro Montesinos quien se encargaba de sobornar a políticos contrarios a Fujimori y de pagar a los “periódicos chicha”, medios que cambiaron su línea editorial por paga.
Por la crisis del 2000 se debió recurrir a la OEA, organización que nombró como su secretario permanente en Perú al ex canciller dominicano Eduardo Latorre.
El resultado de la aventura -hablando solamente de la “reelección” pues se omiten las condenas por violaciones a los Derechos Humanos- se puede sintetizar así para los dos protagonistas que no podían perder la “elección” y que podríamos identificar como “tendencias de mediano plazo”: los resultados finales de estos procesos hay de buscarlos en las sentencias judiciales:
Alberto Fujimori (reelecto):
Seis años de cárcel y dos años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad por haber participado en calidad de inductor en el allanamiento de la residencia de Trinidad Becerra (ex esposa de Vladimiro Montesinos) para recuperar los “vladivideos”. De acuerdo con la sentencia el inculpado Fujimori no podrá ejercer ningún cargo público y deberá pagar una reparación.
Siete años de cárcel por el pago de US$15 millones a Montesinos como Compensación por Tiempo de Servicios. Fujimori defendió su inocencia declarando que Montesinos lo amenazó con un Golpe de Estado.
Seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima del espionaje telefónico, por los casos de los congresistas tránsfugas y por el espionaje a la oposición.
Ocho años de cárcel por haber desviado S/.122 millones de las Fuerzas Armadas para comprar la línea editorial de algunos medios prensa en favor de su campaña reeleccionista del año 2000. (Su hija Keiko Fujimori, defendió la inocencia de su padre pero admitió que “se compraron titulares”).
Vladimiro Montesinos (Coordinador):
Tres años de cárcel por soborno por US$ 50,000 al directivo de Canal 9 Julio Vera Abad y Hurtado Miller, quien recibió de manos del condenado 250 mil dólares de los fondos del Estado como aporte para financiar su campaña a la Alcaldía de Lima en 1998.
Ocho años de cárcel por pago, para esos mismos fines, de US$25.000 al alcalde de Miraflores Luis Bedoya de Vivanco.
Ocho años de cárcel por el pago a Laura Bozzo de publicidad en su programa de Televisión para el apoyo a la reelección.
Nueve años de cárcel por conspiración para dar golpe de Estado.
Ocho años de cárcel por la anulación de la nacionalidad de Baruch Ivcher (Empresario de TV que no aceptó los sobornos).
Seis años de cárcel por el caso Edmundo Huamán Azcurra (camarógrafo que hacía las grabaciones de los “vladivideos)
Diez años de cárcel por corrupción de Magistrados.
Seis años de cárcel por el caso “Vladipolos”, utilización de recursos públicos para la propaganda de la reelección (también otros siete políticos fueron condenados a cuatro años por este mismo delito).
Seis años de cárcel por el caso de soborno al juez García Marcelo.
Cinco años de cárcel por el delito de tráfico de influencias al haber favorecido judicialmente al empresario de televisión, Genaro Delgado Parker. (De acuerdo al fallo, el tribunal comprobó que el acusado hizo gestiones a cambio de que el empresario sacara del aire al periodista César Hildebrandt quien dirigía un programa crítico al régimen de Fujimori en Global TV)
Ocho años de cárcel por pago a Borobio Asociados – Pago Sunat (Asesor de imagen de Fujimori).
Cinco años de cárcel por el pago de indemnización de US$15 millones en su beneficio.
Seis años de cárcel por el caso de Susy Díaz y el referéndum. (Se la denunció por recibir dinero para realizar un viaje personal a Arica, a efectos de no asistir a la sesión del Pleno que votaría el visto bueno legislativo sobre el Referéndum en contra de la Ley de Interpretación Auténtica en 1998)
Seis años de cárcel por el caso de las firmas de adhesión.
Siete años de cárcel por tráfico de influencias en el caso del abogado de Javier Corrochano. (ganaba todos los juicios)
Nueve años de cárcel por usurpación de funciones en el SIN.
Cinco años de cárcel por tráfico de influencias por caso Jaqueline Beltrán.
Seis años de cárcel por Chuponeo telefónico (espionaje).
Seis años de cárcel por caso Víctor Malca Villanueva. (ex ministro acusado de rebelión por apoyar el autogolpe de 1992).
Cuatro años de cárcel por pagos al astrólogo Héctor Faisal.
Ocho años de cárcel por pagos a medios de comunicación (Prensa chicha).
Cinco años de cárcel por caso Ernesto Shutz Landázuri. (Acusado de haber recibido unos 10 millones de dólares de manos de Vladimiro Montesinos para apoyar, cuando era dueño de Panamericana Televisión, al gobierno de Alberto Fujimori)
Siete años de cárcel por el Archivo de la investigación del primer “vladivideo”.
Quince años de cárcel por pagos a canales de televisión.
Cosas peruanas, digo yo.