La ley de Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año constituye la prueba fehaciente que la élite política que dirige el Estado concibe los recursos públicos para beneficios particulares y personales y no para ser destinados al bien público o colectivo.
Al analizar las ejecuciones de enero a septiembre del presente año 2014, podemos comprobar nuestra aseveración de que cada año la política presupuestaria definida es clientelar, deficitaria y engañosa, sin políticas públicas que respondan realmente a las demandas sociales de las comunidades, al Bien Común.
Tomemos el presupuesto aprobado a la Presidencia de la República, que en el 2014 alcanzó la suma de 43 mil millones de pesos y que al 30 de septiembre ha ejecutado un monto de 29 mil millones, equivalente al 62 % de lo presupuestado.
El 53 % de lo ejecutado, equivalente a un monto de 15 mil millones, representan transferencias que hace la Presidencia a diferentes instituciones y dependencias directas de la misma.
Así, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que dispone de una ¨caja chica de 4 mil 922 millones¨ para ser usada a su discreción, ha distribuido sin especificar el gasto a que es destinado la suma de Un mil 659 millones, entre los que se destacan 584 millones al IAD; 252 millones al ministerio de Defensa; 250 millones Interior y Policía; 205 millones al INDRHI; 128 millones al ministerio de Salud; 51 millones al ministerio de Obras Públicas; 46 millones al de la Mujer; 35 millones a Agricultura, entre otros. Reparto personalizado, no institucional.
Igualmente, la presidencia ha transferido 694 millones a diferentes ONG’s, correspondientes a las áreas de: Asistencia Social, 297 millones; Religiosas, 293 millones; de Educación, 48 millones; de Salud y de Cultura 22 millones, respectivamente; entre otras.
Entre las mismas se destacan las Fundación Juan Bosch (PLD), Fundación José Francisco Peña Gómez (PRD) y la Fundación Joaquín Balague (PRSC) con 12 millones cada una. Puro clientelismo.
Dentro de las dependencias directas, se encuentra el Gabinete de Política Social con una ejecución de 9 mil 938 millones, que representan el 35 % del total ejecutado por la presidencia, siendo las mayores partidas, el programa Comer es Primero, con un monto de 5 mil millones; subsidio GLP Hogares, Un mil 657 millones; Subsidio Bono Luz, Un mil 183 millones; Progresando con Solidaridad, 608 millones; Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), 529 millones; Subsidio GLP Transporte, 456 millones; y ayuda a Envejecientes, 313 millones.
Otras dependencias que han recibido transferencias, están la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con un monto de 3 mil 308 millones; CONANI, 563 millones; DNCD, 533 millones; Despacho de la Primera Dama, 455 millones; DNI, 381 millones; PROMIPYME, 18 millones 800 mil pesos.
En definitiva, para entender cómo es que el gobierno dispone de los recursos públicos basta comparar los 455 millones ejecutados por el Despacho de la Primera Dama, de enero a septiembre, con el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) que ha recibido 143 millones, o con los 432 Centros de Salud de la Región 0 (DN, SD, MP) que han recibido la suma de 359 millones; o con los ministerios de Administración Pública 352 millones, Energía y Minas 351 millones, de la Mujer 302 millones, Juventud 275 millones.
Por todo lo anterior y muchas cosas más el presidente ha postergado el Pacto Fiscal, incumpliendo el mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone que a partir del 2015 se debiera iniciar el mismo. Sigue el gobierno debiéndose a la ley cuando le conviene. ¡Hasta cuando!