Estado y transparencia

Recuperemos el patrimonio público

Por Carlos E. Pimentel Florenzán

“El conocimiento del patrimonio público, de su composición, de su destino y su defensa, es un fundamento para combatir la corrupción que flagela buena parte de los Estados contemporáneos y especialmente de los mas pobres”

Desde la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, a la fecha, el patrimonio público ha sido apropiado por los diferentes grupos políticos, económicos, militares, religiosos y de personas de forma individual vinculados al poder.

Muchas familias han hecho fortuna a partir del patrimonio público y del Estado Dominicano. Es de todos conocido las apropiaciones de tierras, costas, playas, edificaciones, solares, en las zonas urbanas y extensiones de predios agrícolas en la zona rural.

¿Cuántas empresas públicas están en manos de familias oligárquicas y grupos empresariales? La compra-venta ha sido un hurto, un fraude, así como el traspaso de forma irregular; trasferencias que han promovido el enriquecimiento ilícito.

¿A dónde fueron a parar las empresas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)? ¿Qué pasó con los ingenios azucareros y los predios agrícolas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)? De igual manera nos preguntaríamos, por los muebles e inmuebles que poseía la familia Trujillo y ¿Cómo se han traspasado inmuebles desde el Banco Agrícola, el Banco de Reservas, el Banco Central y de otras dependencias públicas?

El Artículo 14 de la Constitución precisa que: “Son patrimonio de la Nación los recursos    naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo   jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico” los cuales son inalienables,  inembargables e imprescriptibles.

Además “el agua constituye patrimonio nacional   estratégico de uso público, esencial para     la vida”. “El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para       garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación”, porque constituyen bienes patrimoniales propios y perennes.

La ciudadanía debe velar por el respeto y ejercicio transparente de la función pública, así como del patrimonio público que es “el conjunto de bienes, impuestos, rentas, valores y derechos del Estado, destinados a la satisfacción de las necesidades sociales”,por eso es necesario que la Administración Nacional de Bienes Nacionales cuente con los planos catastrales de los inmuebles del Estado Dominicano, actualizado con información veraz, adecuada, oportuna y de fácil acceso para todos/as los ciudadanos/as. La ausencia de esos datos facilita la discrecionalidad y la corrupción.

La Administración General de Bienes Nacionales, fue creada bajo la ley No. 1832 el 8 de Noviembre de 1948, como una dependencia de la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público, hoy Ministerio de Hacienda, la cual está a  punto  de celebrar su aniversario número 65, con una larga historia de incumplimiento de su marco legal, de ilegalidades, de violaciones, de hurto, de robo y dolo del patrimonio público.

Como podemos apreciar esa institución debe ser la garante de la custodia, preservación y administración de los bienes muebles e inmuebles del Estado, para tales fines tiene que tener un inventario de los bienes inmuebles o catastro de propiedades, labor que no ha realizado en todos estos años. De ahí se desprende el desorden con que esta institución administra el patrimonio inmobiliario del país, por lo que se desconoce toda información relacionada con los datos reales de las propiedades del Estado, pero sí suponemos el dispendio, la dilapidación y la trasferencia a los grupos fácticos hasta la reserva forestal, los acuíferos y minerales del país, por lo tanto, se violenta la soberanía nacional y el patrimonio de todos.

Desde su fundación esta institución ha sido incapaz de cumplir con sus atribuciones fundamentales de llevar y mantener al día el Catastro de los Bienes Inmuebles del Estado Dominicano y de los bienes que pertenecen a nuestro patrimonio, una función sustancial y siempre ha jugado su rol de cara al clientelismo político.

Los reiterados procesos de venta de terrenos propiedad del Estado y los famosos contratos de venta condicional de inmuebles, debe ser una práctica revisada, superada o  suprimida, mientras se organiza una normativa y política precisa de los procedimientos de venta de los bienes públicos, los cuales no deben seguir sirviendo para la expropiación y el enriquecimiento ilícito de los depredadores del erario público, que pueda conducir  a la recuperación de los bienes propiedad del Estado en manos de particulares. En este caso demandamos de una nueva Ley con efecto retroactivo que permita recuperar el patrimonio público.

Es necesario que en el corto plazo la Administradora General de Bienes Nacionales pueda garantizar el saneamiento y registro de las propiedades en las cuales el Estado tenga derecho de propiedad o cualquier otro derecho real, para lo que es necesario la vigilancia de esa institución, de sus roles y funciones.

La conservación de los bienes inmuebles del Estado, es una necesidad imperiosa, para lo cual se debe elaborar un inventario de dichos bienes. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quién lo posee ilegalmente? ¿Cuál es su  condición? ¿Cuál es su valor actualizado? Además debemos contar con las políticas, reglamentos y normas claras que regulen su uso, propiedad y venta cuando sea pertinente.

Que se sepa, no porque se determine un menor valor monetario este reclamo incorpora todo el patrimonio cultural.

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