Hemos sido siempre altamente críticos con las posturas asumidas por la Asociación Dominicana de Profesores cuando, tanto en reclamo de sus reivindicaciones y mejoras salariales como por cualquier motivo, a veces baladí, los maestros apelan al expediente de paralizar la docencia.
Entendemos que tanto la educación como la salud son áreas que debieran considerarse sagradas, privilegiadas en la distribución del presupuesto nacional, mantenidas al margen de la política partidaria y del clientelismo, derechos inalienables de los que bajo ninguna circunstancia ni pretexto debe ser privada la ciudadanía. Es deber compartido por el Estado, en el área de la enseñanza representado por el Ministerio de Educación y por la ADP en nombre de la clase magisterial que agrupa.
Fue respondiendo a este principio que a partir del acuerdo suscrito por el presidente del gremio profesoral con las autoridades educativas, consideramos a todas luces inaceptable y condenable la posición de rebeldía asumida por varias seccionales de la misma, manteniendo un movimiento huelgario que por espacio de varias semanas privó de docencia a decenas de miles de estudiantes niños, adolescentes y adultos en distintas provincias del país.
Y saludáramos y nos hiciéramos eco del fallo judicial que dispuso la inmediata reapertura de las aulas y el reinicio de las clases, que es de esperar sea confirmado por el Tribunal Constitucional, al que fue recurrido y que sienta el saludable precedente de que el derecho de la docencia debe primar sobre el de huelga, sin que excluya el de los maestros a luchar por sus reivindicaciones pero haciendo uso de mecanismos que no afecten la educación.
Y también que reprochamos al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, que después de haber firmado el acuerdo salarial rechazado por dicha minoría, en una actitud incomprensible entrara en contradicción con el compromiso que había suscrito para hacer causa común con los huelguistas.
En ese mismo contexto fue que también extendimos nuestro respaldo a la firme y enérgica posición asumida por el Ministro de Educación, cuando a comienzos de la semana anterior se dirigió al país para informar en detalle de la situación originada por la huelga de las seccionales en rebeldía y advertir la toma de las medidas disciplinarias requeridas para restablecer el ritmo normal de la enseñanza en las provincias afectadas.
Ahora, en el vespertino El Nacional de este pasado martes, aparecen unas declaraciones del presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, donde manifiesta que en los próximos años los dirigentes de los maestros deben abstenerse de recurrir en primera instancia a la paralización de las escuelas a fin de no afectar los objetivos del cuatro por ciento.
El dirigente gremial reconoce, además, que los mayores recursos generados esa ley no pueden dedicarse exclusivamente a mejorar la condición de los maestros. De hecho, estos han obtenido conquistas sustanciales como nunca antes en los últimos cinco años, mejorando de manera significativa sus condiciones de vida.
Dicen que rectificar es de sabios y aún cuando deja abierta para un futuro a años vista, la posibilidad de retomar la huelga docente como camino de lucha gremial, no cabe duda que el presidente de la ADP está asumiendo una actitud más consecuente y responsable.
Saludamos este cambio necesario de actitud que es de esperar no sea una momentánea pose mediática ni coyuntural. Y sobre esta base creemos que el diálogo entre maestros y autoridades debe ser restablecido y mantenido de manera permanente, de tal modo que en la mesa de negociaciones se resuelvan todas las posibles diferencias y reclamos.
Pero que bajo ningún concepto se pierda un solo instante de docencia responsable, dedicada, formativa y de calidad. Porque de ella depende en mayor medida el futuro del país y la posibilidad de que podamos forjar una mejor nación.