Un efecto positivo de la globalización es poder comparar y medir la efectividad de las políticas públicas de los Estados, mediante los índices de desarrollo humano.
Hasta el momento la mayoría de esos índices han dejado mal parado al Estado dominicano. Por ejemplo, el reporte doing business 2013 del Banco Mundial, que mide el clima negocios en 185 economías del mundo, coloca al país con el ranking 116 (1 es el mejor); y el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial posiciona vergonzosamente al país como uno de los más corruptos del mundo.
En el caso de la justicia civil, el reciente Índice de Estado de Derecho 2012 del Word Justice Project, que evaluó a 97 jurisdicciones del mundo, concluye que República Dominicana tiene relativamente un eficiente sistema de judicial civil. Ese reporte coloca al país en el ranking 59/97 del mundo y en el ranking 6/16 de Latino América y el Caribe (cero es la peor posición), considerando criterios de acceso y gratuidad a la justicia, no discriminación, corrupción, influencia del gobierno, retrasos irrazonables, imparcialidad y efectividad (ver http://worldjusticeproject.org).
Como se aprecia, si bien la justicia civil dominicana es valorada como relativamente eficiente, no podemos conformarnos y debemos aspirar a mejorarla.
Por eso, en lo inmediato procede que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Código Procesal Civil –de tradición francesa-, el cual procura agilizar los juicios otorgando al juez civil un papel más activo, para que pueda valorar más el fondo que la forma y descartar procedimientos ritualistas y medidas poco conducentes, pero con apego a las garantías y al debido proceso constitucional.