La lógica económica dice que eso es de vida o muerte para el país, porque de lo contrario ¿De dónde el gobierno conseguirá los recursos externos contemplados en el presupuesto del 2011 y que representan el 30% de su monto total? Y bajo este escenario ¿Cómo pagaría sus compromisos de deuda pública que equivalen a un porcentaje parecido?

Pero la lógica económica no siempre se aplica en un país donde prevalece lo político ante cualquier otra cosa. Por ejemplo, si restablecer el acuerdo con FMI significa ingresos de los organismos multilaterales por unos US$700 millones, más la colocación de un bono en los mercados internacionales de US$600 millones y otro de RD$20 mil millones en el mercado local y finalmente préstamos de fuentes bilaterales por US$200 millones (desembolsables en el 2011), todo parece indicar que ese acuerdo es realmente de vida o muerte para darle sostenibilidad al presupuesto.

Pero si al mismo tiempo el acuerdo le exige al gobierno devaluar el peso en la dimensión que arrojan las cifras de inflación, ajustar la tarifa eléctrica, fuertes reducciones en sus gastos y una nueva reforma fiscal para conseguir unos RD$25 mil millones adicionales de ingresos que le permitan mantener el déficit fiscal dentro del tope acordado para este año, entonces la lógica política dice que eso es un suicidio. Y es esa lógica la que esta predominando cuando las autoridades están dándole larga a las negociaciones que deben realizarse en Washington para completar la quinta revisión y firmar una nueva carta de intención.

Desde el momento que la misión del FMI concluyó en febrero su revisión en Republica Dominicana y se retiro sin nada en la mano, el gobierno debió al otro día enviar su equipo económico a Washington para continuar las conversaciones y llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Tal parece que todo se enfrió ante los difíciles escenarios que se le presentaban para sanear sus cuentas. 

Pero en ese lapso de tiempo perdido, el petróleo siguió aumentando de precio y ahora el escenario cambia ligeramente, para bien o para mal. Para bien, porque el gobierno estaría contando con ingresos adicionales derivado de los mayores precios a los combustibles y facilidades adicionales dentro del acuerdo de Petrocaribe, que le podrían representar unos US$550 millones (un cálculo muy conservador). Para mal, porque la brecha externa se ampliará y la deuda externa también, sin contar que el subsidio muy subestimado a la electricidad, programado en US$350 millones para el 2011, puede superar los US$800 millones si el petróleo se mantiene por encima de los US$100 el barril.

¿Qué puede negociar el Gobierno con el FMI bajo este escenario? No mucho, ya que si el Fondo le aumenta el tope al subsidio eléctrico a US$500 o US$600 millones, que sigue siendo irreal, todos los beneficios de Petrocaribe y algo más, se irán en cubrir las deudas asumidas por este concepto. Los demás supuestos siguen latentes.

Pero hay otro problema. La inflación, que en los dos primeros meses del 2011 ya alcanza el 2.6% ¿Cómo neutralizar los efectos mortales que tiene el alza del petróleo y de los alimentos en las clases media y pobre de la población? Usando este argumento como base el Presidente de la Republica anunció varias medidas de ahorro para contrarrestar la crisis de los precios, pero en el fondo la mayoría fueron para negociar y reactivar el acuerdo con el FMI. Sin embargo, dos días después le ofreció subsidios a granel a los choferes para frenar una huelga general del trasporte.

En lo relativo a las ventas de alimentos a bajo costo a a través de Ferias Agropecuarias, estaría por verse si dispone de recursos para que esto sea realmente efectivo ya que el presupuesto aprobado en el 2011 es altamente deficitario y los topes que el FMI exige en materia fiscal y endeudamiento, limitan tremendamente cualquier plan de esta naturaleza.

Envuelto en este manto de complejidades y contradicciones, el partido de Gobierno retoma con fuerza la reelección de Leonel Fernández, añadiéndole un ingrediente explosivo a la situación política y económica del país.