Ahora que desde el gobierno se parece advertir la necesidad de producir una reforma fiscal, por los efectos nefastos de la pandemia y por razones de equilibrio del déficit recurrente de ingresos del presupuesto nacional, para atender debidamente los programas y proyectos impulsados por el presidente de la República, creo oportunas algunas precisiones.
Si fuera cierto lo que se ha colado, cosa que ha negado el gobierno, se trataría no de un pacto fiscal, que debió producirse al primero de enero de 2015, como lo exige la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sería una reforma para incrementar una serie de impuestos, con el componente de una alta y mayoritaria carga para la clase media, lo que, por efecto de una reforma, como la que muchos dicen es el tubo de ensayo del ejecutivo y funcionarios del orden económico, no auguraría nada bueno en términos sociales y políticos.
Si el gobierno ha convocado el Consejo Económico y Social, como órgano de consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral y promotor de la concertación social, instrumento para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento de la paz social (artículo 251 de la Constitución), ese es el espacio que la norma fundamental de la nación indica donde deben discutirse tanto el pacto fiscal, no un simple parche impositivo, como los demás pactos pendientes y una serie de reformas ya indicadas por el propio gobierno.
No creo que haya un ser humano o una empresa que quiere que le impongan pagar al gobierno parte de sus ingresos. Sin embargo, nos hemos organizado como sociedad para que todos podamos convivir en un clima de libertad. Pero esto solo es posible contribuyendo cada uno, según sus ingresos, progresiva, no regresivamente, que sería lo justo, con las cargas sociales y propias de cada sector, garantizando el gobierno su correcta distribución, para construir y mantener las infraestructuras viales y de toda naturaleza, la salud, la educación, la vivienda y la oportuna asistencia social de los seres que habitamos esta media isla.
Los impuestos son necesarios. Es más, son imprescindibles y no le gustan a nadie. Pero para que se nos impongan, no bastan las mayorías congresuales, cuyos representantes solos no cumplen con el voto del soberano. Ya la Constitución y la ley han establecido mecanismos institucionales de coordinación y búsqueda de concertaciones. De ahí que no le temamos al tema de las reformas ni a los pactos. Sin reformas, ajustes y actualizaciones no hay desarrollo. Pero sin concertaciones, no habrá paz social. Las experiencias pasadas así lo indican.
Por mandato de los artículos 34 al 36 de la ley 1-12 deben producirse tres pactos nacionales -el de la reforma educativa (ya producida), la eléctrica (debió producirse en 2013) y la fiscal (debió realizarse en 2015), en apoyo de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Según dicha ley la reforma fiscal, que tiene que lograrse a través de dicho pacto, debe implicar: 1) reducir la evasión fiscal; 2) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público; 3) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria; 4) Consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos; 5) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos; 6) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; 7) cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales; 8) elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
Lo indicado es integral y comprensivo. No es solo incremento impositivo, implica un ejercicio técnico, político, gubernamental y social de largo calado. Este gobierno se ha proclamado como respetuoso de la ley y de hecho ha dado muchas demostraciones de ello. Estoy seguro que aprovechará esta oportunidad histórica (una pandemia ocurre cada cien años, más o menos) para lograr la concertación necesaria, a través del espacio institucional establecido en la Constitución y en el artículo 33 de la ley 1-12 para producir tanto la reforma fiscal (pacto fiscal) como las demás pendientes. Ello y solo ello garantiza la paz social.