Cuando una empresa se declara en quiebra para reestructurar sus deudas bajo un plan de contingencia, todos los acreedores quedan enganchados por largo tiempo al no poder reclamar pagos que no sea a través del tribunal encargado del caso. Y eso es peor que comerse una batata para saciar la sed.
Republica Dominicana es uno de esos acreedores de la quebrada Odebrecht, ya que la empresa se comprometió a resarcir al país con el doble del monto pagado por sobornos en la mayoría de sus obras construidas de grado a grado, o sea US$184 millones (US$92 millones multiplicado por 2) .
De ese monto se han recibido dos cuotas de US$30 millones y el plazo es de 8 años contados a partir del 2017.
La procuraduría ya inicio acciones ante la justicia de Brasil para asegurar que se cumpla el compromiso de Odebrecht de los US$124 millones que restan. Hay una cuota atrasada.
Pero una empresa que se declara en quiebra puede renegociar esos pagos y posponerlo por años ya que la lista de acreedores es inmensa y requiere un proceso largo, tedioso, gradual y equitativo para saldar las deudas. La idea es que la empresa pueda seguir operando hasta que normalice sus finanzas, permitiéndole reestructurar sus deudas en base a un estricto plan de negocio que muestre su viabilidad futura.
Así que nadie sabe cuando ese dinero se podrá cobrar y no deben hacerse planes contando con ello. Tampoco incluirlos en el presupuesto anual basado en la cuota acordada con la empresa de US$30 millones por año hasta el 2024.
Pero hay otro problema: La demanda de Odebrecht. Esta empresa recurrió al arbitraje reclamando US$700 millones adicionales al contrato para la construcción de la planta de Punta Catalina por escalamiento de costos y atrasos en los cumplimientos financiero del gobierno.
Este proceso se conoce en una corte de Nueva York y un fallo a favor de la empresa podría implicar una erogación por parte del gobierno, quizás no de los US$700 millones, pero muy cerca de los US$500 millones.
Si gana el país no hay que pagar nada, pero eso es difícil que suceda conociendo los antecedentes de otros casos parecidos.
Por cualquier lado que se le mire la famosa planta termoeléctrica de Punta Catalina terminará costando cerca de US$3,000 millones, tal como predijeron muchos analistas, entre ellos Bernardo Castellano, quien ha escrito varios artículos sobre el tema. Solo el costo del retraso para comenzar a operar y otros imprevistos no hecho público, representa cientos de millones de dólares.
La pregunta es ¿si el fallo favorece a la empresa Odebrecht podríamos cobrarnos los US$124 millones del monto que la corte determine como justificativo por incumplimiento contractual del gobierno?
O sea, que si nos multan con US$500 millones, lo justo es descontarle el dinero de los sobornos que aun nos deben. Pero eso tendría que determinarlo un tribunal para evitar nuevas demandas.
Finalmente, ¿Qué inversionistas estaría dispuesto a comprar la mitad de las acciones de una planta que debió costar menos de US$2 mil millones, pero terminó costando US$3 mil millones? Un loco.
El país no aguanta a Punta Catalina. Su administración en manos del gobierno será un desastre y terminará abriendo otro agujero fiscal. Lo mas apropiado y saludable es venderla total o parcialmente al sector privado y que este intervenga en su gestión para asegurar la transparencia financiera y eficiencia operativa. El problema es ¿sobre qué valor de la Planta los inversionistas están dispuesto a pagar por el 50% o el 100% de las acciones?
Hay que hacer un análisis financiero para ver el retorno de esa inversión en el tiempo y todo parece indicar que sobre la base de US$3 mil millones será largo. Y si el gobierno administra la planta será muuuuuuuucho más largo.