EN UNA EXTRAÑA SESIÓN nocturna el Knesset aprobó definitivamente dos desagradables leyes racistas. Ambas están claramente dirigidas contra los ciudadanos árabes de Israel ‒una quinta parte de la población. 

La primera hace posible la anulación de la ciudadanía a las personas declaradas culpables de delitos contra la seguridad del Estado. Israel se enorgullece de tener una gran variedad de leyes como esas. La anulación de la ciudadanía por motivos tales es contraria al derecho y convenios internacionales. 

La segunda es más complicada. Se permite a las comunidades de menos de 400 familias nombrar "comités de admisión", que pueden impedir que personas no idóneas vivan allí. Muy astutamente, prohíbe en específico el rechazo de candidatos por motivos de raza, religión, etc.  Sin embargo, ese párrafo equivale a un guiño, pues el solicitante árabe, simplemente, será rechazado, por sus muchos hijos o porque le falta el servicio militar. 

La mayoría de los miembros no se molestó en presentarse a votar. Después de todo, ya era tarde y ellos también tienen familias Quién sabe, incluso algunos pudieran haberse sentido avergonzados de votar. 

Pero mucho peor es la tercera ley, que seguramente pasará la fase final dentro de un par de semanas: la ley para prohibir el boicot a los asentamientos. 

DESDE SUS etapas tempranas, el texto original crudo de este proyecto de ley se ha refinado un poco. 

Tal como está ahora, la ley castigará a cualquier persona o asociación que llame públicamente a un boicot contra Israel  ‒ya sea económico, académico o cultural. "Israel", de acuerdo con esta ley, significa cualquier empresa o persona israelí, en Israel o en cualquier territorio controlado por Israel. En pocas palabras: todo tiene que ver con los asentamientos. Y no sólo sobre el boicot de los productos de los asentamientos, que fue iniciado por Gush Shalom hace unos 13 años, sino también sobre la reciente negativa de actores a presentarse en el asentamiento de Ariel, y la invitación de los académicos para que no se apoyara el llamado "Centro Universitario" de allí. También concierne, por supuesto, a cualquier llamada a boicotear una universidad israelí o una empresa comercial israelí. 

Se trata de una pieza legal fundamentalmente imperfecta: es antidemocrática, discriminatoria, anexionista, e inconstitucional por completo. 

TODA PERSONA tiene derecho a comprar o no comprar lo que él o ella desee, a quien él o ella elija. Esto es tan evidente que no necesita confirmación. Es una parte del derecho a la libre expresión garantizado por cualquier constitución que se precie de serlo, y elemento esencial de una economía de libre mercado.

Puedo comprar en la tienda de la esquina, porque me cae bien el propietario, y así rechazo al supermercado que está al frente, que explota a sus empleados. Las empresas gastan enormes sumas de dinero para convencerme de comprar sus productos en lugar de otros. 

¿Y qué pasa con las campañas de motivación ideológica? Hace años, durante una visita a Nueva York, me convencieron de que no comprara uvas producidas en California, porque los dueños oprimían a los trabajadores inmigrantes mexicanos. Este boicot se prolongó durante mucho tiempo y ‒si no recuerdo mal‒ tuvo éxito. Nadie se atrevió a sugerir que el boicot debería ser declarado ilegal. 

Aquí en Israel, los rabinos de muchas comunidades suelen pegar carteles pidiendo a sus fieles que no compren en algunas tiendas que creen que no son kosher, o no suficientemente kosher. Estos llamados son frecuentes. 

Publicaciones de ese tipo son totalmente compatibles con los derechos humanos. Los ciudadanos para los que el cerdo es una abominación, tienen derecho a ser informados sobre qué tiendas venden carne de cerdo y cuáles no. Hasta donde yo sé, nadie en Israel ha impugnado este derecho. 

Tarde o temprano, algunos grupos anti-religiosos publicarán convocatorias a boicotear las tiendas kosher que le pagan a los rabinos ‒a algunos de ellos, los más intolerantes‒ fuertes gravámenes por sus certificaciones. Estos apoyan a un gran sistema religioso que apoya abiertamente la conversión de Israel en un "estado Halajá", el equivalente judío de un "estado de la Sharia" musulmán. A muchos miles de supervisores de Kashrut y miríadas de otros funcionarios religiosos les paga un el público mayormente secular. 

¿Qué pasaría, entonces,  con un boicot anti-rabinos? No puede ser prohibido, puesto que a los religiosos y a los anti-religiosas se les garantiza la igualdad de derechos.

ASÍ QUE, al parecer, no todos los boicots por motivos ideológicos están mal encaminados. Tampoco los iniciadores de este proyecto de ley en particular ‒los racistas de la escuela Lieberman, los derechistas del Likud y los "centristas" de Khadima‒ reclaman esto. Para ellos, el boicot sólo están mal si están dirigidos contra los políticas nacionalistas y anexionistas de este gobierno.

Esto se afirma explícitamente en la propia ley. Los boicots son ilegales si se dirigen contra el Estado de Israel ‒y no, por ejemplo, por el Estado de Israel contra algún otro estado. Ningún israelí en su sano juicio condenaría con carácter retroactivo el boicot impuesto por los judíos del mundo a Alemania inmediatamente después que los nazis llegaran al poder ‒un boicot que le sirvió de pretexto a Josef Goebbels, cuando se desató, el 1 de abril de 1933, el primer boicot antisemita nazi ("Deutsche wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!"). 

Tampoco ningún sionista vertical encontraría fallas en las medidas sobre el boicot aprobadas por el Congreso, bajo una presión judía intensa contra la Unión Soviética, con el fin de derribar las barreras a la emigración judía libre. Estas medidas fueron un gran éxito. 

No menos exitoso fue el boicot mundial contra el régimen del apartheid en África del Sur, un boicot muy bien recibido por el movimiento de liberación de Sudáfrica, aunque también perjudicara a los trabajadores africanos contratados por las empresas de blancos boicoteadas (un argumento que ya repiten los colonos israelíes, que explotan a los trabajadores palestinos con salarios de hambre). 

Así, los boicots políticos no están mal, siempre y cuando se dirigen contra los demás. Es la antigua "moral hotentote" de la tradición colonial: "si me robo tu vaca, está bien; si tú me robas mi vaca, está mal. " 

Los derechistas pueden llamar a la acción contra las organizaciones de izquierda. Los izquierdistas no pueden llamar a la acción contra las organizaciones de derecha. Es tan simple como eso. 

PERO LA LEY no sólo es antidemocrática y discriminatoria; también es abiertamente anexionista. 

Mediante un simple truco semántico, en menos de una oración los legisladores hacen lo que gobiernos israelíes sucesivos no se atrevieron a hacer: anexar los territorios palestinos ocupados en Israel.

O tal vez sea al revés: ¿los colonos están anexando a Israel? 

En cambio, el texto, simplemente, establece que las llamadas al boicot de Israel, que están prohibidas por la ley, incluyen el boicot de las instituciones y empresas israelíes en todos los territorios controlados por Israel. Esto abarca,  por supuesto, la Ribera Occidental, Jerusalén Este y los Alturas del Golán. 

Este es el núcleo de la cuestión. Todo lo demás es camuflaje. 

Los promotores quieren silenciar nuestro llamado a boicotear los asentamientos, algo que está cobrando impulso por todo el mundo.

LA IRONÍA en este asunto es que podrían lograr exactamente lo contrario. 

Cuando comenzamos el boicot, nuestro objetivo declarado era trazar una línea clara entre Israel en sus fronteras reconocidas ‒la Línea Verde‒ y los asentamientos. No abogamos por un boicot del Estado de Israel que, a nuestro juicio, envía un mensaje errado y empuja el centro de Israel hacia los brazos de la extrema derecha ("¡El mundo entero está contra nosotros!") Un boicot de los asentamientos, creemos, ayuda a restablecer la Línea Verde y hacer una clara distinción. 

Esta ley hace exactamente lo contrario. Al borrar la línea entre el Estado de Israel y los asentamientos, se cae en las manos de aquellos que llaman a un boicot de Israel con la creencia (errónea, creo) que un Estado unificado de Apartheid allanaría el camino para un futuro democrático.  

Recientemente, el disparate de la ley quedó demostrado por un juez francés en Grenoble. Este incidente se refería a la empresa cuasi monopólica israelí de exportación de productos agrícolas, Agrexco. El juez tenía sospechas de fraude de la compañía, pues los productos de los asentamientos fueron declarados falsamente como procedentes de Israel. Esto bien pudiera ser un fraude, también, porque las exportaciones de Israel a Europa disfrutan de derecho a un trato preferencial que los productos de los asentamientos no tienen. 

Estos incidentes se están produciendo más y más a menudo en varios países europeos. Y esta ley hará que se multiplique.

EN LA VERSIÓN ORIGINAL, los boicoteadores habrían cometido un delito penal y habrían sido multados. Esto nos ha traído una gran alegría, porque nuestra negativa a pagar las multas y el posterior encarcelamiento hubieran dado un tono dramático al asunto. 

Esta cláusula ya ha sido omitida. Pero todas las empresas individuales en los asentamientos y, de hecho, cada colono que se siente afectado por el boicot puede demandar ‒por daños ilimitados‒ a cualquier grupo que llame al boicot y a cualquier persona relacionada con el llamado. Puesto que los colonos están firmemente organizados y disfrutan de fondos ilimitados de todo tipo, de dueños de casinos y comerciantes del sexo mala calidad, ellos pueden presentar miles de demandas y prácticamente paralizar el movimiento de boicot. Ese, por supuesto, es el objetivo. 

La lucha está lejos de terminar. Tras la promulgación de la ley, pediremos a la Corte Suprema de Justicia que la anule, por ser contraria a los principios constitucionales fundamentales de Israel y de los derechos humanos básicos. 

Como Menahem Beguin solía decir: "¡Todavía hay jueces en Jerusalén!" 

¿O no?