Lo primero es que llegamos al fin de abril de 2020, con una crisis sanitaria, económica y social en desarrollo desde diciembre de 2019, poniendo parches donde hay hoyos y un trapo donde entra el agua. La clase política se ha mostrado incapaz para dotar al país de un paquete de medidas coherentes, coordinadas e integrales, tanto de índole estatal como privada. Eso implica al Gobierno y al Congreso, a todos los partidos políticos, al menos los que tienen cuota de representación y toma de decisiones.
Por otro lado, llegamos a esta crisis con una sociedad rota entre 22 salarios mínimos que casi ninguno cubre la canasta esencial para sobrevivir; una mayoría de trabajadores en la informalidad; un Código de Trabajo que permite a la clase patronal despedir, suspender y disponer a gusto; sin seguro de desempleo y sin fondos de contingencia social; un Estado insuficientemente financiado y una carga tributaria injusta que no distingue los bolsillos más llenos de los más vacíos. Se actúa con la inercia de un Estado raquítico, endeudado, asistencialista y paliativo, y una sociedad bajo “la mano invisible del mercado”.
En tercer lugar, un Sistema Dominicano de Seguridad Social que ni da seguridad ni es social: es esencialmente excluyente, precario, condicionado al empleo y al bolsillo de cada quién, organizando para el sálvese quien pueda, y diseñado para la ganancia financiera de unas empresas llamadas AFP y ARS. Juntas, han absorbido ya más de 120 mil millones de pesos que no han ido ni a pensiones ni a salud. Dinero botado por la alcantarilla, o mejor dicho: sacado de forma parasitaria a un 98% de micro, pequeñas y medianas empresas, y a un 71% de trabajadores y trabajadoras que ganan como máximo 25 mil pesos.
Ante todo esto, no ha habido jamás la voluntad política de legislar y fiscalizar, para poner en orden lo que funciona mal; para sustituir lo que no debe seguir existiendo; para crear aquello que sería la solución correcta, bajo la premisa del Estado social y democrático de Derecho. Sencillamente porque hay intereses y poderes que no se tocan, que no están sujetos a la democracia.
Estos ingredientes combinados con el miedo al contagio por un virus super agresivo, a escala mundial, son la causa de que una parte de la población -la mayoría- se sienta desprotegida, desorientada e insegura. Ese ambiente de angustia es el perfecto para las soluciones tipo comida chatarra, que llenan pero no alimentan; más en tiempo de campaña, donde la imagen “lo vale todo” y la obsesión son los registros de “impacto” en las redes sociales.
Ante todo esto, sería muy fácil hacer que sean los mismos de siempre los que paguen. Así fue con el 4% para la Educación, concedido a cuenta de más impuestos y deuda pública en los hombros de la misma mayoría. Así sería descuartizar los fondos de pensiones, de por sí miserables e injustos por un sistema fracasado que habría que cambiar estructuralmente para que en lugar de privilegios y ganancias parasitarias, entregue dignidad, derechos y seguridad económica.
La situación es calamitosa: 835,564 trabajadores y trabajadoras formales suspendidos, sin saber la cantidad de despedidos. 50,481 empresas formales golpeadas. Una parte de ellos no obtendrá ningún subsidio porque el alcance de la crisis y los montos necesarios no se calcularon correctamente. De los trabajadores informales sólo sabemos que una parte calificó para intentar sobrevivir con 5000 pesos mensuales.
En el caso del sistema de pensiones hemos dicho claramente lo que sería justo: entréguese a quienes lo necesitan un bono de contingencia que sea cubierto con las ganancias presentes y futuras de las AFP, no a costa de los fondos de los afiliados; exonérese a las empresas y trabajadores de las cotizaciones a las TSS mientras dure la crisis sin perder ninguna cobertura; suspéndase el pago de la deuda pública con las AFP y oriéntese esos recursos a apoyar a las empresas y empleados, así como a la población en general.
Es la hora de tomar decisiones para proteger a los trabajadores formales e informales, a los empleadores y las capas medias, que son los grandes sectores golpeados. No den analgésicos, no permitan que se sufra todavía más, no les perjudiquen innecesariamente, ni carguen sobre ellos y ellas el peso de la crisis. Y eso se hace con justicia, con solidaridad, con compromiso democrático, con seriedad y con valentía.