El mensaje está claro: Quédate en casa. Pero ¿qué casa? Quedarse en casa no significa lo mismo para todos. Un texto anónimo (hasta donde sé) que ha circulado en las redes sociales últimamente lo presenta con más claridad de la que yo podría hacerlo, por lo que me permito la libertad de reproducirlo:
“Hoy, en Latinoamérica, se enfrentan dos realidades: la de Pedro, y la de Juan.
Juan trabajaba en un restaurante hasta que perdió su empleo por la pandemia. Tiene cuatro hijos, una madre enferma y una esposa que, hasta hace unos días, tenía un pequeño salón de belleza al que ya nadie acude.
Juan no tiene ahorros, ni nadie que lo ayude. Y ahora el gobierno le dice: “no seas un mal ciudadano y #quedateencasa, Juan. Tú, tranquilo, que te voy a llevar arroz, huevos, y una telera para que sobrevivas. Enciérrate en tu casa de madera de 27 metros con las cinco personas con las que convives y no salgas después de las 5 PM".
Por otro lado está Pedro. Pedro trabaja en una firma de consultoría y trabaja desde casa. El colegio privado de sus dos hijos habilitó una plataforma desde donde imparte clases remotas. Pedro tiene ahorrados doscientos ochenta mil dólares, ya terminó de pagar la hipoteca de su casa y todas las tardes, haya electricidad o no (porque obviamente la torre donde vive tiene planta eléctrica), Pedro hace ejercicios, lee y se deleita viendo los últimos programas de Netflix.
El gobierno le dice: no seas un mal ciudadano y #quedateencasa, Pedro. Pedro, sin problema alguno, se acomete a lo indicado.
Muy pronto, Juan no podrá respetar la cuarentena, aunque quiera. Pedro, por otro lado, se indignará con Juan y los suyos por poner en peligro al resto de la población.
El problema está en que hay más Juanes que Pedros, y muy pronto, nuestros gobiernos habrán deseado no haber malgastado el dinero que, en primer lugar, nunca fue de ellos, sino de los impuestos que una vez pagó Juan, y que sigue pagando Pedro”.
Miles habrán leído y reflexionado este relato a lo largo de la región. En República Dominicana la situación no es menos compleja: los cinturones urbanos marginados, el hacinamiento, la falta de agua, de electricidad y hasta de sanitarios… no son carencias que nos resultan distantes, aunque alguna que otra vez hay quien trata de invisibilizarlas.
Para los más pobres la cuarentena va a pesar más, no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por las características de los espacios en que viven.
Esta es una de las conversaciones que habrá que tener en cuanto pase el periodo de emergencia nacional. En el país, sea cual sea la metodología de medición utilizada, el déficit de vivienda supera por mucho el millón de unidades (en un próximo artículo hablaremos de los diferentes métodos de medición de déficit que hemos usado en Rep. Dom.), y ni hablar del deterioro que veremos en todos los indicadores sociales si la crisis se prolonga por varios meses.
Hasta el momento no tenemos idea de cuál será la dimensión de golpe, pero sabemos que será fuerte. Al turismo, que ha sido una de las locomotoras en nuestro modelo productivo (8.4% de la producción nacional en 2019), le podría costar meses, sino años, recuperarse.
En términos de políticas públicas, habrá muchos frentes en los cuales trabajar para volver al crecimiento económico. Impulsar al sector construcción (el de mayor crecimiento real relativo en 2019 – 10.5% del PIB) es clave en este proceso, por su importancia en la producción nacional y por su alta capacidad de dinamizar la economía, dada la cantidad de jugadores que participan en la industria, multiplicando el alcance de la inversión. En un reciente informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el Impacto del COVID-19 en las economías de la región, el organismo recomienda a los países acelerar proyectos de infraestructuras por la ventaja que conllevan en el impulso del empleo y de la actividad económica.
En República Dominicana históricamente de toda la inversión que se realiza en infraestructura cada año, entre el 83 y 84% lo realiza el sector privado. Por lo tanto, cuando hablamos de “acelerar proyectos de infraestructuras” debemos de estar refriéndonos a “acelerar la inversión privada en infraestructuras”. Y resulta que la vivienda tiene una importancia clave en esta fórmula. Para comprenderla hay que valorar con justicia el peso del rubro: si consideramos que aporta el 65% de la producción del sector privado en construcción y si añadimos su rol en el mercado inmobiliario y de alquileres, podemos estimar que la vivienda por sí sola explica el 12% del PIB.
Con esto quiero decir que, si el sector construcción será el principal motor del crecimiento en el mediano plazo, la vivienda será, en sí, el pilar que cargue con la economía dominicana.
Esto nos lleva a retomar la importancia de las alianzas público-privadas, donde el sector público da facilidad para desarrollar y financiar un proyecto, y el sector privado entra con su know how.
En este contexto, proponemos que los hacedores de políticas públicas tomen en cuenta los nuevos mecanismos de financiamiento de viviendas que hemos mencionado y descrito en esta columna, como la creación de un fondo nacional de la vivienda, el uso de una proporción de los fondos de pensiones, la titularización, el leasing habitacional, el financiamiento de viviendas para dominicanos en el extranjero, el subsidio de tasas del modelo panameño, la figura de la nuda propiedad, la hipoteca inversa e incluso un cambio en la Ley de Alquileres.
En segundo lugar, sugerimos contemplar la creación de nuevos proyectos de alianzas público-privadas, inspirados en la Ciudad Juan Bosch, de menores dimensiones, de 1000 o 1200 viviendas, que se puedan replicar por todo el territorio nacional, suponiendo una mejoría significativa en las condiciones de vida de la población.
Ya estamos al final de un periodo gubernamental y la ocasión es propicia para plantearse las vías por las cuales se fortalecerá la inversión en vivienda. No hay tiempo que perder. Dejando a un lado los intereses particulares de los partidos políticos, es un buen momento para tener una “cumbre virtual” entre los expertos en viviendas de los partidos, el gobierno actual y los demás actores del sector vivienda (constructores, promotores, instituciones financieras, agentes inmobiliarios, academia, sindicatos, industriales, ferreteros, etc.), es decir, la deseada Comisión Nacional de Vivienda, para definir las acciones a impulsar para reducir el déficit habitacional y contribuir, a la vez, a sacar a flote la economía post COVID-19.