Tras la declaración del COVID-19 como pandemia y emergencia sanitaria y social,por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Estados más afectados han tenido que tomar medidas drásticas y extraordinarias que afectan a todos los sectores. Se ha convenido, ante la imposibilidad de lograr una vacuna o tratamiento efectivo, que la mejor forma de evitar la propagación de este virus es a través del distanciamiento social y el confinamiento, recomendando y en muchos de los casos exigiendo a la población permanecer en sus casas guardando cuarentena.
La población no debe exponerse al exterior para evitar la prolongación de la cadena de contagios, pero, ¿En que casa se quedan los “sin techo”? ¿Cómo sobrellevarán esta situación aquellos que viven en casas en condiciones deficitarias irrecuperables? ¿Qué hacer ante el problema del hacinamiento frente al virus?
Esta lamentable situación, además del alto número de enfermos y los decesos, ha destacado la necesidad de que los Estados trabajen por garantizar los derechos humanos que además abarcan los servicios básicos esenciales, como el caso de la vivienda digna, que adema en nuestro país es un derecho constitucional. Esta situación se nota aun más en países empobrecidos, como el nuestro, donde además de no contar con un sistema de sanidad suficiente se padece de un déficit habitacional severo. De acuerdo al último censo realizado en la República Dominicana para el año 2010 se requerían alrededor de 2,199.377 unidades, entre necesidades cualitativas y cuantitativas, una cifra que no parece haber mejorado en esta última década y que contrastaremos con los resultados del censo programado para este año 2020 en caso de poder llevarse a cabo.
Los Estados, especialmente aquellos con vulnerabilidad económica y social, deben aprovechar las lecciones que nos da esta amarga experiencia, de que debemos prevenir estas catástrofes y que para ello debemos disponer en primer lugar de los servicios básicos esenciales
Un gran número de casas dominicanas se encuentran afectadas por deficiencias estructurales, falta de servicios de primera necesidad o ambos factores a la vez que les imposibilitará guardar una debida cuarentena, si es que pueden llegar a cumplir pues la situación de pobreza a muchos les limitará para poder sobrevivir sin el día a día o ayudas públicas. Por otra parte, dentro de la cifra mencionada también destacan aquellos hogares donde se forman grupos familiares secundarios o su propio núcleo se encuentran sobre poblado respecto al espacio del que disponen para convivir, viviendo en condiciones de hacinamiento que además de provocar otras enfermedades, frente al virus les imposibilitará aislar a algún contagiado.
Por otra parte, también están aquellos que ni siquiera disponen de una vivienda deficitaria y tienen que deambular por las calles o hacer de los espacios públicos su hogar, que ante esta emergencia sanitaria encontraran clausurados. Sobre este grupo, existen pocos estudios y se cuentan con muy pocas respuestas por parte de las autoridades públicas, pues el tema suele tocarse en su mayoría ante catástrofes climatológicas o situaciones de emergencia como esta, sin que se lleguen a conocer cifras estimatorias y medidas en salvaguarda a sus derechos, entre estos principalmente el “Derecho a la vida” que ante esta situación no podría garantizarse.
Estados más desarrollados además de contar con la solidaridad del sector privado y las ONG´s al poner a disposición del Estado espacios para albergue, han dictado medidas preventivas transitorias para los sin techo como la disposición de centros de acogida, alimentación y asistencia sanitaria. Unas medidas que de momento sirven como respuesta rápida, pero que no deberían ser necesarias si se trabajará en erradicar la problemática de falta de habitación o aminorarla al máximo.
Los Estados, especialmente aquellos con vulnerabilidad económica y social, deben aprovechar las lecciones que nos da esta amarga experiencia, de que debemos prevenir estas catástrofes y que para ello debemos disponer en primer lugar de los servicios básicos esenciales. En el caso de la vivienda, que frente a este virus está siendo el insumo principal, deben tomarse medidas, para que la población pueda disponer de unidades dignas donde guarecerse, que vayan más allá de las repetitivas políticas de vivienda de resultados cuestionables.
Recomendamos que se promuevan más viviendas públicas (especialmente de alquiler o sociales de índole transitorio), novedades para acrecentar el acceso a la vivienda y más incentivos a la recuperación del parque habitacional actual, colaboración social, compromiso empresarial y desmercantilización de la vivienda habitual que más que un producto de mercado es un Derecho humano.