Las posiciones encontradas alrededor del conflicto existente por la definición del uso del suelo y de las actividades permitidas en los territorios localizados en el corazón de la República Dominicana, ha profundizado las diferencias entre los principales actores radicalizando las posiciones de los distintos grupos enfrentados. Los intereses que dominan el escenario de discusión evidencian diversos significados para "Loma Miranda", convirtiendo el codiciado emplazamiento en el objetivo para la consolidación de una serie de aspiraciones que trascienden el territorio en cuestión.
Para algunos "Loma Miranda" se ha convertido en una plataforma de proyección personal a nivel nacional, que contribuye en difundir la labor "altruista" que se realiza a favor del pueblo dominicano. Para otros "Loma Miranda" es la garantía de un mejor futuro económico que haga frente a la crisis presupuestaria que afecta el país, pero al mismo tiempo se convierta en el seguro de vida para el sostenimiento de las finanzas de los involucrados en el proceso. Mientras que para otro grupo "Loma Miranda" es el argumento que le da sustento a su discurso y por ende a su permanencia en la dinámica mediática de la vida nacional.
Sin embargo, "Loma Miranda" es más que un slogan, más que un simple discurso, más que el medio natural, más que territorio, mucho más que agua, más que minería… "Loma Miranda" es más que el antagonismo entre la conservación y la explotación… "Loma Miranda" es la oportunidad que la presente generación le brinda a nuestra nación, de construir un proyecto común que sirva de catalizador para impulsar un nuevo modelo de desarrollo.
En la medida que la sociedad dominicana se vincula al proceso de globalización capitalista que avanza por toda Latinoamérica y en la medida de que habitamos más personas en el mismo territorio, se necesitan reglas claras que permitan impulsar un proceso de desarrollo, garantizando que los niveles de calidad de vida de la próximas generaciones no se vean afectados por decisiones incorrectas.
"Loma Miranda" es la oportunidad que tiene el Estado de impulsar un proceso continuo de planificación y gestión participativa, que involucre todos los sectores de la vida nacional, en el cual se defina el uso del suelo y la ocupación del territorio acorde sus potencialidades y limitaciones, tomando en cuenta las capacidades de sus gobiernos y considerando las expectativas de la población.
De no aprovechar esta oportunidad estaríamos dejando el porvenir de las futuras generaciones a la discrecionalidad de los gobernantes, empresarios, líderes comunitarios, profesionales y sectores de otra generación que se rindan a las presiones de los intereses enfrentados, en lugar de valorar en su justa dimensión la importancia de definir un marco legal, institucional e instrumental que determine los procedimientos de uso y ocupación del suelo, con el objetivo de conducir el desarrollo y mejorar las condiciones de vida a la población.