Luego de la trágica noche del 26 de septiembre, en que murieron 6 personas y 43 estudiantes fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, los tres partidos políticos principales de México, el PRI, PAN y PRD, han perdido frente a la ciudadanía una importante cuota de legitimidad. Amplios sectores de la población culpan a todos los políticos de ser co-responsables de la crisis de confianza en el sistema político.
Viene a la mente la profunda crisis económica que devino en serio aprieto para la estabilidad política de la nación argentina cuando, a raíz de las restricciones que estableció el presidente en diciembre de 2001 para el retiro de efectivo de cuentas bancarias (el llamado corralito), la gente se tiró a las calles gritándoles con vehemencia a los políticos: “Que se vayan todos”.
En reciente encuesta del reconocido diario mexicano Reforma, la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) se desplomó de 50% a 39% en el último cuatrimestre, el nivel más bajo desde los años 1995-96, cuando iniciaba su presidencia Ernesto Zedillo, en el contexto de una fuerte crisis económica. Y el nivel de desaprobación de EPN subió a un 58%, cuando hace dos años atrás era de un 30%. Los mexicanos consideran que las muertes y desapariciones ocurridas en Iguala a manos de policías corruptos y criminales es responsabilidad principal y simbólica de su gobierno.
Pero el PRD, el único de los tres partidos principales que no ha ocupado la presidencia de la República, también ha quedado desacreditado porque tenía el control municipal y estatal de Guerrero. En primer lugar, el entonces alcalde de Iguala fue la persona que dio la orden a la policía de detener a los estudiantes desaparecidos, y luego sus nexos con el narcotráfico, así como los de su esposa, han salido a relucir; segundo, porque el PRD se obstinó en respaldar al gobernador hasta que el repudio generalizado se impuso y éste tuvo que renunciar. Esta situación ha llevado al líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario presidente Lázaro Cárdenas, a renunciar al partido que fundó.
El otro gran partido, el PAN, se encuentra todavía gravemente herido por la sombra de los más de 60,000 muertos y 20,000 desaparecidos acaecidos bajo la guerra contra el narcotráfico desatada por el presidente Felipe Calderón (PAN/2006-2012), sin que se hayan establecido las responsabilidades de lugar o investigado adecuadamente los hechos.
Este comprensible pero indeseable descalabro de los partidos políticos en México debería ser aleccionador en nuestro país. Si bien es verdad que muchos de nuestros problemas son diferentes, sí tenemos varios en común y entre ellos encontramos la violencia y el narcotráfico. En particular, debería preocuparnos la forma tan profunda como el dinero de las drogas y el crimen organizado han penetrado la política mexicana.
Sin la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, instrumentos claves para llegar al -y ejercer el- poder, es prácticamente imposible establecer un régimen que pueda trabajar por un Estado social y democrático de derecho.
De acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas de 2012, a la pregunta: ¿Hasta que punto tiene confianza usted en los partidos políticos?, los dominicanos les acordaron la puntuación más baja de todas las instituciones evaluadas, por debajo del Congreso, el sistema de justicia y la Policía Nacional. En México, no les fue mucho mejor: quedaron en penúltimo lugar, solo superados por la iglesia evangélica.
En cuanto al apoyo a la democracia en RD, como señala Latinobarómetro 2013, “es sorprendentemente alto para el nivel de problemas económicos, analfabetismo y desigualdad” prevalecientes en el país. Sin embargo, entre 2011 y 2013, el apoyo bajó 5%, de 65% a 60%, uno de los puntos más bajos desde 2004.
Después de varios altos y bajos en el apoyo a la democracia en México en los últimos 14 años, con la vuelta del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, el apoyo a la democracia en 2013 se ha reducido a sólo un 37% de su población.
Ante los hechos de Iguala y la extrema indignación a través de todo México, ahora hay una búsqueda frenética de soluciones de parte del gobierno y los políticos en general.
Una de las medidas que se están contemplando es una modificación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que en México un funcionario únicamente tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero el funcionario queda libre de decidir qué partes de ésta se publican y cuáles no. A lo interno de los partidos políticos también platican sobre la posibilidad de designar responsables de llevar a cabo una debida diligencia o de cuidado, de investigar el patrimonio de todos los candidatos que los partidos presenten a una elección pública. Ahora hay urgencia.
En nuestro país, el presidente promulgó el 12 de agosto pasado la Ley 311-14 que estableció el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y designó a la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de la Ley.
La Ley estipula que "el patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito a favor del funcionario público o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, será sancionado con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa igual al duplo del monto del incremento y, como pena complementaria, la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años, luego de cumplida su condición de privado de libertad".
Sin embargo, el pasado 24 de noviembre la presidenta de la Cámara de Cuentas informó que, habiéndose vencido el plazo establecido por la Ley, solo 19 de 110 funcionarios habían presentado su declaración jurada, incurriendo los incumplidores en una falta grave, dando lugar hasta la posible destitución del cargo. Sin embargo, más de tres meses después de su promulgación, el poder ejecutivo todavía no ha dictado el reglamento de aplicación de la Ley 311-14.
Las resistencias a cumplir con la ley están muy arraigadas en nuestra cultura y el enfoque de los partidos políticos sobre la cosa pública, como un bien a ser repartido a su discreción, nos mueve cada día más cerca del precipicio. ¿Será necesario un descalabro aquí como el que llevó a los partidos políticos mexicanos por el sendero a Iguala?