En mayo de 1978, con el país al borde de una confrontación, un comunicado titulado “Que se respete la voluntad popular” firmado por personalidades de Santiago al que pronto se adhirió una parte importante del resto de la sociedad civil y líderes religiosos, evitó la consumación de un golpe de estado, una situación de virtual guerra civil y el reconocimiento por el gobierno de Joaquín Balaguer del triunfo del candidato del PRD, Antonio Guzmán Fernández, en las elecciones de ese año.
Los jefes militares habían interrumpido el conteo de los votos y ocupado las instalaciones de la Junta Central Electoral, cuando se hizo evidente que la oposición obtendría la victoria por un alto margen. El comunicado disuadió el intento golpista y Balaguer se vio precisado a reconocer su derrota electoral.
El domingo 6 de octubre, los principales partidos, el PLD y el PRM, celebrarán primarias para escoger sus candidatos presidenciales. El primero por votación abierta, con el padrón de la JCE, y el segundo con la participación de sus miembros. En el caso del segundo, no se esperan impugnaciones que alteren la marcha del más complejo proceso electoral en nuestra historia democrática. En lo que al partido del gobierno se refiere, la actitud de un sector empeñado en imponer una solución electoral para perpetuar un ciclo político concluido, podría generar situaciones que traben la buena marcha del proceso y suma al país en una crisis.
La JCE debe ser garantía de que el domingo 6 de octubre, como ya felizmente ocurrió en mayo de 1978, se cumpla la voluntad que los ciudadanos expresen en las primarias del oficialismo. La energía y entereza con que asuman esa responsabilidad irrenunciable evitará que el pataleo arrastre a la nación al caos y a la confrontación. Su deber ese día es garantizar que se respete la voluntad popular o asumir el precio de cualquier titubeo.