Dice un antiguo refrán que “no hay mal que por bien no venga”. Se imaginan ustedes que la República Dominicana fuera un país legalista, como tendría que ser; que todas las instituciones funcionaran como en otros países, como debería ocurrir. ¡Qué lío!
De los ingresos tributarios originados en impuestos aprobados por el Congreso Nacional previstos en el presupuesto para el 2015, ascendentes a RD$428 mil millones, sólo para cumplir las leyes, contratos y concesiones también aprobados por el Congreso Nacional, ya de antemano el Gobierno tendría comprometidos:
El 39 % para el servicio de la deuda pública (excluyendo el Banco Central)
El 30 para las disposiciones de la Ley de seguridad social
El 28% para la Ley de Educación
El 9% para los ayuntamientos
El 9% para el Banco Central
El 6% para la Presidencia y eventuales situaciones de emergencia nacional
El 5% para la UASD
El 4% para el Poder Judicial y el Ministerio Público
EL 3% para el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas
El 3% para el CONANI y el Ministerio de la Juventud
El 3% para la DGII y Aduanas
El 2% para la Junta Central Electoral y los partidos políticos
El 1% para subsidiar la carretera de Samaná
Muchos lectores estarán rompiéndose la cabeza pensando en de dónde salen esos números, considerando que estos porcentajes no coinciden con los que estamos habituados a ver. La razón es que en las leyes existentes, unos porcentajes están referidos al PIB, otros a los recursos internos, otros al Fondo General y otros a algunas recaudaciones. Otras sencillamente establecen la responsabilidad del pago, sin mencionar porcentajes, como la deuda, la seguridad social y el peaje sombra de Samaná. Me tocó hacer la conversión para calcularlos todos en referencia a los ingresos tributarios (redondeando los números para evitar abrumar al lector). Todas estas cosas las aprobó el Congreso. Y todavía hay más leyes que no voy a contar porque se refieren al destino de algunos impuestos.
Intentando administrar el presupuesto sin la rigidez que se deriva de estas leyes, la respuesta de los diversos gobiernos ha sido su incumplimiento sistemático
Pero ya con esos, ¿saben qué porcentaje absorberían de los impuestos cobrados? El 142 por ciento. Es decir, ya con solo dar cumplimiento a esas leyes el Gobierno tendría un déficit monumental.
Pero falta más, pues también hay responsabilidades públicas para las cuales no se han predefinido los recursos. Me refiero al servicio de policía, que no tiene leyes para sí, a la infraestructura pública, el agua, el subsidio eléctrico, la dirección del sistema de salud (no me refiero a la atención médica, que supuestamente ya estaría cubierta por la seguridad social), la agricultura, la industria, el turismo, el medio ambiente, los deportes, las relaciones internacionales, etc. Seguro que el 200% de los ingresos no alcanzaría.
Podría pensarse que muchas de estas leyes se aprobaron respondiendo a una necesidad, o que fueron el resultado de amplias discusiones y procesos de concertación, o de un intento de la sociedad de forzar al sistema político a cumplir responsabilidades por largo tiempo descuidadas.
El propio autor de este artículo no está exento de culpas, pues fui de los primeros en plantear la conveniencia de que el Gobierno debía destinar al menos un 4% del PIB a la educación, aunque confieso que en aquel tiempo no lo hacía pensando en que quedara plasmado en una ley, sino como una política de Estado. También creo haber sido el principal ideólogo de que al menos un 10% de los ingresos públicos fueran a los municipios, pero no como un regalo, sino como parte de un proceso de descentralización del Estado en que, además de recursos, se la transfirieran responsabilidades; es decir, el Gobierno cedería ingresos pero también gastos, pues algunos de sus compromisos en educación, salud, deportes, transporte, etc., serían asumidos por los ayuntamientos. Y finalmente, la otra ley de la que me siento medio responsable es la de seguridad social, por haberla promovido, aunque no exactamente igual que como se hizo.
Lo que nunca me imaginé es que la oportunidad sería aprovechada para aprobar muchísimas leyes de racionalidad muy cuestionable, porque se derivan del interés de grupos que manejan cuotas de poder para asegurarse determinadas fracciones del pastel nacional, como los propios legisladores, los partidos, los organismos electorales, al Banco Central, etc.
Intentando administrar el presupuesto sin la rigidez que se deriva de estas leyes, la respuesta de los diversos gobiernos ha sido su incumplimiento sistemático. Claro está, nadie está obligado a lo imposible, y la sostenibilidad fiscal dominicana es incompatible con las mismas: o se cambian o se violan. Sin embargo, mal puede admitir la sociedad que la reacción natural sea el incumplimiento de la ley mala, siendo que una de las responsabilidades públicas más elementales es el imperio de la ley. Vamos a cambiarlas.