Caleidoscopio

Que la mayoría del TC no alegue ignorancia

Por Pablo Gómez Borbón

Tenemos un tolete de tribunal constitucional.

Sus jueces se han graduado – en muchos casos con honores - en las mejores universidades dominicanas y extranjeras. Buscando el conocimiento, han viajado más que el más viajero de nuestros presidentes: Han vivido y estudiado en Niza, París, Madrid,  Álava, Buenos Aires, Valparaíso, Chicago, New Orleáns, Santiago de Chile, Cuenca, Salamanca, Chambery, Grenoble, Montreal, Roma, Caracas, Barcelona, Guadalupe...

Pero eso no es todo.

Del gran árbol del derecho, los ilustres magistrados dominan sus numerosas ramas: el social, el comparado, el laboral y el laboral comparado, el constitucional, el público, el procesal penal y el procesal constitucional,  el de tierras, el empresarial, el privado,  el europeo y el internacional (público y privado), el comercial, el administrativo, el registral, el   de las obligaciones, el económico, el parlamentario, el electoral, el diplomático y consular y hasta el canónico.

La historia del derecho, la relación entre los derechos y las libertades fundamentales o entre la democracia y el estado de derecho, la resolución alternativa de disputas, la alta gerencia, la litigación penal, la legislación para ingenieros, las técnicas de investigación bibliográfica y jurídica no guardan ningún secreto para ellos.

Hay algunos, incluso, a los que su sed de conocimiento ha llevado a estudiar, magistralmente, la educación, los fundamentos de la cultura occidental, la historia dominicana, la psicología social y hasta las matemáticas y la física.

Y todavía hay más.

Sus currículos son impresionantes. Hay entre ellos catedráticos, directores de maestrías, decanos, rectores y vicerrectores; ministros de trabajo, de lo interior, de educación, de relaciones exteriores, de industria y comercio, sin cartera (pero con cuartos); secretarios de la LMD, senadores, diputados (nacionales y del Parlacén), asambleístas constituyentes, regidores, presidentes de salas capitulares,  representantes ante la OIT, embajadores ante el Reino Unido, Yugoslavia, Bélgica, Francia, la Comunidad Europea, la Santa Sede, la Orden de Malta, Grecia, Chipre, Argentina y Paraguay; miembros de número y correspondientes de academias criollas y extranjeras, de la JCE,  de innumerables comisiones; consultores, coordinadores, asesores, fundadores; escritores, columnistas, autores, conferencistas, coautores, articulistas, ensayistas, directores de revistas y programas jurídicos; procuradores generales adjuntos y ayudantes de procuradores fiscales y generales de cortes de apelación...

Tamaña sarta de méritos, galardonada de hecho con las más altas condecoraciones de una docena de países, constituye una prueba irrefutable de la competencia de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional. O al menos la de un par de jueces. Porque de los trece jueces que lo componen, sólo las juezas Bonilla Hernández y Jiménez Martínez (dotadas al parecer, de más discernimiento o coraje que el resto de sus colegas), se negaron a ratificar la sentencia 0168-13, que despoja ilegal, ilegítima e inmoralmente de su nacionalidad a miles de dominicanos.

No ponemos en duda la inteligencia de los once jueces restantes; quizás en su precipitada carrera tras el saber, olvidaron dedicar un poco más de tiempo al estudio del castellano: Al parecer, ignoran el significado de las palabras irretroactividad y tránsito...

Pero la sapiencia de la honorable mayoría del Tribunal  Constitucional no puede alegar ignorancia sobre ciertos puntos:

No pueden ignorar que hacen un magro servicio a la institucionalidad nacional y a la imagen de nuestra nación. Que con su decisión confirman lo que decía un caudillo: que nuestras constituciones y leyes no son más que pedazos de papel. Ni que confirman con las mismas que el Poder Judicial, como el Legislativo, es subalterno y accesorio al Ejecutivo.

No pueden ignorar que los diplomas, títulos y certificados que garantizan sus conocimientos son igualmente inservibles. Ni que esos conocimientos adquiridos a través de su vasta educación, instrucción y experiencia de nada sirven sin el respaldo de la ética.

Es lamentable que los magistrados Ray Guevara, Piña Medrano, Vásquez Sámuel, Acosta de los Santos, Castellanos Khouri, Castellanos Pizano, Curi David, Díaz Filpo, Gómez Bergés, Gómez Ramírez y Reyes guarden silencio. Tanto como el Presidente Medina y los demás miembros de su gobierno. Es lamentable que no debatan – pública y de forma contradictoria, ¿Por qué no? – con las juezas Bonilla Hernández y Jiménez Martínez o los ciudadanos que entienden que esta sentencia es un nuevo adefesio que desacredita nuestras instituciones en general y nuestra justicia en particular.

Después de todo, quien calla, otorga.

Ante todo esto, los doctos jueces que en este caso constituyen la mayoría del Tribunal Constitucional no pueden alegar ignorancia.

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