Desde el surgimiento del Estado moderno, los gobiernos han buscado la forma de satisfacer las necesidades básicas de su población. Las decisiones y los actos que estos realizan en esta dirección es lo que modernamente se denomina políticas públicas. Estas tienen como objeto solucionar los problemas públicos y dada la gran cantidad y diversidad de estos, y a la escasez de recursos, se hace necesario realizar una planificación efectiva, que permita al gobierno contar con un mapa de ruta y optar por cuál decisión tomar o cuál desechar frente a una problemática determinada.
La implementación de toda política pública conlleva una serie de riesgos: riesgos de selección, riesgo de implementación, riesgo de eficacia o eficiencia, riesgo de ser rechazada por la población objeto o por los stakeholders, en fin, riesgos que pudieran llevarla al fracaso, en contraposición a los resultados que de ella se esperan. A fin de reducir estos riesgos, el Estado debe desarrollar mecanismos que permitan analizar, diseñar y estudiar correctamente las políticas públicas a implementar.
Unido a lo antes dicho, se encuentra el contexto global en el cual la evolución de la tecnología obliga a todos los actores sociales a innovar para poder estar a la vanguardia y llenar las expectativas de los clientes (en el sector privado) o de los usuarios/ciudadanos (en el sector público). Existe innovación cuando se implementa una idea novedosa que tiende a suplir una necesidad o a mejorar un situación o problema específico. La innovación facilita que las cosas se realicen en menos tiempo y con menos recursos, lo que se traduce en beneficios tangibles para aquel que la implementa. No obstante, pese a sus grandes beneficios, innovar en la administración pública es muy complicado, debido a la naturaleza propia del Estado, a su organización y a otros factores de carácter histórico y cultural (Hernández-Bento, 2014).
Como una solución a este dilema, varios países han establecidos estructuras especializadas dedicadas exclusivamente a fomentar la innovación; estos son los Laboratorios de Innovación Pública, iniciativas tendentes a mejorar las condiciones en que el Estado ofrece sus servicios, como una alternativa para crear (o co-crear), diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y así dar respuestas más efectivas a los problemas colectivos. A su vez, estos sirven de centro de inteligencia del gobierno para realizar análisis de las políticas más importantes: aquellas que son de gran impacto y conllevan un elevado costo.
Un laboratorio es un espacio equipado y dispuesto para la investigación y experimentación. Asimismo, cuando se habla de innovar, según Grandinetti (2018) “se trata de concebir y aplicar una nueva manera de lograr un resultado o desempeñar una tarea” (p. 22), y si se refiere específicamente a la innovación dentro del gobierno se trata de una solución eficaz, creativa y única a problemas de la administración pública (Grandinetti, 2018).
Los laboratorios de innovación son organizaciones de reciente aparición en los gobiernos y en muchas organizaciones privadas sin fines de lucros y de prestigio mundial (como es el caso de UNICEF). A través de los laboratorios de innovación se busca crear espacios que faciliten la producción de ideas, el desarrollo y prueba, ex ante y ex post, de políticas públicas y mejora de servicios (públicos). Los laboratorios de innovación son un excelente espacio para generar ideas innovadoras centradas en las necesidades reales de los ciudadanos, fomentando muchas veces una dinámica de trabajo colaborativo con estos (Acevedo, 2016). Cuando un laboratorio de innovación trabaja en la creación, testeo y evaluación de políticas públicas, decimos entonces que se trata de un Laboratorio de Innovación Pública (LIP).
En los LIP’s intervienen equipos multidisciplinarios y multisectoriales creando una dinámica de trabajo que permite observar y analizar distintos puntos de vistas sobre un mismo problema, lo que conjuntamente con la generación de ideas centradas en las personas, constituye una manera distinta de generar soluciones en la administración pública (Cerdas, Céspedes y Cortés, 2017). Los LIP’s son espacios dedicados a la investigación, el pensamiento y la experimentación de una manera diferente a la habitual, siendo común en ellos el uso de metodologías y técnicas como el pensamiento lateral, design thinking, entre otros (Arros, 2016).
Se llaman “laboratorios” debido a que en ellos se experimenta con las posibles políticas públicas o servicios, se hacen prototipos, testeos y pruebas pilotos en espacios controlados, y así, al aplicarlos a gran escala, se puede maximizar la posibilidad de éxito de los mismos, lo que implica además una mejor gestión del gasto público, evitando el despilfarro de grandes inversiones en proyectos de políticas públicas que previamente se ha demostrado no tendrían el éxito esperado (Long y Rodríguez, 2017).
La creación en República Dominicana de un LIP o de unidades de innovación a lo interno de las instituciones públicas constituiría un manejo mucho para eficaz y eficiente de los fondos, pues se estaría dirigiendo los mismos a políticas públicas previamente experimentadas y posteriormente evaluadas, garantizando con ello mayores probabilidades de éxito y menor taza de rechazo al ser construidas por equipos multidisciplinarios y multisectoriales que permiten una visión holística del problema y que ponen como centro de la política al grupo a impactar.
Bibliografía:
Acevedo, S. (2016). Innovar en el estado: el rol de los laboratorios. Blog Kreatópolis. Recuperado de: https://blogs.iadb.org/kreatopolis/2016/10/13/%EF%BB%BF%EF%BB %BFinnovar-en-el-estado-el-rol-de-los-laboratorios/
Arros, V. (2016). La Experiencia del Laboratorio de Gobierno y su contribución en el desarrollo de la innovación en el sector público chileno. (Tesis de Maestría, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Cl). Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/138133/Arros%20Valentina_Tesis%20MGGP.pdf;sequence=1
Cerdas, R., Céspedes, C. y Cortés, M. (2017). Los laboratorios de innovación desde una perspectiva de Gobierno Abierto. Universidad de Costa Rica y Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA). San José, Costa Rica. Recuperado de: https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2018/informe_laboratorios_ de_innovacion.pdf
Grandinetti, R. (2018), ¿Por qué el Gobierno Abierto invita a Innovar? España. Revista U-GOB-NOVAGOB, No. 2, marzo 2018, pp. 18-23.
Hernández, E. (2014), “Innovar en la Administración Pública”. España. Revista Economía Industrial, Núm. 392, (2014), pp. 13-16. Recuperado de: http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/Eco nomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/392/PRESENTACION.pdf
Long, F. y Rodríguez, E. (2017). Laboratorios de innovación: repensando las fronteras de la administración pública. Universidad Nacional de Rosario. Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017. Recuperado de: http://www.congresoalacip2017.org/arquivo/downloadpublic2?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyI7czozNToiYToxOntzOjEwOiJJRF9BUlFVSVZPIjtzOjQ6IjI5OTAiO30iO3M6MToiaCI7czozMjoiYjJjY2U3NGYzZjVmOTk4YzZlODQ wOWU1MWYxZGE1YTQiO30%3D
Sobre los autores:
- Larissa Llibre Tejada: Licenciada en Derecho egresada de la PUCMM, Magíster en Alta Gestión Pública por l´École Nationale d’Administration (L’ÉNA) y Especialista en Cumplimiento por The George Washington University.
- Moisés Jáquez Mota: Licenciado en Derecho egresado de la UASD, Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y Magíster en Alta Gestión Pública por l´École Nationale d’Administration (L’ÉNA)