Joaquín Balaguer centró toda su atención en sus 22 años de gobierno, en construir viviendas, avenidas, carreteras y hasta un Faro a Colón que es un verdadero panteón a la vulgaridad y al despilfarro.

Esas obras, algunas necesarias e importantes, fueron la fuente de corrupción que enriqueció a mucha gente en esos años oscuros ya que todo recaía en un grupo de ingenieros y contratistas que sagradamente sacaban del primer desembolso la jugosa comisión que se repartía.

Balaguer odiaba los acueductos porque era enterrar el dinero y mantuvo los salarios en niveles de miseria para poder invertir más en obras.

La transparencia e institucionalidad eran palabras inexistentes porque Balaguer manejaba el presupuesto como un bodeguero, usando un cuaderno de escuela. Para colmo se rodeó de un gabinete lleno de trujillistas y asesinos donde los militares tenían la última palabra.

En los gobiernos del PRD, Antonio Guzmán tomó la decisión más trascendental de los últimos 60 años: desmantelar la estructura trujillista que seguía controlando al país. Además, le prestó a la agricultura una atención especial que la sacó de las cenizas. Eso fue suficiente para catalogar sus 4 años como uno de los mejores desde la muerte de Trujillo.

El gobierno de Hipólito Mejía también siguió la tradición de construir varias obras de infraestructura como medio visual, donde Invivienda, las Américas y Samaná se llevaron la corona. Pero, aunque muchos no lo crean, impulsó la mayor cantidad de reformas institucionales que se hayan logrado en 4 años desde que el país se fundó.

Ese logro increíble quedó opacado por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y por la crisis bancaria del 2003, dos hechos que hubieran podido tumbar cualquier gobierno.

Pero en esos 8 años del PRD en el poder, la trasparencia muchas veces brillo por su ausencia cuando de construir obras se trataba.

Los 16 años consecutivos del gobierno peledeista fueron definitivamente los más desastrosos. La corrupción se convirtió en una práctica generalizada y la falta de institucionalidad desenterró la podredumbre moral del poder político, donde todo se reducía a enaltecer el metro, los elevados y túneles, las autopistas, los corredores, los puentes y la infraestructura escolar.

Pero a que costo. Cada una de esas obras tenía sobrecostos entre 30% y 40% que iban a los bolsillos de los funcionarios del PLD. Un robo masivo. Y lo mismo sucedía con cada compra de bienes o servicios.

¿Cuánto se robaron en Punta Catalina, o en la autopista del Coral? ¿Cuánto se embolsillaron con el corredor Duarte y otras innumerables obras construidas por Odebrecht? ¿Cuánto se robaron en la compra de asfalto? Robaron en todas las obras sin importar su tamaño. Y lo mismo hicieron en cada compra.

Luis Abinader debe continuar haciendo lo que este país más necesita para salir de la miseria y el subdesarrollo: fortalecer la institucionalidad, transparentar el quehacer público y extirpar la corrupción en todos los estamentos el estado. Jamás cambiar de rumbo y que haga lo que puede en materia de infraestructura, concursando cada obra y usando a plena capacidad las alianzas publico privada.

Pero la transparencia también tiene un costo. Todo lo que son compras y contrataciones se dilatarán mucho más tiempo y eso levantará cuestionamiento de una población acostumbrada a que todo se haga de la noche a la mañana, sin importar si hay corrupción de por medio.

Los dominicanos deben valorar más la institucionalidad y la transparencia que cualquier otra cosa, porque eso repercutirá en su propio bienestar.

Es momento de invertir y mejorar la calidad del gasto público para recuperar la economía de la crisis y en el gobierno descansa esa gran responsabilidad, pero sin convertir el Palacio Nacional en una montaña de estiércol como ocurrió con los gobiernos del PLD.