La Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado ha mostrado gran interés en investigar y actuar de inmediato sobre un fraude en contra del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, estimado en más de RD$100 millones, denunciado por Kirsis Jáquez, Presidenta de ADAFP.
Durante una reunión con dicha Comisión senatorial, Henry Sahdalá, Tesorero de la Seguridad Social, señaló que “Son mafias que conocen las debilidades del sistema…Tenemos que trabajar para derogar esa resolución que permite esta modalidad de salarios parciales, ya que el Estado tendría obligatoriamente que garantizar salud y pensiones a estos trabajadores, que sabemos que no son tales”.
Al conocer el problema, el senador José María Sosa dijo “Nosotros como Presidente de la Comisión vamos a rendir un informe de gestión mañana o el jueves para enfrentar esta crisis que está afectando a la Seguridad Social”.
En el 2012 el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó una Resolución autorizando cotizaciones por debajo de la mínima, supuestamente para trabajadores temporeros que no laboran el mes completo. Hace más de dos años que se detectó una evasión y elusión cuantiosa y creciente, pero el CNSS prefirió esperar que su agudización se tradujera en un escándalo nacional que llamó la atención del Senado. Esta actitud, doblemente inconsecuente es una de las razones de su pérdida de autoridad y credibilidad.
La evasión es un acto ilegal mediante declaración falsa con el fin de reducir la cotización a la seguridad social, ya sea declarando salarios más bajos, sólo una parte de los trabajadores, o ambas. Es un secreto a voces que empresas reales y ficticias, registran sólo una parte de la nómina y unos meses después le dan de “baja”, y declaran la otra parte del personal.
En cambio, la elusión consiste en aprovechar cualquier debilidad o imprecisión de la normativa vigente, con idéntico propósito. Por ejemplo, darle de baja a una parte del personal, aprovechando los dos meses de servicio de salud que la Ley 87-01 les otorga a los trabajadores cesanteados, para dos meses después volver a enrolarlos, sin que pierdan el seguro de salud.
En la práctica, ambas modalidades se combinan y complementan, causando daños irreversibles a los trabajadores y al Sistema. A los trabajadores, porque reduce sensiblemente el crecimiento de su fondo previsional, y la posibilidad de recibir una pensión digna durante su retiro. Y al sistema, porque reduce el ingreso y eleva el gasto del plan de salud, erosionando su equilibrio financiero y su sostenibilidad.
La solicitud al Senado de Rafael Pérez Modesto, Gerente General, de un plazo de tres meses para que el CNSS resuelva el asunto, es correcta ya que resulta elemental que si toda esta situación fue originada por una resolución incorrecta y complaciente del CNSS, corresponde al propio CNSS derogarla cuanto antes, evitando la intervención innecesaria de otro poder del Estado y la consiguiente pérdida de autoridad. Esta derogación solo evitaría la agudización de la evasión y elusión, ya que para erradicarlas, serán necesarias otros cambios de fondo.
El CNSS tiene la oportunidad de asimilar esta experiencia y convertirla en un punto de partida hacia una defensa real y oportuna de los derechos de los afiliados y una mayor vigilancia sobre el equilibrio financiero del Sistema, condiciones esenciales para recuperar su autoridad y credibilidad.