El pasado viernes el país se despertó conmocionado cuando en las primeras horas de la mañana, el ministro de Industria y Comercio, Lic. Temístocles Montás, anunció en una rueda de prensa, convocada de emergencia, que se eliminaría el subsidio a los empresarios de transporte de carga y pasajeros, siendo este el segundo knock-out que este gobierno propina a este sector luego del sorpresivo aumento de las tarifas de los peajes en el pasado mes de septiembre.
La audacia del gobierno no tardó en causar estragos. Los transportistas, primero, intentaron paralizar la capital en medio de protestas y amenzas con subir el pasaje. Segundo, la cúpula de la sociedad civil y las distintas organizaciones que agrupan a los principales empresarios privados de este país, favorecían la decisión de este gobierno de empantalonarse frente a estos sindicalistas que desde su concepción han logrado mantener a todos los gobiernos en jaque, y tercero, el resto de la población, que abarca la mayor parte de los afectados, que se quedaron sin acceso a los medios de transporte para llegar a sus trabajos y hogares.
Esta decisión, como dijo el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vásquez, fue ‘unilateral e inoportuna’, y además fue estratégicamente planificada para ser tomada después de las elecciones. Sin embargo, considerando que la mayoría aquí no tiene acceso moverse por sus propios medios, los más afectados por el decreto fueron los menos pudientes, quienes no pueden sentirse nuevamente defraudados porque siempre caen inocentemente ante las promesas de sus políticos, independientemente del partido, cada cuatro años.
Como espectadores no podemos permitir que el gobierno corte la soga por su lado más débil, pues de la misma manera que los precios de los combustibles han bajado desde 2011, cuando se tomó la decisión de subsidiar, no solamente a los afectados si no también a los empresarios del sector privado (quienes continúan con los dichosos beneficios) los precios de los artículos no han parado de subir, como también lo hace la tasa del dólar (en silencio y escaseando), moneda de la que depende la compra de los combustibles.
Si bien es cierto que el transporte público de nuestro pintoresco país es un caos y una amenaza para el desarrollo general y para la seguridad de todo el que se mueva en cualquier rincón a nivel nacional, es una hipocresía que celebremos que le pusieran el cascabel a esos rebuseros y permanezcamos tolerantes, sin protestar, respaldando con nuestro silencio el aumento de los salarios de los senadores, la abultada nómina del Estado, los ridículos beneficios de los funcionarios, las violaciones a la Ley de Regulación de Salarios Públicos que cometen una lista de 10 funcionarios encabezada por Valdez Albizu (y que no hay una entidad que los obligue a cumplir a ley) así como las casi infinitas exoneraciones y exenciones fiscales de las que gozan los políticos, empresarios de zonas francas, turismo, el sector productivo, entre otros.
Es el momento oportuno para revisar cada centavo que el gobierno subsidia a los diversos sectores económicos del país, pero también es un buen momento para comenzar a organizar el transporte público en general, pues si Antonio Marte y Juan Hubieres tenían la mejor intención para el país en las pasadas elecciones, es ahora cuando tienen para demostrarlo.
Y quién sabe, si hasta el PRM resulte beneficiado si utiliza sus influencias políticas para organizar este tollo al que llamamos tránsito, que amarga la vida del resto de los mortales que nos llamamos padres de familia, que llegamos infartados a nuestros hogares por el desorden que han creado estos transportistas, pues no se descarta que su asociación con los empresarios de transporte, junto con el visible y descarado maluso que le dio gobierno en las elecciones pasadas a nuestros recursos, haya sido una de las razones por la que le dieran la espalda aquellos que buscaban… el verdadero cambio.
Celebremos el fin de este abuso al que nos sometían a los que pagamos nuestros Impuestos a las Telecomunicaciones, el ITBIS, la TSS, el Infotep, el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, luz, agua y gas sin ayuda, sin privilegios y con el sudor de nuestra frente, pero hagamos que nuestros impuestos no se los traguen los más ricos de este país, embolsillándose los subsidios y las concesiones. La justicia debe ser igual para todos.
Basta ya del tigueraje de los transportistas, como también de que la carga más pesada la lleven los que pueden menos y el gobierno sólo respete a los otros dueños de este país, la cúspide del empresariado dominicano. Si los primeros no pueden cerrar el país, estos empresarios, menos.