Una de las creencias más esparcidas en las últimas décadas fue aquella del efecto goteo o "trickle down effect", según la cual si en un país se produjera un crecimiento económico alto sostenido, llegaría un momento en que dicho crecimiento se derramaría y tocaría a los quintiles más bajos de la estructura del ingreso de la población. Es decir, que dicho crecimiento generaría más empleo, mayores ingresos para los pobres y un estímulo importante a la demanda; y todo esto se convertiría en un reductor de brechas de desigualdad en el ingreso y mayor bienestar para la población en general. Lamentablemente, los diseñadores de políticas económicas y sociales en República Dominicana cayeron en dicha trampa.
Eso pudo haber sido cierto si el crecimiento económico experimentado hubiese estado acompañado de políticas públicas cónsonas con la eficiencia del gasto corriente del gobierno, de tal manera que en vez de crear un gobierno grande, burocrático, y que en ocasiones resulta infuncional, lo hubiesen transformado en uno no tan grande, pero más eficiente y menos paternalista, y que a la vez quisiera estimular al sector privado, para que este asuma parte del pastel de la empleomanía nacional.
Si queremos una sociedad más equitativa, donde los resultados del crecimiento económico respondan a un esfuerzo colectivo y de igual forma sus beneficios, tendríamos que aplicar políticas que fomenten la innovación, la iniciativa empresarial, y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES). O tal vez, deberíamos ampliar la base impositiva y hacerla más solidaria, de tal forma que la clase media no sea la gran afectada de todo este proceso, y más bien se convirtiera, junto a las demás, en receptora real de los beneficios colectivos. O por qué no impulsar programas de desarrollo que creen capacidades en la gente y les permitan tener la libertad suficiente para elegir el tipo de vida que ellos quieran tener. O por último, promover una real descentralización estatal que junto a un reordenamiento territorial coadyuven a que las provincias, municipios y todos los ciudadanos en cualquier rincón del país reciban beneficios de las riquezas que poseen y producen en sus territorios.
Sabemos que es difícil que la mayoría de la población pueda ser beneficiaria de la riqueza que trae consigo el crecimiento económico, sobre todo, si los gobiernos no entienden la vinculación entre desigualdad y crecimiento económico. Lo que sí es posible, es la aplicación de políticas públicas que permitan que el crecimiento de cada individuo sea una elección individual.