La puerta giratoria es la acción que se conoce de algunos “funcionarios públicos” que giran del sector privado al público o del público al privado. En el Japón les dicen “amakudari”, que significa "caídos del cielo”.
En la República Dominicana las puertas giratorias se han convertido en una práctica que pasa inadvertida y como algo normal, que no llama la atención de la sociedad, ni de los grupos que trabajan por el adecentamiento del Estado y la calidad moral del servidor público.
La puerta giratoria o puertas de “par en par” entre ambos sectores, debe ser visto como un proceso de rotación de los funcionarios públicos, donde personas que por su relación y lealtad con los agentes privados, son designadas e impuestas en instituciones rectoras de algún sector del Estado y de esa manera agenciar excepciones y facilidades para su patrón, en desmedro del patrimonio público.
El debate, la reflexión y el accionar contra esta práctica tiene que convertirse en una realidad en nuestro país, para de esa manera poner al desnudo los potenciales conflictos de interés que genera esta habilidad dañina, generadora de condiciones propicias para la corrupción público-privada.
Nuestro país debe contar con políticas y normas para interponerse e intervenir en la reducción y eliminación del fenómeno de las puertas giratorias, porque es necesario controlar los permitidos conflictos de interés en el Estado dominicano.
En ese sentido es obligatorio contar con un cuerpo normativo integral, uniforme, homogéneo y sancionador, para prevenir los conflictos de interés que se originan, cuando se asume funciones públicas pero representando en la práctica con sus acciones y omisiones interés de grupos fácticos y externos a las instituciones del Estado.
Cuando un funcionario público encargado de un órgano rector, con responsabilidad y atribuciones de regular un sector y tiene acceso a información privilegiada por las funciones que desempeña, se convierte en una condición preferida para el sector empresarial que representa y que están en la obligación de “regular” en su condición de funcionario público.
El fenómeno de la puerta giratoria en la sociedad dominicana camina rápidamente y sin control, pasando inadvertido en los debates públicos y escasamente se convierte en un tema de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, no obstante es una práctica que se extiende a las diferentes instancias del Estado y facilita el enriquecimiento ilícito, que anida la corrupción y se convierte en una forma dolosa para la acumulación de capitales.
Por eso es necesario adoptar políticas, acciones y normativas que desintitucionalicen este fenómeno y lo regulen. Es conveniente blindar y proteger el erario público de los depredadores de ayer y de hoy, para no tener un Estado capturado por las cuotas políticas y por los intereses económicos e infiltrados por grupos externos que lo subordinan y ponen las instituciones públicas a sus servicios de interés particular.
Esta práctica se ha legalizado y formalizado en los consejos de las empresas del Estado y la experiencia en nuestro país ha sido orientar a dichas empresas a la quiebra, sustituyéndolas por empresas propiedad de estos miembros y/o relacionando. Los casos más patético son los de la Corporación de Empresa Estatales CORDE y el Fondo Patrimonial de las Empresas Capitalizadas (Fonper).
En la República Dominicana recomendamos prestar especial atención al riesgo de que las puertas giratorias se enquisten y alojen en las instituciones públicas, existiendo altas posibilidad de penetración en los siguientes sectores: Eléctrico, Financiero, Salud, Seguridad Social, Aduanas, Impuestos Internos, Minería, Medio Ambiente, Telecomunicaciones, entre otros.
Estamos considerando las instituciones donde los funcionarios públicos cumplen tareas de inspección, vigilancia, control o regulación y donde pueden mantener vínculos de dependencia con las empresas que están llamadas fiscalizar. Los conflictos de interés entre lo público y lo privado se convierte en una dualidad perversa, porque los roles contradictorios lo llevan a no cumplir con sus atribuciones y funciones que le asigna el Estado.
En ese sentido es un imperativo adoptar medidas preventivas de monitoreo y control, que puedan imputar sanciones ejemplarizadoras a los funcionarios que se encuentren en ese doble rol y que extienden la complicidad a sus subalternos para la rapiña de los fondos públicos.
De continuar esta práctica seguiremos atrapados por el discurso demagógico de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, mientras el fraude público-privado y la práctica de las puertas giratorias se extienden en la República Dominicana, ampliando las modalidades de la corrupción.
Por eso los ciudadanos/as dominicana/os deben conocer esta modalidad y riesgo de esta mala práctica, hacer conciencia de este fenómeno y desengrasar las puertas giratorias, rompiendo los aldabones, manubrios y giros ilegales y antiético entre el poder políticos y el poder económico.
No es posible tanta pasividad ante esta realidad, no es posible tolerar esta situación, de contar con representación del sector privado en la administración pública. Debemos detener los efectos de las puertas giratorias, porque se convierte en una forma de corrupción y de botín de los intereses públicos, al servicio de particulares.