Aunque no hay números precisos sobre la cantidad de dominicanos que viven en PR, pienso que en la isla no deben residir, entre legales e ilegales, más de 125 mil y no más de 15 o 20 mil con derecho al voto por ser ciudadanos norteamericanos naturalizados. Hay otras especulaciones de números más altos y otros más bajos, pero ninguna se apoya en datos concretos. Además del reto que supone manejar cifras imprecisas, abordar las especulaciones sobre el número de sus descendientes nacidos en PR (ya sea de madres o padres dominicanos emparejados con puertorriqueños o puertorriqueñas o de parejas dominicanas) representan otros retos para las investigaciones de los fenómenos sociales que se ocupan de registrar marcas identitarias nacionales, aun en tiempos de tanta hibridez y mestizajes cultural y étnicos, llamados trasnacionalidad en el campo de los estudios culturales.

Establecer una aproximación sensata del perfil de ese último sector poblacional resulta más complejo aún debido a la integración natural de las proles de los migrantes al país receptor. El escenario se complejiza más aún por las tácticas de sobrevivencias (ocultaciones y simulaciones) que aprenden los hijos de los extranjeros para protegerse del discrimen y la xenofobia, abierta o sutil, por los orígenes nacionales de sus padres y que ya en la isla se han puesto de manifiesto. En PR han acontecido innumerables casos de bullying a niños de descendencia dominicana en las escuelas que han salido a la luz pública. Unos orígenes de extranjerías tienen más prestigios que otros. No es similar ser descendiente en PR de italianos, alemanes, e incluso norteamericano, etc., etc., que serlo de dominicanos o dominicanas. El fenómeno se reproduce en RD con relación al haitiano: no se le tiene la misma estima a un dominicano de origen haitiano que a otro cuyos ancestros sean italianos, franceses o españoles. Las genealogías de países centrales y hegemónicos cultural y económicamente gozan de más ascendencias que los de países subalternos. El margen tiende a segregar a su igual.

Ante el temor de observadores, periodistas y analistas de que los dominicanos en PR puedan determinar las elecciones del 3 de noviembre es imperativo aclarar que en PR no todos los dominicanos residentes en la isla tienen derecho al voto. Para tener acceso al sufragio, la primera condición es que sean ciudadanos norteamericanos naturalizados. Si no lo son no pueden ser votantes, aunque vivan legalmente en PR y posean una tarjeta de residencia legal; paguen impuestos, posean casa propia y negocios y sus hijos, nietos y biznietos hayan nacido en la isla y sean puertorriqueños geográfica y culturalmente. Hay que acentuar que el criterio para reconocer a un individuo como ciudadano norteamericano se apoya en el “jus solis”. Estados Unidos también reconoce a sus ciudadanos nativos por el “jus sanguinis” cuando los hijos de sus ciudadanos nacen durante viajes o son hijos de los funcionarios que laboran en las embajadas y en los cuerpos consulares.

Por ello, al día de hoy, cualquier extranjero en PR, pero principalmente dominicano, aunque tenga décadas residiendo en la isla legalmente no puede votar en las elecciones porque queda bajo el amparo de la política migratoria de los EE.UU. que lo impide. Sí lo pueden hacer sus proles si nacen en territorio estadounidense, pero sus hijos no pueden ser categóricamente censados como dominicanos, aunque reconozcan sus orígenes.

Si tomamos como corte el interregno que va desde 1965 cuando se inicia la primera gran ola de llegadas de dominicanos a PR es lógico colegir que en PR ya hay varias capas ciudadanos dominicanos naturalizados integrados a la sociedad puertorriqueña. Esos ciudadanos, que se especula que fluctúan entre quince o veinte mil, son los únicos que legalmente tienen derecho al voto si están registrados en el padrón electoral de PR. Es insostenible afirmar o sugerir que en PR hay más de cien mil dominicanos y dominicanas que pueden votar en las elecciones, eso independientemente de que la cifra total pueda llegar a los doscientos mil como sugieren otros cálculos.

Tras el surgimiento del proyecto populista de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático (PPD) en 1938, algunos de los exiliados dominicanos (que ya habían llegado a PR a partir de 1930), tempranamente se ciñen al proyecto muñocista, como ejemplifica el caso de Juan Bosch, y será luego de la fundación del ELA, en 1952, y tras el desenmascaramiento de su farsa del que empezarán a deslizarse hacia otros derroteros políticos. Quizás porque Muñoz Marín fue antitrujillista sin tapujos, fue amigo de los exiliados y los acogió al grado de declararle la guerra a Trujillo, explique parcialmente la identificación de esos primeros dominicanos con aquel Partido Popular Democrático de entonces.

Aunque descuidada por décadas, esa tradición de apoyo de la mayoría de los dominicanos en PR al Partido Popular Democrático (PPD) fue capitalizada por la ex gobernadora Sila María Calderón en el contexto en 1996, cuando fue alcaldesa de San Juan. Sila se percató que al interior de la comunidad dominicana había una cuota significativa de votos para conquistar la alcandía de San Juan y luego la gobernación. Sería, sin embargo, muy arriesgado afirmar que Calderón ganó por esos votantes. La misma lógica tampoco se podría aseverar de la actual alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que también contó con el soporte de un sector considerable de la comunidad dominicana que se identificaró con su proyecto populista para ganar la alcaldía capitalina por dos periodos continuos. Carmen Yulín sí contó con dos asambleístas municipales dominicanos: Jimmy Zorrilla y Claribel Martínez Marmolejo.

Posterior a la acogida de los candidatos colonialistas del PPD, el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) empezó a afinar su retórica y bajó el tono del discurso xenofóbico antidominicano. Encontró aliados alrededor de algunos sectores de la comunidad. Es curioso que el ex policía dominicano Gregorio Matías -acusado de asesinar a otro dominicano en un bar de Río Piedras- y hoy día senador sustituto y candidato al senado por el PNP para estas elecciones fue uno de los candidatos que más votos obtuvo en las primarias del Partido Nuevo Progresista y se perfila que gane un escaño en el senado.

Aun así, Matías no es candidato al senado en representación de la comunidad dominicana en PR, aunque apele muy subterránea y cautelosamente a ella. Su discurso no es abiertamente identitario-dominicano. No puede serlo. Tampoco lo es el de la química de profesión Claribel Martínez Marmolejo, candidata al senado por el Partido Popular Democrático. No pueden serlo, como la de ningún otro candidato dominicano o dominicana porque en PR no hay votantes suficientes (ni por candidatura por acumulación) para que un dominicano o dominicana gane un puesto legislativo bajo la consigna de la dominicanidad. No alcanzaría los votos suficientes. Se trata de una comunidad muy fragmentada como la puertorriqueña misma, pero desde su condición de minoría.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es una organización abiertamente puertorriqueñista orgánica y compacta con legítimo y genuino derecho a reclamar la soberanía plena de esa pequeña burguesía revolucionaria y nacionalista truncada en Lares de 1868. Tiene la razón histórica y moral de su parte. Aspira a representar lo que entiende que es la identidad puertorriqueña y la libre determinación política como territorio no colonial, que es lo propio ante la comunidad internacional. Históricamente al PIP le ha sido indiferente la presencia de la comunidad dominicana en PR. No se ha mostrado interesado en ella por lo menos a nivel de campaña eleccionaria. Parecería que parte del convencimiento de que automáticamente la comunidad dominicana en PR es colonialista o anexionista. Al interior de la comunidad existe la percepción de que el PIP es un partido xenófobo y antidominicano. Aun así, en PR hay dominicanos identificados con el independentismo.      

Por su visión internacionalista y pluralista el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ha apelado al apoyo de la comunidad dominicana más arrinconada y frágil. Dada la composición política-ideológica, una suerte de sombrilla-arcoiris de colores desbordados del MVC, este partido muy a pesar de las tensiones de un sector de la comunidad dominicana con su candidata Alexandra Lúgaro al inicio de la campaña, pero ya resulto, se presenta como un proyecto político que puede convocar con algún éxito a miembros de la comunidad con derecho al voto que no se identifican con el anexionismo, el colonialismo ni con el independentismo puro propulsado por el PIP.

Habría que concluir que el grado de tipificación ideológico-partidista de la comunidad dominicana en Puerto Rico es análogo proporcionalmente al de la población nativa. Es simétrica. El perfil de dominicanos votante en la isla profesa las mismas identidades y filiaciones políticas en la proporción a su composición numérica. Por ser una comunidad de naturaleza muy heterogénea no parece que ningún por ciento que derive de la cifra total de votantes dominicanos todavía tenga poder de decidir unas elecciones en Puerto Rico. Las candidaturas que gane el PPD, el PNP, el PIP o MVC u otros partidos no serán por el apoyo o no apoyo de la comunidad dominicana en PR. El voto dominicano en PR suma, pero no determina. Solo el futuro dirá si esa comunidad se aglutina y apoya en bloque a un candidato o candidata por consenso programático, pero todavía es una minoría mayoritaria muy diseminada y disgregada para hacerlo por lo menos en estas elecciones del 3 de noviembre.