Como la Junta Central Electoral (JCE) tiene años decidiendo en forma administrativa quién es dominicano y quién no lo es, pero perjudicando en forma sistemática y exclusiva a los nacionales de ascendencia haitiana, ahora que el Tribunal Constitucional acaba de darle ribetes “constitucionales” a esa vulneración de las leyes y la Constitución, creo que ellos están en el deber de darle transparencia al proceso de “limpieza” al registro civil.

Si estuvieren los jueces de la JCE dispuestos a demostrar que no están cumpliendo con el programa máximo de los neo-nacionalistas xenófobos, les propongo que hagan un plan piloto para determinar la verdadera nacionalidad de un grupo de prominentes dominicanos a la luz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Lo justo, equilibrado, transparente y honesto sería que ellos presenten al país los documentos originales (Libros del Registro Civil) donde están asentados los datos que sirvieron de base para entregar la Cédula de Identidad Personal del padre y de la madre de todos los jueces de la JCE, de los honorables jueces del Tribunal Constitucional, de los integrantes del Tribunal Superior Electoral y de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

Por igual, la JCE haría un gran servicio al país y a la comunidad internacional si presenta los libros originales de las actas de nacimiento y Cédula del padre y de la madre de todos los senadores, los diputados, los alcaldes y los regidores.

Si la JCE ejecuta este plan piloto va a encontrar lo siguiente:

Primero: Que en la inmensa mayoría de esos casos la Cédula de Identidad Personal les fue entregada a esos ciudadanos (sus propios padres) sin estar provistos de ningún documento que demuestre su lugar de nacimiento ni sus legítimos progenitores. Obtuvieron su Cédula aportando datos orales imposibles de comprobar.

Yo saqué la Cédula en 1971, llevé un acta de nacimiento y solo la utilizaron para ver correctamente mi nombre y mi fecha de nacimiento. Todo lo demás lo aporté en forma oral y vi cuando la joven que me registró tiró el acta original en una cesta.

Lo importante en ese momento era asignar el número de cédula y con él cobrar el impuestocada año.

Segundo: Que la Cédula de Identidad Personal, más que un documento bien registrado y rigurosamente otorgado con apego a la ley y en interés de que el país dispusiera de un Registro Civil ordenado, era un impuesto al fisco que hasta que quedó extinto a inicio de la década del noventa del siglo pasado, era de un peso anual.

Tercero: Que la JCE publique la lista completa de las personas que sin ser de ascendencia haitiana, se les ha “suspendido” administrativamente la entrega de actas de nacimiento porque sus padres estaban en tránsito en el país entre 1929 y 2010. No he visto la primera queja pública por vulneración de este derecho a “blancos” o cenizos.

Estoy seguro que la JCE no puede ejecutar este plan piloto porque la mayoría de ellos, como los demás jueces, legisladores y alcaldes no serían dominicanos si se aplica con todo rigor el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional.

La mejor demostración de que sus padres y abuelos no llevaron nada para obtener la Cédula es que la JCE inició el 18 de octubre de 2008 un programa de captación de datos, fotografías, huellas y firma de más de seis millones de ciudadanos para “unificar” las informaciones y huellas biométricas en la Cédula y el Acta de Nacimiento de cada dominicano mayor de 16 años.

El programa se anunció para arrancar masivamente el 3 de noviembre de 2008 y finalizar en septiembre de 2009, pero ya sabemos los resultados: durante más de tres años los ciudadanos acudimos a aportar esos datos para lo que fue necesario llevar actas de nacimiento para asentar en la Cédula de Identidad y Electoral el municipio, la oficina, el libro, el folio, el acta y el año donde fue registrado el nacimiento.

El 15 de junio de 2011, Roberto Rosario, presidente de la JCE, informó que paralizaban la captura de datos para no interferir en la organización de las elecciones de mayo de 2012 y que se reiniciarían en agosto de ese año para terminar de actualizar el registro. Informó que 3, 834,000 ya habían aportado sus datos biométricos.

En la primera semana de diciembre de 2012 y tras conocer el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación para 2013, la JCE anunció la suspensión del programa de captura de datos, cierre de oficinas en el exterior y otros servicios.

Al día de hoy quienes obtuvimos la Cédula en 1999 –hace 14 años- portamos el mismo carnet y la actualización ha sido un fiasco de marca mayor, supuestamente por falta de fondos.

Para lo que no faltan fondos es para estropear derechos de los dominicanos más vulnerables y explotados… ah, tampoco faltan fondos para ellos mismos subirse los sueldos. Los jueces Olivares y Aquino saben perfectamente que no hablo de ellos, pues sus posiciones son muy conocidas y encajan en sus deberes ciudadanos.