El pasado 24 de julio el periódico español El País publicó que Francia, un país de 675,417 km cuadrados y una población superior a los 66 millones de habitantes, está reduciendo el número de sus regiones de 22 a 13, en un plan para ahorrar unos 12,000 millones de Euros anuales. Comparemos esos datos con la República Dominicana, un país que tiene 31 provincias, distribuidas en un territorio de 48,442 Km2, con una población total de unos 10 millones de habitantes y, sin necesidad de mucho análisis, estaremos obligados a cuestionarnos sobre cuántos millones nos podríamos ahorrar los dominicanos si nuestro gobierno decidiera reducir sus operaciones tal como lo están haciendo los franceses.
En la República Dominicana todo suele marchar en dirección contraria al resto del mundo; mientras en los países que componen la Unión Europea e incluso en Estados Unidos se generan programas encaminados a reducir los gastos públicos, eliminando las erogaciones administrativas y promoviendo el fortalecimiento del sector privado, como principal generador de riquezas, en contraposición al sector público, cuyo papel principal es el de intervenir como regulador y garante de los servicios públicos elementales; en el país apostamos a mantener el Estado como el principal empleador y generador de riquezas; castigando la inversión privada, mediante la aplicación de impuestos y servicios públicos deficientes, que nos restan competitividad y mediante el mantenimiento de todo tipo de programas, nóminas, nominillas, tarjetas y de más recursos politiqueros que aunque provechosos para la clase política, están asfixiando la nación.
Para ilustrar lo anterior, solo es necesario recordar las diversas propuestas que han barajado nuestros legisladores tendentes a crear más Provincias, dividiendo la Provincia de Santo Domingo, mediante una propuesta de creación de tres nuevas provincias en los Municipios de Santo Domingo Oeste y Norte y otros que han propuesto la creación de una nueva provincia en lo que es hoy el municipio de Santo Domingo Este. Hay quienes no se encuentran de acuerdo con la creación de nuevas Provincias y en cambio, plantean la creación de un nuevo municipio en la provincia de Santiago de los Caballeros o promueven un proyecto de ley que modifica la Ley No. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, supuestamente para otorgar mayor independencia a los Distritos Municipales.
Para verificar la razón fundamental del referido proyecto de modificación de La Ley No. 176-07, solo hay que referirse a su artículo segundo, en el cual se propone modificar el régimen de ingresos y gastos de los ayuntamientos para que en vez de que se destinen 25% para gastos de personal y 31% para la realización de actividades, funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales, como manda el texto de ley actual, se destine un 56% global para ambas funciones; otorgando autonomía, sin fiscalización jerárquica, a los Distritos Municipales para disponer de tales fondos. Cualquiera diría que “lo que es igual no es ventaja”, pero no es lo mismo tener un tope de un 25% presupuestario para gasto de personal y un 31% para los servicios municipales, que tener disponible el 56% con la posibilidad de sacrificar todos los servicios que debe prestar la municipalidad, con autorización legal y sin supervisión de ninguna instancia superior.
En la situación por la que atraviesa el país, entendemos que nuestros legisladores deben dejar de invertir tiempo en la identificación de esquemas que promueven el clientelismo y tratar de ser creativos en la búsqueda del ahorro de los fondos públicos; fortalecer la participación privada en la producción y el desarrollo; promover iniciativas que fortalezcan la institucionalidad y el papel regulador del Estado; proponer proyectos que procuren la eficiencia de la participación estatal en aquellos servicios que por su naturaleza pública, son de la responsabilidad del Estado, tal y como se está haciendo en la mayoría de los Estados organizados y no tendrían que estar publicando listados de proyectos presentados ante las cámaras, para mostrar a los ciudadanos que están haciendo algo con su tiempo.